VALÈNCIA. El Colegio de Economistas de València se muestra crítico con la batería de nuevas medidas fiscales aprobada por el Consejo de Ministros aprobadas durante el pasado mes de octubre, que han llegado de la mano de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
En primer lugar, el COEV ha destacado las medidas referentes al ajuste al alza de algunos impuestos, como por ejemplo el aumento fiscal que ha sufrido el diésel, las bebidas azucaradas y los seguros que califican como “anticipadas y poco acertadas”. En palabras de Juan José Enríquez, decano del Colegio de Economistas de València, “esta decisión afectará negativamente a la demanda de estos activos que son de vital magnitud para el PIB español.” Y es que en opinión de los economistas valencianos “es importante, dados los tiempos que nos acontecen, mantener un buen atractivo empresarial que incida en las inversiones en nuestro país”, un aspecto que se ve en peligro con la subida del IRPF y la tributación indiscriminada –aunque limitada- de los dividendos.
Esta coyuntura económica agravada por la segunda ola de covid-19, requiere para los economistas valencianos de una demora en la aprobación de diferentes impuestos que precisan la supervisión de la UE. Un hecho que no se ha producido con los impuestos a los gigantes de la economía digital; la tasa Google, ni con el gravado sobre las transacciones financieras; tasa Tobin, “cuya anticipación probablemente no recaudará los 968 y 850 millones (respectivamente) esperados y “puede afectar negativamente a la competitividad de las empresas”, ha pronosticado Enríquez.
Aunque no todo es negativo. Las diversas medidas adoptadas por el proyecto de Ley de Prevención de Fraude Fiscal, que constituye uno de los pilares fundamentales del Ministerio de Hacienda y las Administraciones Públicas, propone una serie de resoluciones que son valoradas positivamente por el COEV. La reducción de los recargos aplicables a las rectificaciones de declaraciones o a las sanciones tributarias, la limitación a los pagos en efectivo a 2.500 euros o el intento de control de las criptomonedas, son algunas de las decisiones mejor acogidas entre los economistas valencianos para combatir el fraude que distorsiona la actividad de los agentes económicos y condiciona la calidad de nuestros servicios públicos por la gran carga fiscal que supone para los contribuyentes.