Las alegaciones amenazan con retrasar el concurso de transporte escolar otro curso más

VALENCIA. La lista de encargados del transporte escolar en la Comunitat Valenciana debería estar cerrada desde el pasado mes de septiembre. Pero estamos en marzo, y se mantiene la incertidumbre. Hay anotaciones y borrones, acelerones y frenadas, en una carretera plagada de obstáculos, que en muchos casos han arrojado las propias empresas competidoras, cuya guerra de recursos sin precedentes ha bloqueado el proceso. Y así hemos alcanzado el ecuador del curso escolar con una prórroga de los servicios del año pasado. La Generalitat confía en firmar el acuerdo esta semana, pero admite que de producirse nuevas alegaciones, no comenzará a aplicarse hasta el curso 2017/18.

La Generalitat se niega a llegar al destino entre gritos de protesta y seguirá negociando todo el tiempo que sea preciso. Por ello, aunque el concurso se encuentran en “fase final de adjudicación” y se espera firmar durante esta semana, todo dependerá de las reclamaciones. "Si no hay recursos, se activará automáticamente, pero si los hay, quedará para el próximo curso", revelan fuentes oficiales de la Conselleria. Aunque el departamento liderado por Vicent Marzà espera que la resolución sea definitiva, los sindicatos no se muestran nada confiados en que el acuerdo esté próximo. Demasiados escollos por salvar.

Aunque Conselleria espera que la resolución no se alargue más ALLÁ De la próxima semanas, los sindicatos no se muestran nada confiados

El responsable autonómico de Transportes de UGT, Vicente Moreno, insiste en que los problemas “siguen siendo los mismos” y que ellos solo conciben una solución “si se cumple con los precios y la subrogación de todos los trabajadores”. Ya en su día convocaron una huelga por entender que el concurso ponía en jaque a un millar de trabajadores. Los profesionales alertan de que, con las nuevas adjudicaciones, se rebaja un 40% el precio de las rutas, se subrogan los contratos de los empleados (que ahora pasarían a depender de la Conselleria) y se empeoran sensiblemente sus condiciones.

El punto de arranque

A finales del curso pasado, la Conselleria de Educación decidió paralizar el concurso del transporte escolar que había diseñado el Gobierno del PP. Lo hizo porque no estaba de acuerdo con su criterio de repartición. En lugar de entregar un lote por provincia, la intención de la nueva Generalitat era hacer valer la fórmula tradicional de trocear en varios lotes cada uno de los territorios provinciales. Esto genera un total de 24 para la Comunitat: 6 en Valencia, 6 en Castellón y 12 en Alicante. En la última se dan el doble que en las demás por necesidades de complejidad territorial, lo que también incrementa el conflicto.

El camino hacia la adjudicación de esos lotes iba a ser más complejo de lo que parecía. Cuando se publicó la lista provisional de asignaciones, en ningún caso definitiva, se generó una guerra de alegaciones sin precedentes entre los distintos grupos de empresas. Las acusaciones de unos buscaban lograr la exclusión de los otros. Dado el volumen de Alicante, el tema era especialmente sensible, sobre todo en cuanto a la empresa Pedro Valdés e Hijos, a la que el resto acusaban de querer quedarse con demasiadas rutas.

Un alto en el camino

¿Y en qué kilómetro nos encontramos ahora? En el de la reescritura de la hoja de ruta. Si bien la Mesa de Contratación de la Generalitat había excluido a tres licitadoras de la provincia de Alicante, en todos los casos por existir modificaciones “no justificadas” en su flota de vehículos, ahora se ha visto obligada a readmitir a dos de ellas. Paradójicamente, en ambas empresas beneficiadas participa Pedro Valdés.

Habrá que reescribir la hoja de ruta para incorporar a lOS DOS ASPIRANTES QUE EL JUEZ HA DECIDIDO RESPALDAR

Así lo determina el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda, tras haber estimado dos de los recursos interpuestos por los afectados. Concretamente, en la UTE Pedro Valdés e Hijos y Cabranes, que optaba al lote A9, y en la UTE Pedro Valdés e Hijos y Aracil, para los lotes 11 y 12. El mismo juez desestimó la alegación de la UTE Congosto-Avnat Grup y Otro, candidata al lote 10, por modificaciones sustanciales en su flota. Esta cambió hasta siete vehículos.

La vista en el horizonte

El hecho de que las empresas se organicen en Uniones Temporales de Empresas (UTE) para optar a la oferta del Consell es, en buena parte, lo que fomenta que el problema de competencia sea todavía más complejo. Las UTE de Valencia, Alicante y Castellón llegan a aglutinar a más de 135 empresas. Entre ellas existen rencillas atribuibles a su sistema de organización, de repartición de trabajadores e incluso a la flota. En ningún momento la Conselleria se ha planteado la reformulación de dichas adjudicaciones.

En cualquier caso, las pymes tampoco eran contrarias al modelo propuesto por el anterior Consell, que consistía en sacar un lote por provincia. De hecho argumentaban que este hecho les permitía optimizar sus propios recursos propiciando que empresas que tienen sus flotas en una localidad concreta pudieran prestar servicio lo más cerca posible, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes. Además aseguraban que el concurso no va en detrimento de los más pequeños, ya que no existen empresas con más de un 4% de propiedad de la UTE, por lo que las decisiones “se toman en solidaridad”.

De posponerse un curso más la adjudicación del concurso de transporte escolar, hablaríamos de dos retrasos consecutivos. En 2015, con la entrada del nuevo Gobierno, el equipo de Vicent Marzà decidió prorrogar un año más el contrato vigente tras ser inviable la licitación del Consell anterior, valorada en 328 millones. Ahora, las dudas sobre que se presenten nuevos recursos determinarán que la adjudicación concluya con éxito o se posponga.