VALÈNCIA. (EP) El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que reservará concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años.
En concreto, el proyecto de ley ha contado con 170 votos a favor; 156 abstenciones, entre ellas de PP, Vox y Ciudadanos, y 5 votos en contra.
El proyecto, que será ahora enviado al Senado, tiene origen en el decreto ley acordado por el entonces ministro de Función Pública y hoy de Cultura, Miquel Iceta, con los sindicatos de la Administración, y se salvó de la derogación en el Congreso por un acuerdo del PSOE con Unidas Podemos y Esquerra Republicana.
Uno de los puntos clave del proyecto aprobado este jueves gira en torno al acuerdo del Gobierno con ERC y PNV para que los trabajadores de la Administración Pública con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto consigan una plaza fija, sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Durante el debate ante la Cámara Baja este jueves, tanto el diputado del PNV, Mikel Legarda, como la diputada de ERC, Pilar Vallugera, han defendido sus aportaciones al texto definitivo que hoy ha sido sometido a votación en el Congreso, aunque también han admitido que hay aspectos que han quedado sin abordar.
Desde Junts y Bildu han mostrado su satisfacción por las mejoras que se han incluido en el proyecto a lo largo de estos meses, aunque desde Bildu consideran que aún existen "multitud de flecos". Además, la diputada Mertxe Aizpurua cree hay muchas cuestiones que no están excesivamente definidas, como las medidas para que la tasa de temporalidad no sobrepase el 8% en 2024.
Vox ha alertado de que ahora, con este proyecto de ley habrá más incertidumbre, ya que se enmarca en la "absoluta inseguridad jurídica", tanto para interinos como para opositores. "Es lo último que necesita nuestra Administración y lo último que necesitan las familias que han trabajado para la Administración General del Estado", ha avisado.
El diputado de Vox, José María Figaredo, y la diputada del PP, María de los Llanos de Luna, han coincidido en criticar que el Gobierno no cuenta con la información suficiente sobre las personas a las que afectará la norma y han denunciado que es un proyecto carente de todo debate y consenso. "Nace fruto de la improvisación y precipitación", ha lamentado la diputada popular.
De su lado, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas se ha decantado por la abstención, aunque ha aprovechado su intervención en tribuna para denunciar que las medidas incluidas en el proyecto son "insuficientes", alertando además de que la ley va llevar a los tribunales a cientos de trabajadores.
De la misma manera también se ha pronunciado el diputado del PRC, José María Mazón Ramos, quien se ha decantado por votar en contra ya que considera que este proyecto es "inadecuado", anticipando que habrá problemas jurídicos para interinos y opositores. También en contra, Mireia Vehí (CUP) ha calificado el proyecto como "una mala noticia" y cree que deja en la calle a miles de personas y permite que se continúe convocando plazas en fraude de ley.
Por su parte, Ciudadanos ha afirmado que este proyecto "no puede contar" con su apoyo porque es una medida "para hoy" pero que no regula la situación de futuro, mientras que el BNG y el PDeCAT se han decantado por la abstención.
Frente a esto, Unidas Podemos y PSOE han defendido que la ley ataja un problema de la administración "heredado" tras políticas autericidas del PP, que derivaban en tasas de reposición "cero".
"Hemos logrado pactar y negociar para dar solución sensata y constitucional. Hemos cumplido", ha concluido el diputado socialista, José Luis Aceves, durante su intervención ante la Cámara Baja.
Finalmente, el texto que la Comisión de Hacienda aprobó prevé mayores garantías para los trabajadores interinos con más experiencia. Así, las plazas cubiertas con trabajadores con contrato temporal durante, al menos, los últimos cinco años deberán ser consolidadas en un concurso de mérito, y a partir de los tres años a través de concurso y oposición, dando la opción de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios.
Además, las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas, como era la intención original del Ministerio.
Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales y respetarán, en todo caso los plazos establecidos, según lo dispuesto en una nueva disposición.
Por otro lado, los cambios introducidos en el Congreso también permitirán extender estos procesos explícitamente a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público, así como las comunidades forales, País Vasco y Navarra.
También se modifica lo referido a los procesos de 2017 y 2018, que deberán estar resueltas antes de que acabe el año 2024, pero se elimina la referencia explícita de que estos procesos "seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias".
Por otro lado, la norma mandata al Ministerio de Hacienda y Función Pública a elaborar un informe anual de seguimiento de la situación de la temporalidad en el empleo pública, que enviará a la Comisión competente del Congreso. Dicho informe contendrá, como mínimo el detalle funcional con escala autonómica y local de todas las situaciones de temporalidad en el empleo público.
Las administraciones públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos selectivos mediante la adopción de las medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazo, la digitalización de los procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.
Las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo su inclusión en bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido puntuación que la convocatoria considere suficiente.