El Consejo de Estado apremia al Gobierno a pagar a los bancos y a Enagás la deuda por Castor

MADRID (EP). El Consejo de Estado ha urgido al Gobierno a hacer frente "con premura" al abono a los bancos y a Enagás de la deuda contraída con ellos por el rescate del almacenamiento subterráneo de gas Castor, que en el caso de las entidades financieras asciende a 1.350 millones de euros.

En cinco dictámenes respecto al procedimiento de revisión de oficio de las liquidaciones definitivas de las actividades reguladas del sector del gas natural, con relación a los pagos efectuados a Banco Santander, Caixabank, Bankia, Enagás y Escal UGS respecto a Castor, el órgano consultivo estima que "debe promoverse con premura la correspondiente iniciativa legislativa a fin de evitar perjuicios económicos al Estado a resultas de su retraso -pago de intereses- y de orillar otros eventuales efectos indeseables que pudieren producirse".

Los pagos a estas entidades financieras, que se hicieron cargo de la deuda de 1.350 millones de euros para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, se encuentran paralizados tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que tumbó el real decreto ley aprobado en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy para la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación.

En sus dictámenes, el Consejo de Estado subraya que la pertinencia de declarar la nulidad de las liquidaciones y abonos realizados a favor de las entidades financieras "no comporta" que no les corresponda percibir las cantidades -en la cuantía procedente- por el abono de la indemnización pagada". Además, afirma que, si así se hiciera, se estaría amparando una situación de "enriquecimiento injusto a favor del sistema gasista".

En el caso de Enagás, defiende que le corresponde cobrar la retribución por la administración, mantenimiento y conservación del almacenamiento subterráneo Castor.

Con cargo al sistema gasista

Así, el órgano subraya que procede reconocerse estos pagos a todos los implicados, pero "con cargo al sistema gasista y no a la Administración General del Estado", y su abono debe instrumentarse "mediante la aprobación de la correspondiente norma de rango legal ordinaria conforme ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en su día".

Según adelanta 'La Información', los dictámenes, con fecha del pasado 27 de junio, advertían "sobre la brevedad del plazo" con que la Administración contaba "para resolver sin que se produzca dicha caducidad con arreglo al artículo 106.5 de la Ley 39/2015. En concreto, precisaba que hasta el pasado 10 de julio.

No obstante, en el caso de que esa caducidad se produjera, el Consejo de Estado recordaba la posibilidad de conservar las actuaciones, "en los términos prevenidos por el artículo 39 de la Ley 39/2015, si se iniciara un nuevo procedimiento".

Después de que a finales de 2017 el Tribunal Constitucional tumbará el real decreto para la hibernación de Castor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

A este respecto, el Consejo de Estado defiende de la declaración de nulidad propuesta por la CNMC, aunque reitera que ello "no comporta" que no les corresponda" a las entidades y a Enagás percibir las cantidades que se les adeudan.

Los dictámenes del Consejo de Estado cuentan con un voto particular de unos de sus miembros, Alberto Aza, que señala que los argumentos del organismo "no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, carecen de cualquier refrendo doctrinal y jurisprudencial".

Reintegro de los importes percibidos

El pasado mes de julio, el regulador ya exigió de oficio a Escal UGS (ACS), Enagás Transporte, Bankia, CaixaBank y Banco Santander el reintegro de los 368,4 millones de euros percibidos por las liquidaciones relacionadas con Castor.

El pasado mes de enero, Santander, CaixaBank y Bankia, después de haber formulado al Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" que no tuvo éxito, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno solicitando la devolución de la cantidad de 1.300 millones de euros financiada.

Asimismo, Enagás presentó también a finales de 2018 una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas.