VALÈNCIA. (EP) El Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Hacienda, ha admitido este martes y "muy a disgusto" pagar la parte del derivado de la deuda del Consorcio Valencia 2007 que le corresponde. Así lo ha indicado tras la reunión del Consejo Rector de este organismo el titular de esta conselleria, Vicent Soler, que ha señalado que la administración autonómica asume ese pago atendiendo a lo apuntado por la Abogacía del Estado.
Asimismo, en el encuentro de esta jornada, el Ministerio de Hacienda ha reafirmado su intención de abandonar en breve el Consorcio Valencia 2007, el organismo encargado de coordinar las obras necesarias para la celebración en esta ciudad de la America's Cup y ahora de gestionar las infraestructuras resultantes y La Marina.
Este departamento del Gobierno central, que podría hacer efectiva esa salida a primeros de noviembre, considera que su papel en la entidad ha finalizado después de que el Ejecutivo haya asumido la deuda que a través de un préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) adquirió el Consorcio para la celebración del citado evento deportivo y la ejecución de las obras necesarias, según ha podido saber Europa Press.
A pesar de haberse liquidado esa deuda, las tres administraciones que integran el Consorcio --la central, la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de València-- deben hacerse cargo de un derivado del préstamo concedido por el ICO que se mantiene vivo. El pago debe ser asumido en un 40 por ciento por el Gobierno, en otro 40 por ciento por la Generalitat y en un 20 por ciento por el consistorio valenciano a razón de 24 millones en dos anualidades cada una de las dos primeras administraciones y de 12 millones, también en dos plazos, la local.
El Estado y el Ayuntamiento habían aceptado ya ese pago y la Generalitat se resistía porque defendía la opción de lograr una "rebaja" y de "negociar" en ese sentido con el fondo al que se le tiene que abonar. Finalmente, la Conselleria de Hacienda ha mostrado este martes su disposición a asumir la parte que le corresponde de ese derivado aunque "muy a disgusto", como ha señalado su titular tras el Consejo Rector. De este modo, acata lo apuntado por la Abogacía del Estado.
"Pagaremos la parte del derivado de la deuda que queda. Lo hacemos muy a disgusto. Lo hacemos porque la Abogacía del Estado nos dice que se ha de hacer, pero siempre hemos pensado que podíamos haber negociado", ha expuesto Soler, que ha lamentado que "parece que eso no era posible". Asumir ese pago requerirá una modificación presupuestaria por parte de la Generalitat, como la anunciada ya por el Ayuntamiento.
El responsable autonómico ha agregado, no obstante, que pagar conlleva "cerrar ya el ciclo en el que el Consorcio de la Marina era el gestor de la deuda" y ha apuntado que "ahora quedará como el gestor de un espacio marítimo terrestre singularísimo en la ciudad de València, en la Comunitat Valenciana, en España y en Europa que es necesario cuidar".
Así, Soler ha hablado de "pensar en un futuro" y se ha referido a la futura disolución del Consorcio, que se disolverá y dará paso a una nueva entidad encargada como él de la gestión y explotación de La Marina.
El organismo asume ese proceso, anunciado hace ya unos meses, después que el Ministerio de Hacienda lo vaya a abandonar tras haber asumido el Gobierno central su deuda y atendiendo a los estatutos establecidos y al compromiso asumido por el Ejecutivo español a este respecto. El ministerio debe salir de la entidad este año.
Vicent Soler ha confiado en que ese ente gestor que surgirá tras el Consorcio "sea lo más adecuado posible y haga que tenga futuro ese espacio singular" que es La Marina. La disolución del Consorcio dará paso a una nueva entidad, también pública, que lo sustituirá. En la actualidad se trabaja ya en el diseño del futuro ente y en sus estatutos.
En la reunión del Consejo Rector de esta jornada también se ha aprobado el acta de la sesión anterior, del 27 de febrero de 2020; las cuentas anuales de 2019 del Consorcio Valencia 2007; las cuentas anuales de 2020, y el presupuesto del organismo correspondiente al ejercicio 2022.
Asimismo, ha salido adelante la propuesta de aprobación de las aportaciones patrimoniales de las administraciones consorciadas --Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento-- en los términos dispuestos en el artículo 14 de los estatutos con el fin de hacer frente a los efectos de la Covid-19. Esto supondrá un gasto extra para las tres partes de 1,5 millones de euros a razón de 600.000 para la administración central, otros 600.000 para el Consell y 300.000 para el consistorio, según ha sabido Europa Press.
