El Consell alega inacción del Estado para no pagar la multa por manipulación del déficit

VALENCIA, (EFE). La Generalitat rechaza pagar la multa de la UE de 18,93 millones de euros por la manipulación del déficit del anterior Consell y alega que el Estado no actuó pese a las denuncias del Síndic de Greugues. En un comunicado, el Consell ha informado de que ha presentado alegaciones contra el proceso iniciado por el Ministerio de Hacienda para repercutir a la Comunitat la citada multa.

El escrito, firmado por el conseller de Hacienda, recuerda que los informes de la Sindicatura se remitieron al Tribunal de Cuentas, se hicieron públicos a través del Boletín Oficial de las Corts Valencianes y tuvieron amplia difusión en los medios.

Tras una investigación, las autoridades europeas constataron que los anteriores gobiernos valencianos incurrieron en una manipulación de los datos de déficit al no contabilizar gastos de Sanidad por importe de 1.891 millones, correspondientes al periodo 2008-2011.

Ahora, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, solicita archivar y dejar sin efecto el procedimiento abierto por la Administración central para repercutir el importe de la multa a la Generalitat, al argumentar que la responsabilidad es del Estado, toda vez que tiene la competencia de supervisión y remisión de las cifras de déficit a la Unión Europea.

En ese sentido, las alegaciones de la Generalitat subrayan que los hechos que han motivado la sanción de la UE, es decir, la práctica de los anteriores gobiernos del PP de asumir gasto sin cobertura presupuestaria y no contabilizarlo, eran "notorios, públicos y sobradamente conocidos por el Ministerio de Hacienda, por la IGAE y por el INE". Asimismo, se insiste en que la Sindicatura de Comptes, en sus informes anuales de fiscalización de las cuentas de la Generalitat, que se remiten al Tribunal de Cuentas, venía denunciando desde finales de los noventa esta realidad.

Esas fiscalizaciones no solo se remitían a los organismos estatales, sino que se publicaban en un diario oficial -concretamente, en el Boletín Oficial de las Corts Valenciana-, y además gozaban de una "amplísima repercusión pública". Como muestra de ello, el escrito de alegaciones de acompaña de referencias de numerosos medios de comunicación en los que se reflejan las denuncias del Síndic sobre la ocultación de facturas por parte de los anteriores ejecutivos del PP.

Es más, el escrito se acompaña de la denuncia que un viceinterventor realizó en el informe correspondiente a 2003 -y que formaba parte de un anexo de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes-, en el que se advertía de la posibilidad de "imputación de responsabilidades" por la "persistencia" de Sanidad en la asunción de gastos sin cobertura presupuestaria.

"El Gobierno ya lo conocía"

Por estos motivos, en las alegaciones se considera "inverosímil" la versión de las autoridades estatales de que tuvieron conocimiento de la incorrecta contabilización de gasto sanitario en mayo de 2012, con motivo de la adhesión del Consell al Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores -que obligaba a sacar a la luz las facturas no contabilizadas hasta entonces-. "Tales irregularidades eran públicamente conocidas por la Administración del Estado", defiende la Generalitat.

La propia Comisión Europea, en el marco de su investigación, destacó que "gran parte" de la información ya había sido revelada en sus informes por la Sindicatura de Comptes". "Por tanto -asevera- eran hechos conocidos por el gran supervisor, que era el Gobierno de España. Si el Gobierno no supervisaba, ahí tiene como mínimo una corresponsabilidad o, diría más, la responsabilidad de que al final nos hayan puesto una multa".

En el escrito se pide, en primer lugar, el archivo del procedimiento por considerar que la responsabilidad última de lo ocurrido es estatal y, subsidiariamente, para el caso de que se rechacen las alegaciones, se mantiene que en todo caso hubo una "responsabilidad concurrente" entre el Estado y la Generalitat (por la actuación de los anteriores gestores). Asimismo, se solicita la suspensión de la ejecución del procedimiento, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine sobre el recurso presentado por el Gobierno de España contra la imposición de la multa.

El Consell denuncia que la sanción incrementará las cifras de déficit en 2015.