VALENCIA (EFE). La Generalitat alegará, dentro del plazo de diez días que le ha dado el Gobierno central, contra la decisión de que le sea repercutido el pago de la multa de 18,9 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a España por la ocultación de 1.891 millones en gastos computables a efectos de déficit.
Esa ocultación, según ha denunciado el Ejecutivo valenciano en un comunicado, fue llevada a cabo por los anteriores gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra durante los ejercicios 2008 a 2011.
La Comisión Europea abrió un procedimiento de investigación sobre estos hechos que se saldó con la imposición a España de una multa de 18,93 millones al constatar que se produjo una tergiversación de los datos de déficit público comunicados por España.
Su origen radicó en que la Comunitat Valenciana incumplió reiteradamente la aplicación del principio de devengo contable que rige la contabilización del gasto público durante los ejercicios de 2008 a 2011, lo que supuso una desviación en los datos de déficit por importe de 1.891 millones.
Como consecuencia del gasto no remitido por la Comunitat Valenciana, los datos de déficit de España se vieron afectados por un incremento del 0,2 % del PIB en 2011 y hasta un 0,1 % en el resto de años anteriores.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado que el Consell presentará alegaciones pues entiende que es el Gobierno central quien "se tiene que hacer cargo de la multa, porque éste era responsable de supervisar los datos de déficit de las administraciones públicas y en relación a las instituciones europeas".
"Era competencia de la Administración central supervisar estos datos y ahora ha de asumir esa responsabilidad porque además era perfecto conocedor de la situación, toda vez que la Sindicatura de Comptes, año tras año, así lo señalaba en sus informes", ha reiterado.
Soler ha insistido en que "lo que pretende el Ministerio es inadmisible" y desde el Consell no lo van a permitir pues supone "intentar que el actual Consell pague los platos rotos de la catastrófica gestión llevada a cabo por los Ejecutivos del PP, que convirtieron la ocultación de facturas y gastos en una práctica habitual".
Paralelamente, según el conseller, el Ministerio "no puede hacer dejación de sus responsabilidades, máxime cuando la situación era de sobra conocida, los informes de la Sindicatura se trasladaban al Tribunal de Cuentas y su contenido se difundía públicamente y por cauces oficiales".
A su juicio, los valencianos "ya están suficientemente maltratados con el actual sistema de financiación para que además ahora" se les repercutan "multas derivadas por la mala gestión de anteriores dirigentes".
Desde la Generalitat recuerdan que en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que acompaña el expediente remitido por el Ministerio sobre el procedimiento de repercusión de la sanción, aquella "esgrime para eludir sus responsabilidades" que entre 2008 y 2012 "no ha contado con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades autónomas".
Esto "resulta increíble", señala Soler tras insistir en los avisos que dio la Sindicatura, como constató la Comisión Europea en su informe de investigación.
El informe elaborado por la Comisión Europea revela que en enero de 2012 el Consell presidido entonces por Alberto Fabra remitió los correspondientes cuestionarios de información contable normalizada del cuarto trimestre de 2011.
En ellos figuraban en la cuenta 409 un total de 501 millones, de los que 328 millones se comunicaron "por teléfono". En abril de 2012 se trasladaron a través de los cuestionarios de información un total de 469 millones más en la cuenta 409.
Cuando la IGAE pidió confirmación de estos datos, la Intervención de la Generalitat comunicó telefónicamente a principios de mayo una desviación en los datos aún mayor, que suponía "una deuda adicional de en torno a 1.800 millones correspondiente a gastos sanitarios no registrados en las cuentas de la Generalitat".
De la información remitida a finales de junio de 2012 por la Intervención de la Generalitat se desprende una desviación en relación a los datos comunicados en enero de 2012 correspondientes al importe de la cuenta 409 cifrada en 1.891 millones.
Soler ha tachado la gestión de las finanzas públicas del Consell del PP como "inaceptable", por saltarse "todas las normas contables" y por "jugar con el dinero de los valencianos".