La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA (AGENCIAS). El pleno del Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de la Función Pública Valenciana elaborado por la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.
El anteproyecto prevé una reserva del 50% de plazas de cada Oferta Pública de Empleo (OPE) al turno libre para "incorporar savia nueva y ofrecer expectativas a los jóvenes". Así lo ha avanzado la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, en la que ha estado acompañada por la vicepresidenta Mónica Oltra.
La norma tiene como ejes la transparencia, la independencia de los empleados públicos así como su profesionalidad, además de incentivar la participación ciudadana y conseguir la máxima eficiencia que permita reducir los gastos de tiempo y dinero en los trámites administrativos.
El anteproyecto de ley, diseñado para solventar los problemas detectados por una comisión de expertos constituida en marzo de 2016, también contempla las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y mujeres recogidas en el llamado "Libro violeta de la Función Pública Valenciana", elaborado por representantes del mundo universitario y expertos en perspectiva de género.
Además, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la última ley de Función Pública (2010) y las modificaciones realizadas en la legislación estatal, era conveniente crear un nuevo marco jurídico con rango de ley.
El anteproyecto se estructura en siete ámbitos de actuación que afectan a la organización de la Administración de la Generalitat; el régimen para el personal de las administraciones públicas; la estructura y ordenación del empleo público; el acceso a la Función Pública; los derechos y deberes de las plantillas; la provisión de puestos y movilidad de los trabajadores y las políticas para garantizar la igualdad de sexos.
El texto refuerza las competencias de la conselleria competente en materia de Función Pública para impulsar, dirigir y controlar toda la política de personal de la misma.
En este sentido, se creará la Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública que será un órgano colegiado de coordinación entre la conselleria competente en Función Pública y los órganos gestores del personal de Sanidad, Educación y Justicia, así como del sector público instrumental de la Generalitat.
Para ello, cobrará especial relevancia la función del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) que se convertirá en la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP).
Este organismo, que tendrá rango de Dirección General, será quien garantice la objetividad, imparcialidad y profesionalidad de los procesos selectivos de todos los organismos de la Generalitat.
La norma que ha aprobado el Consell conforma un modelo de dirección pública profesional en la que los puestos directivos de las administraciones públicas podrán ser provistos, bien por su propio personal funcionario o laboral o bien por profesionales externos bajo las circunstancias que se contemplan en la ley.
Además, el anteproyecto incluye también una novedad importante respecto a la selección del personal funcionario interino ya que sólo podrán inscribirse en las diferentes bolsas de trabajo quienes hayan aprobado al menos una prueba del proceso selectivo al que aspiren.
El anteproyecto de ley incluye una drástica reducción del número de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, que pasan de los 201 cuerpos, escalas y agrupaciones funcionariales que existen en la actualidad a un total de 76.
Para flexibilizar y agilizar la gestión, además, se introducen las denominadas "agrupaciones de puestos de trabajo" que incluye la posibilidad de establecer agrupaciones funcionariales en determinados ámbitos atendiendo a los puestos de trabajo que realizan tareas similares.
Esto permitirá racionalizar la gestión de los procesos de selección al favorecer la polivalencia funcionarial y facilitar la movilidad interna y la carrera profesional. Precisamente por este motivo, la nueva ley desvincula la provisión de puestos de la pertenencia a un cuerpo o escala, de tal modo que los puestos quedan abiertos a todo el personal que reúna los requisitos para poder desempeñarlo.
En todo caso, las relaciones de puestos de trabajo incluirán la competencia lingüística requerida en el conocimiento del valenciano que se establezca en el futuro reglamento de desarrollo de la nueva ley.
La nueva norma obliga a la Generalitat a ofrecer mayor seguridad a los interesados en trabajar en ella. Por ese motivo, se reducen considerablemente los plazos de los procesos de selección del personal.
De esta manera, las pruebas de acceso deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria. Además, la ley incluye la posibilidad de obtener ayudas económicas para el acceso al empleo público destinadas a fomentar la preparación de los aspirantes que posean un buen expediente académico y carezcan de recursos para la preparación de las pruebas selectivas.
El anteproyecto mantiene también la reserva de un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas con personas con diversidad funcional.
Por lo que se refiere a la prórroga de la edad de jubilación hasta los 70 años como máximo, esta posibilidad será un derecho para todos los trabajadores públicos que no hayan completado los años de cotización necesarios para poder recibir el cien por cien de la pensión. En los otros casos, esta opción se condicionará por las necesidades de cada servicio.
El anteproyecto incluye medidas para luchar contra la corrupción y que consisten en un régimen de protección del personal empleado público que, de buena fe, formule alertas o denuncias sobre prácticas corruptas o cualquier tipo de irregularidad en actuaciones de altos cargos o personal de la Administración.
Así, el procedimiento establece que se mantendrá en secreto la identidad de la persona que formule la alerta o denuncia, así como la prohibición de cualquier represalia. Ya en el ámbito de la formación, la nueva ley reconocerá el derecho del personal a la orientación y asesoramiento profesional para avanzar en el curso de su carrera.
El anteproyecto establece que, como norma general, el concurso específico será la manera en la que se proveerán las jefaturas de servicio o puestos de nivel equivalente, salvo aquellos que, por sus especiales características, deban proveerse por el sistema de libre designación.
De esta forma, al menos el 50 por ciento de las plazas de cada Oferta Pública de Empleo será de turno libre. Además, para acceder a las bolsas de trabajo, los aspirantes tendrán que haber superado, al menos, una prueba del proceso de selección al que se hayan presentado.
El anteproyecto de ley incorpora una serie de medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas, se establece que se propicie un uso no sexista del lenguaje y la importancia de las medidas acordadas en los Planes de Igualdad que están en marcha en el seno de la Generalitat.
En todo caso, la ley recogerá la prohibición de la discriminación directa o indirecta en materia de derechos individuales, tanto en la retribución como en la formación y, en general, apostando por la conciliación desde la corresponsabilidad.
Para fomentar este último concepto, el permiso de paternidad se ampliará en dos semanas (de cuatro a seis) que se tendrán que disfrutar en las dos semanas inmediatamente posteriores al nacimiento, acogimiento o adopción.
Además, el anteproyecto establece que no se podrá producir la remoción o cese del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o disfrutando de una situación de permiso de maternidad o paternidad. Esta previsión será también de aplicación a las víctimas de violencia de género.
Respecto a esta última materia, el anteproyecto se establece que cuando la empleada pública afectada por un caso de esta naturaleza reduzca su jornada en un 30 por ciento o menos para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social, sus retribuciones se mantendrán íntegras.
Además, la nueva normativa también está orientada a facilitar que las empleadas víctimas de violencia de género tengan más fácil la movilidad geográfica y con otras administraciones públicas en el caso de que lo precisaran.
La dirección general de esta materia también se encargará de la formación y de la promoción de los funcionarios
