El Consell aprueba el control financiero permanente en los enriquecimientos injustos de Sanidad

VALÈNCIA. El Consell ha aprobado, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat, realizar un control financiero permanente de los expedientes de enriquecimiento injusto que se generan en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, debido a la compra de bienes corrientes y a la contratación de servicios que, sin constituir inversiones, se consideren necesarios para el funcionamiento de la misma.

La medida pretende agilizar la gestión en este tipo de gastos para garantizar el cobro de los proveedores y una fiscalización en condiciones similares a la que se aplica en otras comunidades autónomas.

El elevado volumen de expedientes de este tipo que se generan en el ámbito de la Conselleria de Sanidad, que se explican por la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y la contabilización urgente que requieren estas propuestas dificulta el desarrollo habitual de la intervención previa del reconocimiento de la obligación que realizan las intervenciones delegadas.

A esta circunstancia se añade el hecho de que, en los expedientes de enriquecimiento injusto, la Intervención emite un informe previo "sin naturaleza de fiscalización", tal como señala la Ley 1/2015 de Hacienda Pública.

Una vez autorizado por el Consell y aprobado el expediente de resarcimiento, las funciones que le corresponden a la Intervención en fase de reconocimiento de la obligación consisten en la comprobación de la adecuación de los datos que constan en las facturas, documentos contables y cesiones de crédito, una vez que se ha acreditado por la gestión la efectiva prestación de servicios o entrega de bienes a satisfacción de la Administración conforme a precios de mercado.

El control financiero permanente comporta la verificación de los gastos con posterioridad sin que ello genere retrasos en el cobro por parte de los proveedores, de forma similar a lo que sucede en otras comunidades en las que la gestión del área sanitaria se realiza a través de una entidad del sector público, con lo que están sometidas a auditoría posterior.