VALÈNCIA. El pleno del Consell aprueba este viernes el nuevo cuadro tarifario de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat, un cambio que, como publicó Valencia Plaza, implica un ligero aumento en el precio para los vehículos de gasolina frente al ahorro que supondrá para los diésel en comparación con la última modificación, vigente desde 2014.
El cambio viene condicionado por la necesidad de modificar los tramos de la revisión sobre ruido y emisiones tras una sentencia judicial que dio la razón a una de las empresas concesionarias (Applus Iteuve) que recurrió una bajada de dichos tramos aprobada por el anterior Consell en marzo de 2014. El coste total de la primera revisión para los turismos de gasolina pasará a ser de 47 euros frente a los 44,3 actuales, mientras que los diésel pagarán casi 5 euros menos: 51,1 euros frente a los 55,7 actuales.
En porcentaje, la revisión sube un 6,6% para los de gasolina y baja un 8,8% para los diésel.
El cambio beneficia al 62% de valencianos que conducen vehículos diésel, mientras que el 26% que posee coche de gasolina tendrán que pagar algo más –el 12% restante son vehículos agrícolas, que seguirán pagando lo mismo–. Dado que los de gasoil representan la mayor sección del parque de vehículos en la Comunitat, las nuevas tarifas suponen una rebaja media ponderada del 6% comparadas con las que estaban vigentes desde 2014 y del 22% respecto a las que se aplicaban hasta ese año.
En mayo de 2017, la sección quinta la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunitat estimó parcialmente el recurso de una de las empresas concesionarias del servicio y anuló la rebaja aprobadas por el Consell en 2014 de dos de las tarifas: la de emisiones y la de ruido. El fallo, que obligaba a volver restituir los precios anteriores por falta de un informe económico que justificase el cambio, estaba pendiente de ejecución desde febrero de este año, fecha en la que el mismo tribunal apremió a la administración valenciana a ejecutar la sentencia.
El Consell, sin embargo, ha continuado sin aplicar el fallo desde entonces con el consiguiente beneficio para los conductores, que se han seguido ahorrando la parte anulada de la tarifa, y el perjuicio para las concesionarias, que ahora reclaman una millonaria compensación por esa merma de ingresos.
En paralelo, la Dirección General de Industria ha estado meses trabajando en un nuevo cuadro tarifario que ajustasen los precios al coste real de prestación del servicio y, al mismo tiempo, respetasen "el equilibrio económico-financiero que conlleva implícito este contrato concesional". Para elaborarlas, Industria ha realizado un proceso participativo con las empresas concesionarias.
La sentencia que dio la razón a la empresa recurrente se ha aplicado durante apenas una semana, ya que la Generalitat no restituyó las tarifas anuladas hasta el pasado 2 de mayo, día en el que se publicó el fallo en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).
Esa circunstancia ha hecho que, hasta la aprobación en el Consell del nuevo cuadro tarifario, hayan estado vigentes durante unos pocos días los precios anteriores a marzo de 2014. Como consecuencia de ello, el coste de la revisión en los últimos días se había encarecido hasta diez euros en el caso de los diésel y en alrededor de siete euros para los de gasolina.
Estos precios, que salvo cambio de última hora serán aprobados en la reunión del Consell de este viernes, son el resultado de los estudios realizados según las indicaciones que la Sindicatura de Comptes reflejó en su auditoría operativa sobre el servicio público de ITV en la Comunitat entre 1997 y 2015.
Al margen de los cambios ya detallados para los turismos, las nuevas tarifas reportarán ahorros a todos los vehículos diésel del resto de categorías que oscilan entre el 17% menos que pagaran los camiones de más de 3.500 kilos y el 14% menos que abonarán los camiones más pequeños y las motocicletas. Por el contrario,
Todos los gasolina, por el contrario, pagarán más que hasta ahora, pero menos de lo que pagaban hasta la rebaja de tarifas de 2014 anulada por la justicia. Así, el coste del servicio se encarece ahora un 13% para las motocicletas y un 5,5% para los camiones de más de 3.500 kilos.
La patronal del sector (Aecova) considera las empresas concesionarias tienen derecho a ser compensadas por los ingresos no percibidos. Su cálculo, que toma como referencia la fecha del acuerdo anulado, eleva la compensación a varias decenas de millones de euros, muy por encima de lo que calcula la Abogacía de la Generalitat, que considera que el cálculo ha de realizarse desde el momento en que la sentencia es firme, no desde el fallo original.
Las compañías no han llegado a presentar al Consell una propuesta de indemnización, pero se han mantenido negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, explicó recientemente en un pleno de Les Corts que la Generalitat ha provisionado ya 46,55 millones por las obligaciones que pudieran derivarse de la sentencia que anuló la revisión a la baja de las pruebas de emisiones contaminantes y comprobación sonora.
