VALENCIA (EP). La Generalitat Valenciana devolverá de oficio a las personas dependientes las ayudas a cuidador no profesional que se redujeron con el "copago encubierto" establecido por el anterior gobierno autonómico, con el objetivo de "devolver a la gente lo que durante años les quitaron de manera injusta e ilegal".
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante su comparecencia en las Corts, preguntada por la diputada socialista Concha Andrés sobre las consecuencias de la sentencia del TSJCV que abre la vía a más de 6.000 dependientes a exigir la responsabilidad patrimonial de la Generalitat para recuperar las cantidades abonadas por el copago entre los años 2012-2015, así como sobre las responsabilidades del anterior Ejecutivo por la declaración de nulidad de los copagos y reducciones aplicadas a las prestaciones de la dependencia.
Oltra ha precisado que estas devoluciones "de oficio" se llevarán acabo a partir de los próximos meses. "El Consell pondrá en marcha de oficio el devolver a las personas que vieron aminoradas sus ayudas a cuidador no profesional con ese copago encubierto que se introdujo, para empezar a devolver a la gente lo que durante años les quitaron de manera injusta e ilegal", ha aseverado.
La también portavoz del Consell ha precisado que estas devoluciones solo podrán hacerse en el caso de los cuidadores no profesionales porque el copago, "tal como lo introdujo el PP", se pagaba directamente a los centros y la Conselleria no puede hacer la devolución de oficio porque "desconocemos las cuantías que se tuvieron que abonar porque se vehiculaba a través del centro". No obstante, ha animado a las personas afectadas a "reclamar" por vía administrativa: "este Consell responderá".
Oltra ha apuntado que el "repago" --al que se ha referido Andrés-- es "uno de los ejemplos de la ruina en diferido del PP", en este caso, "uno de los más sangrantes" por tratarse de personas con grados de dependencia, por lo que "la responsabilidad del antiguo gobierno es toda" por la Orden 21/2012 y el Decreto 113/2013 que establecía "la minoración en las prestaciones a las personas cuidadoras y el copago confiscatorio en el servicio de centros de día y ocupacional", ha explicado.
Ambas normas, ha recordado, fueron declaradas ilegales por el TSJCV, lo que supone un impacto económico de 122 millones de euroas para la Generalitat. "Me encantaría ir al Tribunal de Cuentas y quienes hicieron este agujero pagasen con su patrimonio", ha indicado Oltra, quien se ha referido a anteriores gobiernos del PP como los que "hicieron que personas abandonasen centros ocupacionales porque no podían hacer frente a la confiscación".
