María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Un único documento en el que se especifique todo el suelo urbanizable que existe en la Comunitat. Este es el ambicioso proyecto que ha emprendido el Consell para clarificar el difuso mapa urbanístico de la autonomía, cuyos terrenos están actualmente clasificados a nivel municipal de forma desigual e imprecisa. Con este propósito, la Conselleria de Vivienda, Obra Pública y Vertebración del Territorio ha licitado un contrato para "la realización del inventario de suelo urbanizable", según publicó este martes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
El objetivo del Gobierno valenciano es "tener información precisa y territorializada de la situación actual a nivel supramunicipal y también poder analizar y dar solución a los efectos de las desmedidas actuaciones urbanísticas de la primera década del siglo XXI", explica preguntado al respecto el departamento que dirige la socialista María José Salvador. Vivienda considera que el inventario permitirá a la administración impulsar la conclusión de urbanizaciones o la reversión de las mismas en función de su estado y que además será de utilidad al sector privado al ofrecer, por primera vez y de forma pública, un mapa autonómico del suelo urbanizable de toda la autonomía.
"Como consecuencia de la expansión urbana producida en la primera década de este siglo XXI, la situación de estos suelo urbanizables es muy variada, sin que en la actualidad se tenga un conocimiento preciso de ella", justifica la conselleria, que pretende agrupar en el mapa único "la gran superficie de terreno clasificado como suelo urbanizable que existe en los respectivos instrumentos de planeamiento urbanístico municipal".
Vivienda detalla que existen tres tipos de suelos a clasificar en el inventario. Por un lado "existen suelos urbanizables que fueron objeto de transformación urbanística y se convirtieron en suelos urbanos por ejecución de la urbanización". Por contra, "existen suelos urbanizables que, a pesar de su vocación para ser transformados en suelos urbanos, no han sido objeto de ninguna transformación urbanística y mantienen su clasificación de suelos urbanizables pero sin urbanizar".
Pero el escenario más complejo lo presentan los terrenos a medio urbanizar. "Existen suelos urbanizables que, en mayor o menor grado, han iniciado su transformación urbanística pero esta ha quedado inconclusa y, en muchas ocasiones, sin previsión de conclusión. De tal forma, se encuentran en una situación intermedia entre el suelo no urbanizado y el urbanizado y cabe adoptar soluciones que pueden ir desde continuar la urbanización hasta su finalización hasta tratar de revertir la situación al estado anterior y, en su caso, desclasificar este suelo a suelo no urbanizable", concreta la conselleria.
En consecuencia, el Consell "considera necesario conocer con precisión el estado administrativo de los suelos clasificados como urbanizables en la Comunitat Valenciana", motivo por el cual se va a contrata la elaboración del mapa autonómico. "Del resultado de este trabajo y del inventario que finalmente resulte se obtendrá información sobre el estado real de determinados suelos, información que permitirá realizar los análisis y estudios necesarios para adoptar las medidas adecuadas para dar solución a determinadas situaciones urbanísticas que en la actualidad se encuentran en un callejón sin salida", afirman.
En paralelo, según agrega la conselleria, se está tramitando la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) "en la que se introducen nuevos mecanismos que permiten actuar en los casos de urbanizaciones sin acabar, en los llamados PAIs fantasma".
"En este sentido, el anteproyecto de modificación de la ley prevé la reversión de la reparcelación, también conocida como reparcelación inversa, a los efectos de posibilitar que los terrenos de determinadas actuaciones urbanísticas puedan volver al estado inicial antes de su programación urbanística. Para otros supuestos establece medidas que posibilitan la culminación de las actuaciones urbanísticas, especialmente las más avanzadas en las obras, mediante la flexibilización de plazos, el posible fraccionamiento de las actuaciones y la facilitación de la gestión urbanística directa por lo ayuntamientos", explica el área de Salvador.
