Ximo Puig ha acusado de "connivencia política" al Gobierno de España y al anterior gobierno valenciano, ambos del PP
VALENCIA, (EFE). El Consell exigirá legalmente responsabilidades a los anteriores gestores de la Generalitat por la multa impuesta por la Unión Europea (UE) por manipulación del déficit, y que el Gobierno central ha repercutido a la Comunitat Valenciana, y estudia si la vía sería por malversación contable.
Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha acusado de "connivencia política" al Gobierno de España y al anterior gobierno valenciano, ambos del PP, y ha asegurado que adoptarán "todas las acciones jurídicas y políticas" necesarias para evitar sean los valencianos los que paguen.
Tras mantener una reunión con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, el president ha anunciado que esta iniciativa completa el recurso ante el Tribunal Supremo por la decisión del Consejo de Ministros de que esa multa recaiga sobre el actual Ejecutivo autonómico.
"Se estudian las posibilidades para, legalmente, hacer llegar la responsabilidad a los que han sido coautores de esta situación, unos porque no han vigilado y otros porque no han puesto las medidas necesarias de fiscalización", ha explicado Puig, quien ha apuntado que van a "identificar" a quienes tuvieron esa responsabilidad.
Según la directora general de la Abogacía, María José Rodríguez, "cabía la posibilidad de exigir una responsabilidad contable, en cuyo caso el órgano competente sería el Tribunal de Cuentas, o bien por un alcance e incluso llegar a una posible malversación contable" y ha anunciado que la próxima semana tendrán el informe jurídico al respecto. "Son dos vías, una la interposición del recurso por el acto que emana del consejo de ministros y otra de carácter interno, que es la exigencia de esa responsabilidad. Lo estamos estudiando", ha agregado.
Puig ha mostrado su "absoluto rechazo" a lo que ha definido como "la última acción de Gobierno de España que va directamente contra los intereses de los valencianos" y ha asegurado que la repercusión de la multa es "un caso más deslealtad institucional profunda" porque en todo el proceso no se ha informado a la Generalitat y ha "recibido un castigo, del que nada tiene que ver".
"Ha habido una absoluta connivencia entre el Gobierno de España y el anterior gobierno de la Generalitat. Ha habido una corresponsabilidad", ha apuntado y ha sentenciado que "quien no ha de pagar el desastre que se ha producido es el pueblo valenciano". "O bien lo ha de pagar quien es el responsable de vigilar, el Gobierno de España y socio de la UE, o lo han de pagar aquellos gestores púbicos, miembros del gobierno valenciano, que la produjeron", ha añadido. Según Puig, además de presentar el recurso ante el TS, van a tomar "todas las acciones" que estén a su alcance "contra los gestores que han producido este desfalco".
El president ha dicho "no entender" como el Gobierno de España toma la decisión de repercutir la multa estando en funciones y en otras cuestiones como participar en el Consorcio Valencia 2007 o hablar con la comisión de expertos para la financiación "son imposibles porque están en funciones". "Para poner multas sí que están en activo", ha apostillado Puig, quien se ha preguntado si se ha interpuesto el recurso de casación que preveía la sentencia del tribunal europeo y en caso negativo, por qué no.
Además, ha cuestionado por qué la Generalitat, si sabía lo que ocurría desde 2014, no puso las medidas necesarias para garantizar los recursos y ha insistido en que "ha habido es una connivencia política entre el Gobierno y la Generalitat del PP y el final es que quieren que lo paguen los valencianos y eso no lo vamos a permitir". "El Gobierno valenciano no va a permitir que el episodio de deslealtad institucional se haga crónico", ha concluido Puig, quien también ha lamentado que "hasta en funciones, Rajoy está hiriendo a la Comunitat".