VALÈNCIA. La Conselleria de Movilidad, Obras Públicas y Territorio ultima la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un nuevo organismo que dependerá del departamento que dirige Arcadi España y que ejercerá las potestades administrativas de disciplina urbanísitica respecto a las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido.
Así, sus funciones principalmente serán velar por el uso racional y legal del suelo, con el objetivo de proteger del territorio valenciano, de acuerdo con los parámetros que establece la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) y demás legislación urbanística.
Para ello, los municipios deberán adherirse a este organismo, es decir, delegar en exclusiva a la Agencia las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística.
La creación de este ente fue incorporado en la modificación de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) que aprobaron Les Corts en 2019, pero que estaba pendiente de ver la luz.
Este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sacaba a información pública el proyecto de Decreto del Consell, por el cual se aprueban los estatutos de la nueva agencia, un primer paso para su puesta en funcionamiento. De hecho, las cuentas de la Generalitat para este ejercicio 2021 ya contaban con una partida presupuestaria de 1,9 millones de euros para su arranque.
Será, por tanto, un organismo autónomo de la Generalitat y su sede se fijará en València, sin perjuicio de que pueda contar con dependencias en otros municipios de la Comunitat Valenciana. Dispondrá, además, de unos órganos de dirección propios, todavía pendientes de seleccionar, pero en los que habrá una presidencia, vicepresidencia y vocales.
Sus principales funciones serán la inspección y vigilancia urbanística sobre los actos de edificación y uso en suelo no urbanizable. En este sentido, podrá firmar convenios con la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y los agentes medioambientales para que lleven a cabo actuaciones de inspección, comprobación o labores de mantenimiento de la seguridad.
Asimismo, podrá adoptar medidas cautelares sobre suspensión de los actos de edificación y uso del suelo que se realicen en suelo no urbanizable sin las preceptivas autorizaciones municipales y autonómicas o incumpliendo las condiciones de las autorizaciones otorgadas. También, iniciar y resolver procedimientos sancionadores por infracciones urbanísticas e ilícitos cometidos en suelo no urbanizable.
De hecho, tendrá competencias para denunciar ante el Ministerio Fiscal y los órganos del orden jurisdiccional penal los hechos que, a resultas de las actuaciones practicadas, considere constitutivos de delito. También podrá anular licencias urbanísticas contrarias a la normativa vigente; asesoramiento y asistencia a los municipios adheridos, así como proponer a la Conselleria la modificación o adopción de normas legales o reglamentarias necesarias para el mejor cumplimiento de la legalidad urbanística.
Y es que el objetivo de esta nueva agencia será, en última instancia, la protección del suelo rural desde la perspectiva de que la medida de protección más efectiva y eficaz es la prevención. Mediante la inspección territorial, se buscará evitar la irreversibilidad de aquello que se pueda construir ilegalmente.
La incorporación de un municipio al ámbito de actuación de la Agencia se realizará a través de un convenio marco que a tal efecto redacte la Conselleria. La adhesión se realizará mediante acuerdo del pleno municipal adoptado por mayoría absoluta, el cual deberá ser refrendado por el presidente de la Agencia. Implicará
la delegación en este nuevo ente de las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística en los supuestos de infracciones urbanísticas graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, sea este común o protegido.
El acuerdo de adhesión tendrá una vigencia de 15 años, contados desde la fecha de la aprobación, y se podrá prorrogar por acuerdo de la corporación local y la persona titular de la Presidencia de la Agencia, en cualquier momento antes de su finalización, por un máximo de cuatro años adicionales. No obstante, se podrá extinguir anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, disolución de la Agencia o incumplimiento de las obligaciones.