María José Salvador y Ximo Puig, este lunes (VP)La iniciativa contará con un presupuesto anual de 20 millones de euros, según ha detallado María José Salvador
VALENCIA. (VP/EP). Multas graves de entre 600 y 3.000 euros y muy graves de entre 3.000 y 30.000. Así son las "medidas coercitivas" previstas en el anteproyecto de la nueva Ley para la Función Social de la Vivienda -la primera del nuevo Consell- con la que el ejecutivo valenciano persigue "convertir en realidad el derecho constitucional a la vivienda", según han explicado este lunes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Vivienda, María José Salvador.
La ley, según han explicado, persigue poner a disposición de las personas afectadas por desahucios o impagos del alquiler los inmuebles vacíos en manos de propietarios que aglutinen más de 10 viviendas, en su mayoría bancos.
Según la consellera, el texto contará con las máximas garantías para no chocar con el derecho a la propiedad propiedad privada. En concreto, no se aplicarán los mecanismos sancionadores hasta que no se tumbe la vigente Ley de Segunda Oportunidad, texto con el que chocó una iniciativa similar en Andalucía. De esta forma, "evitamos que pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional", ha señalado Salvador. La vigencia de esta legislación aprobada por el ejecutivo del Partido Popular concluye en mayo de 2017, si bien un posible nuevo Ejecutivo podría anularla antes de esa fecha.
El proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda quiere garantizar el acceso a la vivienda "como un derecho subjetivo". El texto se aprobará el próximo miércoles el pleno del Consell y se tramitará en Les Corts por vía de urgencia para que entre en funcionamiento lo antes posible.
Por lo que respecta a las personas afectadas por procesos de desahucios de vivienda habitual, la norma estable que se creará un alquiler con opción a compra para evitar los desahucios y en estos casos la Generalitat aplicará un alquiler social durante tres años, que se podrá ampliar por dos años más a cargo del inquilino o bien optar a la compra.
Si la entidad financiera se niega a formalizar un contrato de alquiler con opción a compra y, por tanto, la vivienda se queda sin ocupantes, la Generalitat podrá iniciar un procedimiento expropiatorio por un plazo máximo de tres años.
Esta ley, que cuenta con una partida de 20 millones de euros anuales, contempla la elaboración de un Registro de Viviendas Vacías, donde "los grandes propietarios" con más de diez viviendas vacías -fundamentalmente bancos e inmobiliarias- deberán inscribir los inmuebles.
El objetivo es "evitar la prolongada desocupación de las viviendas de forma injustificada", ha señalado la consellera, quien ha destacado que se busca "corregir los efectos de la burbuja inmobiliaria que provocaron una saturación de la oferta de vivienda en la Comunitat y fueron incapaces de garantizar el acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada".
Salvador ha subrayado que existe "un absoluto oscurantismo" por parte de las entidades financieras y, en este sentido, ha indicado que desconocen el número exacto de viviendas que tienen la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en la Comunitat. Por eso, esta ley pondrá "luz y taquígrafos".
Puig ha subrayado que más de medio millón de viviendas en la Comunitat Valenciana están desocupadas, lo que considera "una ineficiencia económica de primera magnitud". Por ello, se establecerán incentivos para que los propietarios hagan cesiones de uso de viviendas a la Generalitat, para establecer alquileres solidarios. En este sentido, se creará el Registro de Oferta y Demanda donde los particulares podrán inscribir voluntariamente sus inmuebles.
La ley también garantiza que la Conselleria desarrollará, en el plazo máximo de dos años, un plan plurianual de rehabilitación y ampliación del parque público, que incluirá la adaptación de un 10% de las viviendas para personas con diversidad funcional.
Para garantizar el cumplimiento de lo que establece la ley, se creará un protocolo coordinado por el Observatorio del Hábitat, en el que participarán organizaciones sociales y empresariales representativas de colectivos y agentes del ámbito de la vivienda en la Comunitat, así como de los diferentes consejos municipales creados a este efecto.
Aquí es donde la norma contempla multas coercitivas para quienes incumplan su obligación respecto a la función social de la vivienda y sanciones que pueden llegar a los 30.000 euros en el caso de las muy graves. Los ingresos procedentes de estas multas se destinarán a actuaciones en materia de vivienda.
En este sentido, Puig ha hecho hincapié en que no se trata de una ley "expropiatoria", sino que busca "activar el derecho a la vivienda". Así, ha indicado que "las medidas de carácter disciplinario no son el objetivo fundamental", puesto que es "una ley propositiva, de eficiencia".
El presidente ha destacado que se trata de la primera ley del nuevo Gobierno valenciano que "quiere claramente ser paradigma del Pacto del Botànic" con "una visión progresista y moderna". Así, ha subrayado que será "vanguardista" en el conjunto de España y ha indicado que es "el punto de partida para la nueva política de vivienda basada no en la especulación, sino en las personas".
Asimismo, María José Salvador ha destacado que con esta ley "innovadora", que logra "un avance histórico", la vivienda "dejará de ser un bien de lujo para ser un bien de interés general". De este modo, "se aproxima el derecho a la vivienda a los pilares básicos del Estado de Bienestar".
