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acuerdo de legislatura de la Mesa General de Negociación de la Función Pública

Los funcionarios de la Generalitat tendrán seis semanas de permiso de paternidad

El acuerdo de legislatura alcanzado hoy en la Mesa General de Negociación de la Función Pública prevé un permiso retribuido desde la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto a disfrutar por las funcionarias en estado de gestación

9/06/2016 - 

VALENCIA (VP/EFE). La Generalitat ampliará a seis semanas el permiso de paternidad por el nacimiento, acogida o adopción de un hijo para los funcionarios valencianos y aplicará un permiso retribuido desde la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto para funcionarias en estado de gestación.

Estas son dos de las principales medidas recogidas en el acuerdo de legislatura alcanzado este jueves en la Mesa General de Negociación de la Función Pública, que ha tenido el apoyo de UGT-PV, CCOO-PV, Intersindical Valenciana y FSES mientras que el CSI·F se ha descolgado "ante su falta de concreción".

Se trata, según ha destacado el Consell en un comunicado, de medidas encaminadas a profundizar en la conciliación de la vida personal y laboral. Entre los acuerdos cerrados este jueves, el Consell también se ha comprometido a proponer, negociar y publicar en el primer semestre de 2016, 2017, 2018 y 2019 ofertas de empleo público en los diferentes sectores con el mayor número de puestos de trabajo que permita la normativa estatal básica vigente.

La firma de este pacto de legislatura sobre las condiciones laborales del personal funcionario, estatutario y laboral de la administración pública valenciana, que tendrá lugar esta tarde en el Palau de la Generalitat, será presidida por el presidente Ximo Puig.

El acuerdo fija los compromisos de gobierno en diversas materias y recoge un calendario de aplicación de las medidas consensuadas, la negociación colectiva, las condiciones de trabajo, las ofertas de empleo público, los planes de igualdad y lucha contra la violencia de género, la acción sindical y la formación de los funcionarios, entre otras cuestiones.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ha presidido la reunión de la Mesa de Negociación, ha destacado que el pacto, el primero de estas características, "es el mejor cimiento para construir una mejor administración pública".

Bravo ha elogiado "el trabajo, esfuerzo y espíritu de diálogo y consenso que hemos derrochado todas las partes para conseguir un acuerdo".

El contenido de este acuerdo marcará los trabajos que en lo que queda de legislatura deben acometer las Mesas Generales de Negociación I y II, las mesas sectoriales de la Función Pública, de la Administración de Justicia, de Educación y de Sanidad, así como los ámbitos de negociación correspondientes al personal laboral y docente gestionado por la Conselleria de Sanidad.

Los sindicatos tendrán voz en la nueva Ley del Sector Público

Además, amplía los ámbitos de negociación con las centrales sindicales y se creará la Comisión de diálogo del Sector Público Instrumental de la Generalitat, en cuyo seno se debatirá una nueva ley del sector público.

También se pondrá en marcha el Foro de Diálogo de las Administraciones Públicas Valencianas, en el que participarán la Generalitat, las administraciones locales y las universidades públicas, así como la representación sindical.

Para las ofertas de empleo público, se propiciarán medidas de disminución de la tasa de temporalidad que la Generalitat y los sindicatos negociarán teniendo en cuenta los procesos de consolidación de empleo temporal previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y la legislación de la Unión Europea, que obligan a valorar la experiencia del personal interino.

El acuerdo incluye el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en cada uno de los sectores a un máximo del 10 por ciento del total de efectivos. Esta negociación tendrá carácter preferente y los acuerdos se aplicarán en las ofertas de 2016 y 2017.

En cuanto a violencia de género, se facilitara el acceso de las trabajadoras de la Generalitat a las medidas de protección como la reducción de jornada, reordenación del tiempo de trabajo, derecho a reserva de puesto de trabajo y derecho al cambio de turno o de puesto de trabajo.

La Administración no difundirá en ningún caso el nuevo destino de las víctimas de violencia machista para hacer efectiva su protección.

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