La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) . Foto: EP/Ricardo RubioVALÈNCIA. El Consell podrá gastarse este año hasta 511 millones de euros con los que no contaba. La senda de déficit aprobada este viernes en el Consejo de Política Fiscal (CPFF), que flexibiliza hasta el 0,2% el límite para este ejercicio, más la solución articulada para devolver –mediante el FLA– a las comunidades el IVA pendiente de 2017 suponen un balón de oxígeno para la Comunitat a la espera de la solución definitiva: la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica.
En concreto, la decisión de posponer dos años la exigencia de equilibrio presupuestario prevista para este mismo ejercicio y elevar el límite autorizado al mencionado 0,2%, permite a la Comunitat ganar un margen de gasto de 230 millones de euros.
A ello su suman, además, los 281 millones de la liquidación de una mensualidad del IVA de 2017 que se les debía a las comunidades. Aunque se trata de un derecho reconocido de las comunidades que teóricamente debería haber sido abonado ya de no haberse frustrado la tramitación del anterior presupuesto de Pedro Sánchez, el presupuesto de la Generalitat de 2020 no incluye esos recursos.
La compensación del IVA en el déficit de 2019 tiene un efecto inocuo para la comunitat, que seguirá obligada a presentar un PEF
De esa manera, esos 281 millones suponen para la Comunitat un ingreso extraordinario que le permite aliviar los problemas de caja. La solución que el Gobierno ha dado a las comunidades consiste en un préstamo extraordinario con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a un interés del 0%.
Además de facilitar ese crédito, el Ministerio de Hacienda no tendrá en cuenta en el déficit de 2019 la parte imputable al IVA pendiente de 2017 que se les iba a devolver a las comunidades el año pasado, lo que hará que algunas comunidades que han sobrepasado ligeramente el déficit pasen de incumplidoras a cumplidoras.
Para la Comunitat tendrá un efecto inocuo, puesto que aún descontando del déficit del año 2019 la parte imputable al IVA no devuelto, el déficit definitivo al cierre del ejercicio estará por encima del límite, por lo que seguirá estando obligada a presentar un Plan Económico Financiero (PEF).
Aunque todas esas medidas no le alcanzan para ajustarse a los límites, el conjunto de medidas aprobadas este viernes sí permite al menos reducir el esfuerzo que el Consell tendrá que realizar para aproximarse al déficit permitido este año en comparación con el de 2019, que en noviembre ya rozaba el –1,3% del PIB.
Aunque la flexibilización de la senda de déficit se trata de un "paso adelante" para la Comunitat, la concesión no atiende su exigencia de obtener un tratamiento diferencial en forma de déficit asimétrico.
Con todo, el Ministerio de Hacienda sí mejora la propuesta que realizó en el último CPFF en agosto de 2018, que fijaba en el –0,1% del PIB el techo de déficit para las Comunidades este año pero que no superó el trámite parlamentario.
Así, la aprobada este viernes establece una senda de déficit más flexible para las autonomías: –0,2% este año, –0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario a partir de 2022.
La solución que el Gobierno ha dado para el pago del IVA pendiente tras la rebelión de algunas comunidades que amenazaban con acudir a los tribunales, permite que al descontarse el efecto del IVA, a las comunidades que registren un déficit del 0,1% o inferior se les considerará que cumplieron el objetivo en 2019.
Para financiar el mayor déficit provocado por el IVA –en el caso de las autonomías que sí habían presupuestado ese ingreso– y para evitar perjudicar a los proveedores, el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas un extra FLA al 0%.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha informado de que los datos aún provisionales y no definitivos reflejan que las comunidades autónomas en su conjunto cerraron 2019 con un déficit en torno al 0,5% del PIB. Si se descuenta el efecto del IVA, que se trata de un one off (no recurrente en el tiempo) el cierre estaría alrededor del 0,3%. Esto significa que al aprobarse un objetivo de déficit del 0,2% para 2020, el esfuerzo de reducción de déficit que tendrán que acometer las CCAA este año es de solo de una décima.
Durante la reunión del CPFF, Montero insistió en que el problema del IVA lo originó el ministro Cristóbal Montoro en 2017 y, aunque las comunidades no han tenido que realizar recortes al no cobrarlo, algunas sí han gastado ese dinero. De ahí que, conforme a los datos provisionales con los que cuenta el Ministerio, el efecto del IVA se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores.
El conseller Vicent Soler fue uno de los consejeros autonómicos más benévolos a la hora de valorar las medidas propuestas por el Gobierno central porque la solución del Ministerio de Hacienda "no es la mejor, pero tiene más imaginación desde el punto de vista contable". "Nos satisface en la medida que puede ser satisfactorio", aseguró Soler.
Concretamente sobre el déficit, el conseller de Hacienda consideró que permitir a las comunidades endeudarse hasta el 0,2% de su PIB supone un "cambio sustancial" frente a la "política austericida".
"Hemos conseguido un poco de holgura en la capacidad de gasto. Ya hemos rescatado para 2020 las dos décimas que el PP nos quitó de manera absurda con su veto en el Senado", aseguró Soler, quien explicó que la ministra expresó, tras recordar que el Gobierno apenas lleva tres semanas de recorrido, el compromiso de iniciar los trámites para la reforma del sistema de financiación.
Sin embargo, la mayoría de comunidades insistieron en reclamar el IVA de 2017 pendiente y desligarlo al déficit del 0,2% del PIB porque son conceptos diferentes y no se puede plantear el segundo como compensación del primero. La queja más contundente fue de las regiones que ya presentan superávit y de las gobernadas por el PP.
Soler y su equipo en la Conselleria de Hacienda acudían al consejo con una larga lista de reivindicaciones encabezada por la necesidad de acometer la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica. Mientras tanto, el Consell quería medidas transitorias para compensar la infrafinanciación y otras concesiones complementarias como el mencionado déficit asimétrico, soluciones que tendrán que seguir esperando.
Tras la reunión, el diputado del PPCV Rubén Ibáñez destacó que Soler "tenía el encargo de solicitar la inmediata puesta en marcha del sistema de financiación, el déficit asimétrico y la reclamación del IVA", pero denunció que "no ha hecho nada de eso" y "no ha conseguido ninguna de esas tres cosas".
La nueva senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas salió adelante con once votos a favor de la propuesta del Ministerio de Hacienda, frente a la oposición de las regiones gobernadas por el PP: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia; más la ciudad autónoma de Ceuta.
Los once votos a favor fueron los de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunitat Valenciana), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda.
