El Consell prorroga su decreto de responsabilidad social hasta las puertas de las elecciones

VALÈNCIA. El Consell ha vuelto a prorrogar la entrada en vigor del decreto por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en el otorgamiento de subvenciones en el marco de las competencias de la Generalitat. Un desarrollo reglamentario que el Ejecutivo autonómico aprobó a principios del pasado agosto, cuatro años después de que diera luz verde la ley para el fomento de la responsabilidad social, y que sacó adelante con el desacuerdo, en algunos de sus aspectos, de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). 

El decreto establecía en su último párrafo que entraría en vigor tres meses después de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), algo no que no suele ser habitual. Esto suponía que tenía que aplicarse ya este noviembre. Pero se ha aplazado una vez más. La fecha de entrada en vigor se amplía ahora por un periodo adicional de seis meses y lleva hasta el próximo 16 de mayo de 2023, a las puertas de las elecciones municipales y –salvo sorpresa– autonómicas. 

La Generalitat asegura que el objetivo del aplazamiento es absorber el impacto, tanto en el sector público como en el privado, por la "reasignación de prioridades y recursos en la contratación", motivadas por las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 durante estos últimos meses.

"Este contexto ha obligado a las administraciones públicas a priorizar la asignación de recursos a la gestión de los fondos europeos Next Generation, en las contrataciones y convocatorias de subvenciones del sector público, así como a la gestión de los diferentes planes y programas destinados a paliar la repercusión económica derivada del conflicto bélico", explican desde el Consell.

La modificación de la entrada en vigor del decreto también obedece, indican, a la implementación de los mecanismos que resulten más eficientes para la consecución de los objetivos previstos. "Todo ello se traduce en una complejidad técnico-organizativa a la hora de implantar de forma plenamente efectiva lo requerido en el decreto en el plazo inicial", señalan desde la Generalitat. 

La norma fue impulsada en la anterior legislatura desde la Conselleria de Transparencia que dirigía Manuel Alcaraz y se aprobó en les Cortes Valencianes en julio de 2018. En ella se incorporaban cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública, de manera que la Administración no sólo valore la oferta más ventajosa económicamente, sino la que cumpla con aspectos sociales o medioambientales.

Se establecía, a modo de ejemplo, el cumplimiento de los derechos laborales y de empleo digno en los pliegos de contratación; que las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas, empresas filiales o empresas interpuestas no puedan realizar operaciones financieras en paraísos fiscales; o medidas de planificación como un Plan Valenciano de Responsabilidad Social o la creación de órganos de participación y consulta como el Consejo y Observatorio Valenciano de Responsabilidad Social.

Una de las cuestiones más importantes que contenía para los sindicatos era la laboral, que fue aceptada en el trámite de enmiendas presentadas por CC.OO. y UGT. La ley incluye la obligación de subrogar las plantillas de las empresas contratadas por la Administración si hay cambio de titularidad, además de garantizar plantillas mínimas y salvaguardar las condiciones económicas y las horas trabajadas.

Contratas de la Generalitat, sector público, diputaciones...

Con el decreto impulsado por la actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez (Esquerra Unida), el desarrollo reglamentario de este asunto tendría que aplicarse tanto para las contratas de Generalitat –unas 8.500–, como para diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, sector público institucional y universidades. Y aquí viene el añadido problemático. El texto incluye el siguiente apartado: 

"El anuncio de licitación deberá incluir la información relativa a la obligación de la subrogación de las personas trabajadoras en sus relaciones laborales, bien por aplicación del régimen establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, bien por la aplicación del convenio colectivo y la negociación colectiva laboral aplicable, o por cualquier acuerdo con valor de convenio suscrito al amparo del artículo 83.3 del mismo". 

Ese artículo establece que las organizaciones de trabajadores y empresarios podrán elaborar acuerdos sobre materias concretas que tendrán el tratamiento de esa ley para los convenios colectivos. Una vía usada por Transparencia para blindar la subrogación de personal en el caso de que haya sucesión de empresas, convenio colectivo o un acuerdo con valor de convenio. 

En su momento, la patronal valenciana presentó alegaciones al entender que vulneraba la normativa laboral vigente en materia de subrogación empresarial, pero no fueron aceptadas. Mientras algunas fuentes apuntaron a que hubo falta de diálogo y de información a la CEV por parte de Transparencia, desde la Conselleria aseguraron que en el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social se dio cuenta de todo. Aun así, el desacuerdo de los empresarios con que el decreto fuera aprobado fue evidente. Además de que lo veían precipitado. Una posición que llegaron a trasladar al Gobierno valenciano a través de la Conselleria de Hacienda que ostenta Arcadi España (PSPV), según varias fuentes. 

Pese a que ambos departamentos negaron que esta situación generara tensiones entre los socios del Consell, el pasado agosto se produjo la citada modificación del decreto para posponer su aplicación. Aun así, nadie quiso relacionarlo directamente de manera oficial con lo ocurrido con la CEV.