VALENCIA. El Consell invitó este viernes a Les Corts a crear una comisión de investigación para que se depuren las responsabilidades políticas de los gestores que han provocado el “saqueo organizado” a las arcas públicas de la Comunitat por la venta del solar de Alaquàs (propiedad de la Generalitat) a la mercantil Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas (DUVP). Un solar destinado para la construcción de viviendas sociales y por el que la entidad ha dejado un “pufo de 3 millones de euros”.
La mercantil, que se encontraba en preconcurso de acreedores desde enero de este año, ha sido disuelta de manera definitiva por el Consell tras hallar numerosas irregularidades, tanto en la constitución en el año 2004 (a través de la participación del 49% del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y el 51% de Urbana Ducat), como en las contrataciones, la gestión contable y fiscal y en la ampliación de capital del 2% seis años después que permitió que la empresa pasara a ser mayoritariamente pública.
Urbana Ducat estaba participada por Prodese, representada por Andrés Selma; Promoclas, cuyo representante era José Luis Boix; y Ad Hoc Patrimonial.
Desde su creación, en la que “intervino el entonces conseller de Vivienda, Rafael Blasco, por su condición de presidente de IVVSA”, según el informe, no quedaron acreditados aspectos como la circunstancia que motivaba su creación. Además tampoco se realizó concurrencia pública para la selección y constitución de la entidad, ya que “tan sólo pasaron 16 días entre el anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat y la firma para la constitución de la mercantil”, señaló la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.
La propuesta de ampliación de capital en 2010 por la que la empresa pasaba a convertirse en entidad pública, nunca llegó a pasar por el Consell, lo que provocó que el Instituto Valenciano de Finanzas tuviera que avalar el préstamo que DUVB pidió para la compra del solar.
Uno de los aspectos que detalla el informe de Intervención de la Generalitat y que más llama la atención es que Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas SL, que tan solo contaba con un empleado en su creación y pasó a contar con tres cuando se convirtió en empresa pública, ofrecía contrataciones a empresas de familiares directos (hijos y hermanos) de los administradores privados por cuantías que en alguna ocasión alcanzaron los 500.000 euros.
En palabras de Oltra, “es el Consell de 2004, 2005 y 2010 el que provoca esta situación dramática. De tener un solar propiedad de la Generalitat donde se iban a construir viviendas sociales, lo venden a esta empresa, que pide un préstamo y no paga, perdemos el solar y encima pasamos a deber 3 millones de euros”.
De momento la Fiscalía ha admitido a trámite y ha acordado el inicio del procedimiento de investigación penal ante los hechos que recoge la auditoría a DUVP para conocer las posibles responsabilidades penales.