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la designación directa de altos cargos solo se mantiene para entidades de derecho público

El Consell recula con el nombramiento a dedo de directivos en sociedades públicas tras el veto del CJC

12/11/2019 - 

VALÈNCIA. El Consell da marcha atrás en su injerencia para nombrar a directivos de las sociedades y fundaciones públicas. El Govern del Botànic ha renunciado finalmente a incluir en la Ley de Medidas de 2020 la disposición adicional mediante la cual se arrogaba directamente las competencias para designar directamente a los ejecutivos de este tipo de entes del sector público instrumental.

El Ejecutivo ha descartado esta medida tras las dudas jurídicas expresadas por el Consell Jurídic Consultiu (JCJ) en su dictamen sobre el anteproyecto de esta ley. En este dictamen, emitido el pasado 22 de octubre, el organismo sostiene que el nombramiento de las personas que que ejercen la máxima responsabilidad y su personal directivo por parte del Consell solo sería posible en el caso de las entidades de derecho público, pero no para las sociedades de capital y las fundaciones del sector público.

Según el CJC, estas dos figuras gozan de personalidad jurídico-privada y por tanto sus directivos con contratos de alta dirección no pueden ser nombrados a propuesta ninguna Conselleria, sino según la legislación sectorial que les corresponda.

Dentro de esta consideración entran sociedades del sector público valenciano como Circuito del Motor, Cacsa o Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), entre otras. En el caso de las fundaciones, la modificación también excluye a entidades como el Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe o el Palau de Les Arts.

Con ello, el proyecto de Ley de Medidas Fiscales aprobado definitivamente por el Gobierno valenciano el pasado 31 octubre mantiene que los directivos del sector público instrumental de la Generalitat tendrán la consideración de cargo público nombrados directamente por el Consell, con la excepción de las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público.

El proyecto también aclara que la designación de directivos se formaliza mediante Decreto del Consell, algo que el CJC también le había instado a aclarar al no quedar claro en el anteproyecto si debía hacerse con un decreto o si bastaría con un acuerdo del Gobierno.

Hasta ahora, la contratación de los directivos de todo el sector público instrumental se regía por un decreto aprobado por el Consell del Botànic en el primer año de la pasada legislatura con el objetivo de poner coto al número de altos cargos en las empresas y establecer criterios de transparencia en los procesos de selección.

Así, según este decreto, la selección de personal con contrato de alta dirección en este tipo de entes debía ir precedida de procesos para evaluar la idoneidad del personal directivo según criterios de solvencia académica, profesional, técnica, científica o artística; o experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada, entre otros.

Asume funciones delegadas a los consejos

La designación y cese de los máximos responsables de las empresas se debía ajustar a sus estatutos y se realizaba por su consejo de dirección o administración, algo que ahora dejará de ser así en el caso de entidades de derecho público como la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (À Punt), FGV (Metrovalencia) o el Ivace, para los que el Consell tendrá vía libre a la hora de situar directivos a dedo.

Instalaciones de Radiotelevisió Valenciana. Foto: EVA MÁÑEZ

El dictamen del CJC plantea hasta cuatro observaciones esenciales a la norma que acompaña a los presupuestos de la Generalitat para 2020, que van desde la mencionada enmienda en el procedimiento para nombrar a ejecutivos en el sector público hasta otra de la Vicepresidencia de Vivienda para limitar la capacidad de las comunidades de vecinos para reclamar los gastos de comunidad a la Generalitat por viviendas de las que esta es titular.

Todas han sido corregidas para ajustarse a lo que recomienda el CJC excepto una, que ya formaba parte de la Ley de Medidas de 2019, en la que se obliga a las empresas a integrarse en las respectivas entidades de gestión y modernización de áreas industriales, una figura creada con la nueva Ley de Áreas Empresariales para mejorar la gestión de los polígonos.

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