Interior de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La situación en determinados juzgados de la Comunitat Valenciana se está volviendo más complicada si cabe por la falta de recursos. El motivo es que la Conselleria de Justicia que dirige Elisa Núñez (Vox) está comunicando que no prorrogará algunos refuerzos de funcionarios. Una decisión que ya ha provocado un total cabreo en los juzgados que coordinan grandes causas judiciales, como Instrucción 13 de Valencia, encargado del caso Azud.
Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo autonómico del PSPV, Compromís y Unides Podem incrementó notablemente el presupuesto del plan de refuerzo de los juzgados, una de las medidas más destacadas de la entonces consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ante la sobrecarga de trabajo. No era, desde luego, la solución definitiva a la eterna carencia de medios, pero el despliegue de más funcionarios sí supuso una ayuda de manera temporal.
No se trató de algo especialmente sencillo para la Conselleria, puesto que tuvo que tirar de modificaciones presupuestarias autorizadas por el departamento de Hacienda que resultaron costosas. Tanto a nivel económico como en la negociación política.
Con la entrada del nuevo Gobierno autonómico del PP y Vox, que ha querido ajustar al milímetro las cuentas y el Capítulo I (personal), la decisión del departamento de Justicia ha sido la de prescindir progresivamente de parte de este plan. En la última Mesa sectorial con los sindicatos, según fuentes de estas organizaciones, la directora general, Cristina Gil, transmitió la intención de no prorrogar algunos refuerzos.
Las necesidades se revisan de manera semestral en virtud de las peticiones de los juzgados, por lo que el último plan que se amplió fue el del segundo semestre de este año. Al llegar ya diciembre y finalizar, se han comenzado a comunicar los ceses de funcionarios.
Desde la Conselleria de Justicia explican que, por el momento, se va a mantener el 80% de los refuerzos existentes. Sin embargo, indican, "no pueden ser para siempre porque se ha demostrado que son parches y que no son la solución". Ésta pasa, indican, por crear plazas estructurales por parte del Ministerio de Justicia. Una demanda que trasladarán.
Y aunque todo el mundo –incluyendo los juzgados– coincide en esta última necesidad, a su vez consideran que un proceso de esas características implica una convocatoria y tardaría mucho en llevarse a cabo. Más dependiendo del Ministerio. Por lo que, de forma provisional, creen que se deberían mantener los citados refuerzos, cuya retirada condiciona absolutamente el trabajo diario y el desarrollo de las causas judiciales.
Es lo que sucede, precisamente, en el juzgado de Instrucción número 13, encargado del caso Azud, uno de los procedimientos sobre corrupción más importantes que se investigan actualmente. Éste se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. Prácticas relacionadas sobre todo con operaciones urbanísticas y que se habrían desarrollado entre los años 1999 y 2013 con el principal ámbito de actuación del Ayuntamiento de València durante la etapa en el que el PP (Rita Barberá) se encontraba al frente.
Los investigados son numerosos, aunque dos de los principales son el abogado José María Corbín (cuñado de Barberá) y el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau. Se da la circunstancia de que tanto el PP como Vox trataron de personarse en la causa. La jueza les instó a que ejercieran la acusación de manera conjunta y, si no estaban dispuestos, bajo la una misma dirección letrada de la primera formación que se personara en forma. Lo hicieron los populares y los voxistas se acabaron retirando.
Todo ello sirve de contexto para comprender la relevancia de una macrocausa que cuenta con 60 investigados y que se compone de 100 tomos en la causa principal y 800 tomos intervenidos en registros y requerimientos, además de los relativos a las comisiones rogatorias. Una cantidad ingente de documentación –más de 80 terabytes– que a diario se tiene que manejar en el juzgado.
Este fue el motivo por el que, hace más de dos años, se solicitó un refuerzo que fue aprobado por la Conselleria de Justicia. Desde entonces, una funcionaria interina trabaja en el juzgado dedicada al procedimiento de Azud. Pero su cese ha sido comunicado esta misma semana, lo que ha provocado un importante malestar. Tanto, que el propio juzgado y la Fiscalía Anticorrupción se han dirigido al departamento que dirige Elisa Núñez para manifestar su desacuerdo, según ha podido saber este periódico.
La trascendencia del asunto reside en que el desarrollo de la macrocausa de Azud depende en gran medida del apoyo de las funcionarias interinas, que realizan tareas tan básicas como la organización documental, la tramitación de los escritos, de los recursos, de las diligencias de instrucción, el control de los plazos de prórroga, de las incidencias o la asistencia a las cientos de declaraciones de testigos.
Por todo ello, el juzgado ha pedido a la Conselleria que le prorrogue el refuerzo, puesto que si se decide definitivamente el cese no habría funcionario alguno capaz de asumir en un corto espacio de tiempo ese procedimiento. Y lo cual supondría un grave perjuicio al desarrollo de la macrocausa con un riesgo de paralización.
Justicia, según ha podido saber Valencia Plaza, ha expuesto que el motivo del cese de la funcionaria dentro de la no prórroga de los refuerzos se debe a la aplicación de la ley de 2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Una norma en la que se establece que los interinos no podrán permanecer más de tres años en su puesto, si se trata de una vacante, y que ésta sólo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera –salvo que el proceso selectivo quede desierto–. Una manera de evitar que consoliden plaza.
La ley entró en vigor en diciembre de 2021, por lo que el gran problema para muchas administraciones vendrá en diciembre de 2024, pasados esos tres años, cuando los interinos deban dejar el puesto. Sin embargo, la norma no es de aplicación en el caso del juzgado de Azud, algo que en todo caso habría significado una decisión excesivamente temprana con un año de margen por delante.
Pero la cuestión es que la ley no tiene efectos retroactivos y que la funcionaria fue nombrada en verano de 2021, antes de la aprobación de la norma. Además, no cubre una plaza de titular. De manera que esta explicación por parte de la Conselleria no convence en absoluto al juzgado, que insiste en la exigencia de dar marcha atrás al cese.
