El Consell tarda más de 17 meses en los primeros trámites de una planta solar que la norma fija en 3 

VALÈNCIA. El problema en la tramitación de los proyectos de renovables en la Comunitat Valenciana viene de lejos y ha lastrado su transición hacia fuentes de energía más verdes. Un atasco que también ha situado a la región en el furgón de cola en cuanto a potencia instalada en España, complicando así su autonomía energética y la lucha contra el cambio climático. Una problemática que lleva años enquistada y ha llevado al sector a alzar la voz en varias ocasiones, pero que, sin embargo, sigue persistiendo. De hecho, en este momento hay más de 400 expedientes pendientes.

Lo cierto es que, a lo largo de los últimos años, se han aprobado varias normativas para agilizar la burocracia, pero no han acabado con este tapón que ha llevado a que muchas compañías estén hasta cuatro años esperando una autorización. Y es que solo en los primeros pasos de la tramitación se tarda más de 17 meses en dar una respuesta, cuando la norma fija en tres meses el plazo máximo para contestar. 

Concretamente, de acuerdo con los datos de la patronal Avaesen, mientras que el decreto ley 14/20 de medidas para acelerar la implantación de renovables, aprobado en 2020 por el Botànic, fija en un plazo de dos meses la admisión o no a trámite de una iniciativa, la realidad es que, de media, se tardan 132 días, lo que equivale a algo más de cuatro meses. Cierto es que ha habido años con mayor agilidad como 2022 que fueron 118 días, pero, en cambio, en el 2021 fueron 169 días, por lo que desde 2020, de media, han sido esos 132 días para conocer si una iniciativa seguía adelante.

Sin embargo, la lentitud administrativa se aguza aún más en la exposición pública de un proyecto, es decir, su publicación en boletines oficiales para que los afectados puedan hacer alegaciones. En este caso, si la regulación marca de tope 30 días, se llega a los 403 días, es decir, algo más de 13 meses, según la asociación. Unas cifras que evidencian los dilatados tiempos de la Administración Valenciana y que han llevado a muchas empresas a estar en vilo durante años, con parte del proyecto ya invertido y su viabilidad en juego. Otros, incluso, ni siquiera buscan la Comunitat para invertir. 

Pero, ¿por qué ocurre esta ralentización? La falta de recursos y personal es una de las principales causas. De hecho, la Generalitat, en la pasada legislatura, contrató a la empresa pública Tragsa para acabar con el bloqueo y evaluar expedientes, lo que aligeró el proceso. En cualquier caso, el principal escollo ha radicado en la rigidez normativa y en el hecho de que en muchas ocasiones ante una discrepancia, aunque fuera en fases más finales del proceso, se ha obligado a iniciarlo de nuevo.

Asimismo, la norma valenciana contempla una exigencia que no recogen otras regulaciones autonómicas en materia de renovables como es un informe vinculante de Paisaje. Y este hecho no es baladí, ya que en la pasada legislatura del Botànic hubo sonados y públicos desencuentros entre esta dirección general, dirigida por Rosa Pardo (Compromís) y la propia consellera de Territorio, Rebeca Torró (PSPV), que señaló directamente a este departamento como el culpable del tapón. De hecho, pidió a la Abogacía de la Generalitat un informe con la hoja de ruta a seguir para desatascar la situación. Unas pautas que luego plasmó en una instrucción con las disposiciones a considerar en la elaboración de informes, que contradecían lo que, hasta ese momento, había valorado Paisaje.

La Comunitat solo aporta el 3% de la potencia instalada en España 

Todo ello ha provocado una parálisis renovable en la Comunitat. Tanto es así que el 'Informe de Situación de las Energías Renovables en la Comunitat Valenciana', publicado hace unos días por Avaesen, refleja que la autonomía solo aporta el 3% de la potencia renovable instalada en toda España, ya que de los que 76.041,4 MW que había instalados en el país en 2023 de fuentes renovables, solo 2.406,8 MW están en la tierras valencianas.

Por tanto, en la autonomía sigue existiendo una presencia mayoritaria de las fuentes no renovables (como el carbón, la nuclear o el fuel), con 5.933,7 MW en 2023, suponiendo más del 70% de todo lo instalado. Pero, además, en los últimos cuatro años, de media, se han instalado anualmente 30 MW. De esta manera, de continuar a este ritmo, el informe alerta de que se requerirían casi 150 años para alcanzar la meta fijada para el año 2030 de alcanzar los 10.000 MW instalados en la región.

Nueva ley de renovables

Conscientes de este panorama, desde la Generalitat Valenciana ultiman una nueva Ley de renovables. Una regulación cuyo espíritu se basa en la simplificación y agilización administrativa, así como en una armonización normativa con respecto a otras comunidades autónomas. En este sentido, la intención de la Generalitat es fijar unos plazos y facilitar la tramitación para evitar que se eternicen los procesos durante años. Y, además, se hará en base a una normativa europea, la Directiva RED III, que precisamente se refiere a este tipo de cuestiones.

Por tanto, uno de los principales cambios, y que era una clara petición del sector, será el de acortar el tiempo hasta conseguir la autorización o denegación de los permisos y evitar, con ello, análisis y evaluaciones continuas entre departamentos implicados. Así, la nueva ley fijará el trámite necesario, prescindiendo de evaluaciones ya realizadas por los órganos competentes, de forma que habrá pronunciamientos vinculantes con un principio y final del periplo administrativo. En definitiva, que los permisos no tendrán que ir saltando de una Conselleria a otra como hasta ahora.

De hecho, la Directiva RED establece unas zonas de aceleración renovable, que deberá ‘dibujar’ el Consell, en las que los plazos serán de un máximo de 12 meses de tramitación, ampliables por 6 meses, frente a aquellos que no estén ubicados en estos puntos, que serán de 24 meses, prorrogables otros seis.   

Por otro lado, la nueva norma del Consell clarificará cuestiones relacionadas con las garantías económicas que se exigen a los promotores. La actual legislación recoge una disposición que señala que el impulsor de un proyecto tiene que disponer de forma efectiva de los fondos antes de obtener la autorización de construcción de una planta. Una cuestión muy abierta a la interpretación y que en ocasiones entorpecía la financiación bancaria de los proyectos por su literalidad. 

De esta forma, ahora lo que se busca es equiparar el ordenamiento normativo con el de otras autonomías en las que se exige un balance de cuentas saneado y no tener cuentas pendientes con Hacienda. Además, según el sector, solo con los avales que deben presentar para conseguir la conexión a la red, ya queda acreditada la disposición de capital para afrontar un proyecto.

Con todo, el sector pide celeridad a la Administración para revertir el actual escenario y no perder el tren de la transición energética. Y más en un momento en el que las consecuencias del cambio climático son más que evidentes. Por ello, reclaman que la nueva norma esté más pronto que tarde para evitar que el problema se agudice aún más.