VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana trabaja a contrarreloj en un nuevo texto legislativo para eliminar los impuestos 'verdes' que incluía la Ley de Cambio Climático del Botànic. Concretamente, se trata de un gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; otro sobre la emisión de gases de efecto invernadero; y uno ambiental sobre grandes establecimientos comerciales. Unos impuestos que entran en vigor el 1 de enero de 2025 y cuya supresión ya había sido anunciada por el ejecutivo de Carlos Mazón, que ahora ultima la norma vía decreto para agilizar su aprobación y evitar su puesta en marcha a solo tres meses para que acabe el año.
En el mes de junio, se publicaba una resolución de la Conselleria de Medio Ambiente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en la que se sacaba a consulta pública una modificación de la ley de Cambio Climático a través de la Ley de Acompañamiento, donde se planteaba la supresión de estos gravámenes. Ahora esos planes han cambiado y se hará a través de un decreto ad hoc, que también podría incluir algunas otras modificaciones en materia de cambio climático, explican a este diario fuentes de la Generalitat Valenciana. De hecho, este viernes salía a exposición pública el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de 2025 y no recoge la eliminación de estos impuestos precisamente por este cambio táctico del ejecutivo valenciano.
Un movimiento que podría explicarse por el contexto político actual. Y es que, cuando salió aquella resolución, el gobierno de la Generalitat estaba en manos de PP-VOX, lo que aseguraba la mayoría parlamentaria para aprobar leyes como la de Presupuestos y la de Acompañamiento. Sin embargo, tras la salida de los de Santiago Abascal de los ejecutivos autonómicos, el panorama es bien distinto. Ahora, el PPCV, con 40 diputados, debe negociar para conseguir 10 apoyos más y sacar adelante sus políticas.
En este contexto, no existen certezas de que las cuentas valencianas para 2025 vayan a salir y, por ende, la Ley de Acompañamiento que la complementa. En este sentido, la Generalitat no querría jugársela e incluir estos impuestos en una norma que finalmente no saliera adelante, lo que supondría su entrada en vigor en enero. Por ello, se ha decidido cambiar de estrategia y asegurar su eliminación a través de un decreto, que deberá ser aprobado por el Pleno del Consell.
Concretamente, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica iba a gravar las emisiones de CO2 que produzcan aquellos vehículos de motor matriculados a partir de 2023. En segundo lugar, el que afectaba a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas concernía directamente a la industria cerámica, uno de los principales sectores económicos de la Comunitat Valenciana. Su finalidad era reducir la emisión de gases contaminantes incentivando la adopción de medidas que optimicen el desempeño medioambiental de los procesos, así como la mejora de la calidad del aire.
Y, por último, el impuesto para grandes establecimientos comerciales –a partir de 2.500 metros cuadrados–, estaba dirigido a locales con fines de ocio, hostelería o espectáculos, ya que, por su efecto de atracción al consumo, provocan un desplazamiento de vehículos.
En este sentido, defendía este departamento en su propuesta de modificación inicial, a través de la Ley de Acompañamiento, que la decisión pretende una reducción de la presión fiscal, "actuando en armonía con otros territorios para evitar situaciones que deriven en más cargas fiscales para los valencianos que emprenden y hacen empresa". También aludía a la necesidad de "corregir situaciones que puedan condicionar la competitividad de sectores productivos y empresariales valencianos, al refuerzo de la seguridad jurídica y al hecho de promover la iniciativa privada en la Comunitat Valenciana en momentos de crisis como el actual".
De hecho, la ley, impulsada por Mireia Mollà en su etapa al frente de Transición Ecológica, ya causó discrepancias dentro del Gobierno de Ximo Puig. Fue el PSPV quien consiguió incluir una moratoria en el proyecto de Ley aprobado por el Consell para que los impuestos a las emisiones de CO2 entraran en vigor en 2025, pese a que la norma salió adelante en diciembre de 2022. Y es que aunque los socios de gobierno compartían objetivos, los socialistas consideraban que no era el momento de subir impuestos, ya que se estaba ante un escenario de ralentización económica propiciado por la invasión de Ucrania.
En cambio, lo que sí que recoge el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento es la supresión del Comité de personas expertas en Cambio Climático de la Comunitat Valenciana y la Asamblea de la Ciudadanía Valenciana por el Clima. También, plantea la supresión de información adicional en la Certificación de Eficiencia Energética -como propuestas de mejoras para tal fin- y restricciones adicionales a nivel de eficiencia en el otorgamientos de licencias de obra.
Además, recoge la creación de un Plan Valenciano Integrado de Energía y Cambio Climático que será aprobado por el Consell a propuesta del departamento competente en materia de cambio climático mediante decreto, previa toma en consideración de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático. Además, habrá el Consejo Asesor y de Participación de Medio Ambiente informará del seguimiento del Plan en los informes intermedios e impulsará recomendaciones y nuevas medidas.
Este programa tendrá que "prever las cuotas quinquenales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de ahorro y eficiencia energética con el fin de conseguir progresivamente que para el año 2030, al menos, la reducción prevista de acuerdo con los objetivos vinculantes y fijados en el marco nacional de referencia y la Unión Europea; la neutralidad para el año 2050, en el marco de la visión estratégica de la Unión Europea".
Asimismo, el anteproyecto recoge que los municipios de la Comunitat Valenciana, en el marco de sus competencias, aprobarán planes de acción para el clima y la energía sostenible (PACES), de acuerdo con la metodología adoptada en el ámbito de la Unión Europea".