VALÈNCIA. Desde que se aprobó la ley de creación de la Agencia Antifraude y tomara posesión como director de la misma Joan Llinares, han pasado más de tres meses. Sin ubicación fija en la que emplazar esta Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude para la que está prevista una plantilla de una treintena de personas, Les Corts le cedieron un espacio provisional a Llinares. Un pequeño habitáculo cercano a la sala donde se reúne la Junta de Síndics donde, de momento, clasifica las denuncias que ya recibe.
Con el inicio del curso político y la intención de "arrancar" este nuevo ente, el pasado 18 de septiembre se cerró el plazo del primer proceso de selección de la plantilla. Una convocatoria de 21 plazas para funcionarios de carrera que está previsto que comiencen a trabajar en octubre y cuyos currículos ya está estudiando Llinares.
No obstante, no es el único frente abierto que tiene este nuevo órgano. Para que pudiese estar a pleno rendimiento, primero se debía resolver una cuestión clave: su ubicación definitiva. Sin ella, esta primera tanda de personal no tenía unas instalaciones en las que poder trabajar. Hasta este lunes. Según fuentes de la Cámara valenciana consultadas por Valencia Plaza, la administración autonómica y Les Corts, tras dos semanas en contacto, habrían pensado en emplazar este nuevo organismo en el antiguo edificio de los grupos parlamentarios.
De dicha decisión, el propio Llinares se enteró este lunes por la prensa. La cercanía con las propias Corts o que el acceso deba realizarse pasando el control de seguridad que tiene el propio Palau dels Borja, es una cuestión nada baladí que desde la formación morada creen que debería estudiarse con detenimiento para evitar que pudiera convertirse en un motivo que ahuyente a los denunciantes. De hecho, desde Podemos recuerdan que también una posible sede para la Agencia se encontraba en la céntrica calle Colón, y finalmente fue descartada por garantizar la intimidad de los futuros denunciantes.
Además, uno de los contratiempos para asentar en este ala del edificio, radica en que en los dos primeros pisos -hay un total de cuatro y la última planta está ocupada por los diputados no adscritos- se encuentra personal de protocolo, señalan fuentes parlamentarias. Por lo que, este personal de la Cámara valenciana, tendría que trasladarse al actual espacio que ocupa el director de la Agencia Antifraude.
La decisión tampoco ha sido comunicada ni pactada con Podemos, ideólogo principal de esta Agencia Antifraude. Un gesto que generó un ligero malestar entre los morados, que desde que se aprobó la ley que daba luz verde a su "proyecto estrella", llevaron la delantera en este asunto para verla operar cuanto antes. El exsíndic, Antonio Montiel, acompañó al president de Les Corts, Enric Morera, a visitar una posible ubicación en un edificio contiguo al parlamento valenciano -concretamente, en Cónde Trénor, 6-.
Sin embargo, Podemos declinó que se instalara allí tras estar seis meses a la espera de un informe técnico encargado a la Mesa de Les Corts en el que se debía definir la idoneidad o no de ese espacio. Antes de obtener respuesta alguna, la formación morada presentó un escrito renunciando al inmueble, que costó 3,6 millones y que lleva inutilizado desde hace 10 años. Los motivos: la licencia de primera ocupación limitaba su uso a vivienda, por lo que con la normativa urbanística no era posible cambiar el uso.
La segunda opción, que se emplazara en un bajo contiguo a Les Corts, también habría quedado descartada por la rehabilitación que requeriría. La reforma de las instalaciones tardaría al menos dos años, un tiempo inviable si se quiere poner en marcha en esta legislatura esta agencia de nueva creación. En aquel momento, según fuentes del propio parlamento valenciano, tampoco las dependencias de la Cámara eran una solución viable, ya que el amplio número de personal no permitiría que la plantilla de la Oficina tuviera cabida. A este respecto, cabe recordar la dificultad que tuvo la Mesa de Les Corts para hallar un espacio adecuado para los despachos de los diputados no adscritos.
Las últimas noticias que tenía Podemos al respecto, era que se estaban manteniendo contactos informales entre la Conselleria de Hacienda, de quien depende la gestión de Patrimonio, y el Ayuntamiento de València, que habría ofrecido un edificio en el barrio de El Cabanyal. Esta última opción agradaba a los morados, que pensaban que podía ofrecer "otro aire" al barrio. No obstante, parece que esta, queda descartada.