El Convenio Colectivo del Hospital de Alzira vuelve a Economía tras las alegaciones de Ribera Salud

VALENCIA. Que los trabajadores del Hospital de Alzira tengan su puesto garantizado en el momento en el que se termine la concesión a Ribera Salud vuelve a la pelota de la Conselleria de Economía tras presentar la empresa Ribera Salud alegaciones a las objeciones a su convenio colectivo.

Hace unos días la alarma saltaba al echar para atrás el departamento de Rafael Climent el acuerdo entre los trabajadores y la empresa donde, la disposición adicional quinta del convenio, apuntaba a la subrogación de los trabajadores a la administración al terminarse la concesión en marzo de 2018.

Economía especificaba que el convenio de empresa no puede contener cláusulas de subrogación contractual en su vinculo con la Administración y apunta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que entiende que la sucesión de contratistas y la reversión a la Administración en el caso de la concesión no tiene una normativa aplicable. 

También destaca que se trata de algo imposible para la parte pública ya que supondría vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad que presiden el acceso a la función pública e iría en detrimento de aquellos que se presentaron para conseguir una plaza. 

Las alegaciones de Ribera Salud a Economía para que se registre el convenio colectivo se han basado en un argumento, y es que ha sido aprobado por consenso de todos. Se alega que el convenio se ajusta a derecho en su opinión y que la Conselleria no puede contravenir la legitimidad del acuerdo alcanzado y que en todo caso debería decidir un juez.

El caso del Hospital General de Valencia

Un caso ya ocurrido en el Hospital General de Valencia  a raíz de la desprivatización de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria deja entrever varios escenarios, a los que ya apuntó Valencia Plaza. Si las plazas se convierten en estatutarias, según la normativa de contratación, el personal que las ocupe de forma interina hasta que se convoque el concurso-oposición debe seleccionarse de las bolsas de trabajo del hospital. 

Cuando esos puestos de trabajo se conviertan en públicos, la Conselleria de Sanidad Universal tiene obligación de convocar un concurso-oposición para adjudicarlos a quienes demuestren mejores méritos y capacidad. Esto significa que cualquier aspirante podría ganar la plaza y en cada, caso, el actual ocupante de la plaza debería ser despedido.

A esto se añade un tercer escenario, que es el que se ha dado en el Hospital General de Valencia. Antes de sacar la plaza a concurso o al mismo tiempo, Sanidad deberá transformar ese puesto laboral indefinido en estatutario. Y esa plaza estatutaria vacante estará ocupada en régimen de interinidad hasta que se adjudique, interinidad que por norma hay que cubrir mediante las bolsas de trabajo que tiene la Conselleria. 

De los casi 2.000 trabajadores del Área de Salud de La Ribera, unos 250 son estatutarios que ya ocupaban esas plazas antes de privatizarse la gestión. La incertidumbre afecta al resto.