VALENCIA. (EP). El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobará este jueves los objetivos del techo de gasto para 2018 y de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados a principios de mes para las CCAA para el periodo 2018-2020, las propuestas del grupo de trabajo para el desarrollo de las competencias del CPFF sobre la idoneidad de las medidas contenidas en los planes económico-financieros de nueve regiones y analizará un informe sobre la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas.
Así figura en el orden del día que el Ministerio de Hacienda ha remitido a los gobiernos regionales y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que figuran como asuntos previstos la aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones del 29 de junio y el 7 de julio y la información del Ministerio de Hacienda al CPFF sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, conocido como techo de gasto, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, presidirán previsiblemente la reunión del CPFF, en la que se analizará un informe del CPFF sobre la propuesta de objetivos de estabilidad y deuda pública para cada una de las CCAA para el periodo 2018-2020.
En la última reunión del pasado 7 de julio, Hacienda relajó del 0,3% al 0,4% el objetivo de déficit en 2018, del 0% al 0,1% en 2019, además de establecer el objetivo de equilibrio presupuestario en 2020, con el voto a favor del Estado, las CCAA del PP (Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia), Ceuta y Melilla, frente a la abstención de Cantabria y Extremadura y el voto en contra del resto de regiones socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia), en tanto que Cataluña no pudo votar.
También se estableció un aumento del 2,4% de la regla de gasto para 2018, del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020, así como unas metas de deuda pública de las CCAA del 24,1% para 2018, el 23,3% para 2019 y el 22,4% para 2020.
Para la reunión se ha fijado igualmente el examen y, en su caso, aprobación de las propuestas del Grupo de trabajo para el desarrollo de las competencias del CPFF atribuidas por la normativa de Estabilidad Presupuestaria, sobre la idoneidad de las medidas contenidas en los planes económico-financieros presentados por nueve comunidades (Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias y Extremadura).
El CPFF --que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas-- verá el informe sobre el proyecto de real decreto por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, modificando así el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio.
La modificación busca clarificar el modo en el que se deben computar los días de pago, en consonancia con la directiva comunitaria y la normativa de morosidad y de contratación.
A su vez, el Consejo de Política Fiscal y Financiera analizará otro informe de Hacienda sobre el desarrollo del acuerdo del CPFF en materia de reordenación y racionalización del sector público instrumental autonómico y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo.
Por otra parte, los comités de expertos que están elaborando sendas propuestas sobre la reforma de la financiación autonómica y la local presentarán este miércoles sus conclusiones al Ministerio de Hacienda.
Los 'sabios' sobre financiación regional propondrán, entre otras medidas, un 'IVA colegiado' para que las comunidades autónomas puedan subir o bajar dicho impuesto, si bien deberán ponerse de acuerdo para hacerlo, dado que la UE obliga a que el tributo esté armonizado en el conjunto de los países miembros, según indicaron a Europa Press fuentes conocedoras del documento.
En el caso del comité de expertos sobre financiación local, propondrán convertir el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, en un auténtico tributo sobre plusvalías que grave la ganancia patrimonial cuando realmente se produzca, y no como ocurre ahora.
Estos documentos no serán vinculantes, ya que la última palabra sobre ambas reformas la tendrá el Gobierno, que pretende aprobarlas con el consenso de comunidades, ayuntamientos y partidos políticos.