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Los socios del consell ultiman un texto que rebaja los trámites para los nuevos proyectos 

El decreto de Sánchez empuja el acuerdo sobre las plantas de energía renovable al terreno del PSPV

Foto PEPE OLIVARES

El papel de los ayuntamientos es uno de los escollos que queda por definir en un macrodecreto que ha perdido contenido para asegurar su tramitación

31/03/2022 - 

VALÈNCIA. Este jueves el 'macrodecreto' que las consellerias y los partidos del Botànic llevan dos semanas negociando y que incluye una nueva versión del reglamento que regula las plantas de energías renovables llegará al 'consellet' y, salvo sorpresa, pasará el filtro de esa reunión previa al Pleno del Consell del viernes, en el que será validado. El acuerdo que se ultima ha estado en buena parte forzado por el decreto que aprobó este miércoles el Gobierno para responder a la crisis enérgética global agudizada por la guerrra en Ucrania. 

El marco que crea esa legislación estatal ha empujado el acuerdo a las posiciones del PSPV pero los socialistas han tenido que renunciar a incluir bastantes otras materias que querían meter en ese 'cajón de sastre' para asegurarse que se cumplía el plazo dado por el president Ximo Puig para aprobarlo. Caen por ejemplo cuestiones de la LOTUP o de minas en las que sus socios no estaban para nada de acuerdo. Eso facilitará la necesaria tramitación posterior en Les Corts.

Tramitación acelerada, requisitos rebajados

El complejo decreto del Gobierno central, del que dependen todas las plantas de generación de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW, acorta los plazos y rebaja los requisitos para estas instalaciones. Se declaran hasta el final de 2024 de "urgencia por razones de interés público" los procedimientos de autorización que dependen del Estado, lo que incluye, entre muchas otras cosas, reducir "a la mitad" los plazos que se darán a otras administraciones afectadas para alegar en contra. 

Otro ejemplo: establece un máximo de dos meses para que se realice el informe que debe determinar la afectación ambiental y de diez días para decidir sobre él. "Transcurrido ese plazo la falta de respuesta se considerará como aceptación del contenido de la propuesta del informe a efectos de seguir las actuaciones", dice el BOE. 

Foto PEPE OLIVARES

¿Qué supone esto? Pues que los proyectos autonómicos, es decir los de menos de 50 MV, no podrán tener nunca requisitos superiores en esos mismos aspectos. Es decir, que, como poco, la Generalitat deberá adaptar sus procesos a esos tiempos. No tiene otra. Deberán ser también de tramitación urgente y con plazos y exigencias ajustados a los proyectos más grandes. Pero, visto que la idea conjunta del Botànic, especialmemte de Compromís y de Unides Podem, es favorecer especialmente las instalaciones medianas y pequeñas, esas exigencias podrían rebajarse más cuanto menor sea el tamaño.

El papel de los ayuntamientos

Uno de los aspectos que quedaba por perfilar es el papel de los ayuntamientos, que por la vía de alargar el máximo el tiempo que tienen para cambiar su Plan General de Ordenación tenían la capacidad de retrasar los proyectos no deseados invitando así a los interesados a buscar otros emplazamientos. En este caso, tanto el PSPV como Compromís tienen 'problemas internos. En esa clave se entiende también la arenga que realizó a los socialistas Puig en la Ejecutiva Nacional del pasado lunes.

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