Foto: EFEVALÈNCIA. (EFE) La vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda ha afirmado este viernes que el dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el convenio para la Fórmula 1 en València "confirma la existencia de una deuda pública que tiene que ser abonada a la Generalitat como consecuencia de la mala gestión del anterior Ejecutivo".
Esta Conselleria trasladó el pasado agosto al CJC una consulta sobre el convenio suscrito en 2007 entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València para el desarrollo de las infraestructuras necesarias del circuito de la Fórmula 1, cuyo coste fue prestado por el Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos, que ahora forma parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), entidad adscrita a la Vicepresidencia Segunda.
Fuentes de esta Conselleria han indicado que una de las principales conclusiones del dictamen del CJC es la necesidad de que las instituciones colaboren para dar una resolución a la problemática generada por dicho convenio.
La Vicepresidencia segunda afirma que está "plenamente en concordancia, como lo ha venido haciendo hasta ahora", con la vía de la colaboración con el resto de las administraciones, e indica que se pone de relieve "la absoluta disposición a un diálogo constante con el Ayuntamiento de València para trabajar de forma conjunta en la elaboración de una solución que abra un nuevo futuro para el barrio del Grau".
Según esta Conselleria, el dictamen del CJC es "una muestra más de las consecuencias de la gestión errática del anterior Ejecutivo en materia de urbanismo", pues más de una década después de la firma de este convenio las instituciones siguen trabajando para "reparar las malas prácticas" del anterior Consell.
El PAI del Grau de València siguen "sin estar desarrollado con un coste desorbitado para la ciudadanía valenciana", ha indicado el vicepresidente, Héctor Illueca, quien ha abogado por "seguir trabajando por lograr un nuevo convenio para el desarrollo del Grau que se oriente a atender las necesidades de la ciudadanía y no a los intereses especulativos de unos pocos".
Las mismas fuentes han señalado que el dictamen del CJC señala que la Generalitat tenía que anticipar 38 millones de euros para costear las obras contempladas en el convenio, una inversión que debía de ser devuelta por el Ayuntamiento de la ciudad mediante las cargas urbanísticas que deben de abonar los propietarios de los terrenos del PAI del Grau, puesto que la urbanización se tenía que convertir en los viales del futuro barrio.
El circuito urbano de fórmula 1 en València "ha supuesto un gasto de 89 millones de euros para los contribuyentes, lo que implica que, a pesar de que se consiguió recuperar la aportación inicial de la Generalitat, el proyecto continúa siendo un agujero negro para las finanzas valencianas", ha afirmado Illueca.
El vicepresidente segundo ha asegurado que ahora la prioridad es que desde las instituciones valencianas se ofrezca "una solución integral para un barrio que es, en definitiva, el gran afectado por las promesas vacías del anterior Ejecutivo". Y
Por ello, ha reiterado la voluntad de la Vicepresidencia Segunda, en sintonía con lo expresado en el dictamen, de "continuar trabajando con el Ayuntamiento de València para desarrollar un nuevo convenio que realmente responda a las necesidades de las vecinas y vecinos del barrio", y que además promueva el desarrollo urbano sostenible del mismo.
"Este es el camino, y no las promesas faraónicas que han generado tanto despilfarro", ha finalizado Illeuca en un comunicado.
