VALENCIA. Las declaraciones por el caso de presunto fraude contra la hacienda pública y la Seguridad Social, y fraude de subvenciones de varios directivos de la empresa valenciana Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa) comenzaron este lunes con las comparecencias del dueño de la empresa Vicente Saus, y de su hija Marta.
Según el Ministerio Fiscal y el auto de imputación emitido por la juez “aparentemente, el consejero delegado de Eresa, Vicente Saus, encargó en 2008 a Vicente P., de Sun Chiz, la prestación de servicios médicos consistentes en la realización de informes radiológicos y atención al paciente en todos sus centros, con total disponibilidad geográfica y horaria, y la entidad Sun Chiz carecía de los medios materiales y humanos necesarios para la realización de los servicios encomendados por lo que, a través de un contrato suscrito por Vicente P. y Vicente Saus se subcontrató a Iberdiagnosis SL la prestación de los servicios de resonancias”.
Así, Sun Chiz facturaba a Eresa por unos servicios que, a su vez, le eran aparentemente proporcionados a Sun Chiz por Iberdiagnosis, que, a su vez, emitía las facturas a su supuesto cliente Sun Chiz. Aunque, “en realidad, toda esta operativa no era más que una simulación con el objetivo de facilitar a Eresa la disminución de sus bases imponibles mediante la deducción de gastos ficticios”.
Con respecto a esa acusación, Vicente Saus aseguró que “las facturaciones entre sus empresas Eresa, Sun Chiz e Iberdiagnosis SL son totalmente legales”. Pero dentro de la declaración hecha ante la juez de instrucción del caso, Saus dijo que "la creación de Sun Chiz ha sido una de las peores ideas empresariales" que ha tenido, pero añadió que él con sus empresas hace lo que quiere.
Según fuente de toda solvencia tanto Vicente Saus como su hija tuvieron explicación para casi todas las preguntas planteadas tanto por la juez como por el fiscal de delitos económicos. Entre dichas preguntas se encontraba la de la cantidad de empleados, insuficientes a ojos de los investigadores para el volumen de trabajo. El dueño de Eresa ha declarado que tenía varios radiólogos a media jornada en cada empresa y que así se podía llegar a cumplir con todo el trabajo.
En cuanto a Marta Saus fue más o menos en la misma línea que su padre, aunque a varias preguntas dijo no saber qué era o qué pasaba porque “no era de su competencia”.
Con respecto al posible fraude de subvenciones de 1,7 millones de euros ambos admitieron, según las mismas fuentes, que “las máquinas sí que es verdad que se utilizaron no sólo para el proyecto por el que cobraban sino para otros menesteres”. Pero acto seguido afirmaron que tenían permiso verbal del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), entidad pública dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas y que era la que aportaba el capital.
Al ser preguntados sobre dicho permiso verbal, los Saus dijeron que pedirán por escrito un informe a la entidad en la que avalen sus afirmaciones sobre ese hecho, y aseguraron que “entraron en los proyectos solo por el buen nombre que daban a su empresa, ya que ellos tenían más de 40 máquinas de resonancias y el dinero que aportaba para maquinaria el proyecto era insignificante”.
Tras esa declaración, los investigadores se plantean citar a declarar a algún miembro del CDTI que pueda corroborar, más allá de los papeles que los Saus puedan aportar, las tesis de la familia investigada.
Durante la jornada de este martes continuarán las declaraciones. Entre las personas citadas está Lorena Saus, la otra hija del fundador y consejero delegado de Eresa.
