VALÈNCIA. En Justicia hay una frase muy antigua que dice que siempre hay que echar la culpa al muerto. Este martes en la sala de la Audiencia Nacional que juzga las presuntas irregularidades en los contratos de las pantallas para la visita del Papa, José Luis Martínez Parra, el consejero delegado de la empresa Teconsa, no ha vacilado a la hora de echar las culpas a una persona fallecida, en este caso su propio padre.
Según su versión, él no entró a trabajar en Teconsa hasta el año 2008, dos años después de las presuntas irregularidades. Ha aseverado que eran su padre y Ramón Blanco Balín las personas que gestionaban la empresa.
De una forma muy vehemente ha asegurado: “Entré en Teconsa en 2008. Mi padre tenía un lema que era, ‘donde estaba él, estaba el consejo de administración’, y él tomaba las decisiones siempre. No sé nada del proyecto del Papa. Ramón Blanco y Rafael Martínez Molinero han metido. Lo siento de corazón, pero han mentido”.
Durante su declaración ha dicho: “Traigo un periódico de 2005 donde aparece que mi padre reúne a todos los trabajadores para presentar a Blanco Balín. Él no dijo la verdad. Entró a formar parte del consejo pero no estaba dentro del mismo. Mi padre aportó 10.000 millones de pesetas para un plan de expansión que gestionaba Blanco. Es imposible que si mandaba él, yo diera órdenes”.
Y ha agregado: “Conocí a Correa en 2008 que me lo presentó mi padre. Los conocimientos de Red (Inversiones) eran de mi padre y de Ramón Blanco, yo no invertí ahí con Correa”.
Sobre su relación con el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha aseverado que, “no he hablado absolutamente nada de ese tema con Correa (hacer de pantalla), sería mi padre. Me llama Correa en 2008 porque sabía que éramos socios de El Mundo y quería que yo hablara con el director para que les trataran bien y les hicieran buenos precios”.
Y ha apostillado: “Blanco se llevaba más beneficio que la propia empresa, cobró 500.000 euros y la empresa solo 200.000 ¿cómo puede ser que un consejero gane más que la propia empresa?”
Durante la jornada de la mañana también ha declarado Francisco Javier Arnuncio, de impacto producciones, la empresa que fue subcontratada para instalar las pantallas. Durante más de dos horas, el empresario y la fiscal han mantenido un tira y afloja dialéctico en el que la representante del Ministerio Público trataba de llevarlo a su terreno, y el empresario se ha dedicado a despejar balones.
Arnuncio ha explicado que les contrataron porque eran los mejores en el sector, pues ya habían hecho el mundial de fútbol y la boda del Rey Felipe VI. La fiscal intentaba sonsacarle si hubo amaño y si él lo sabía, pero el empresario se ha enrocado en su versión y de ahí no ha salido.
Más de media hora han estado hablando de José Manuel San Salvador, persona que les pidió el presupuesto. La fiscal le repetía hasta la saciedad que “los presupuestos se presentaron meses antes de salir la oferta, el presupuesto es de febrero y los pliegos salen en abril”, a lo que él contestaba, una y otra vez, que él no se presentó al concurso, que no sabía nada de eso, que presentó el presupuesto cuando se lo pidió el otro empresario. Finalmente, y tras más de dos horas, la fiscal se ha dado por vencida y ha concluido el interrogatorio.
Según explica el escrito de acusación de Anticorrupción, el exdirector de RTVV Pedro García "pese a no ostentar cargo alguno" en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), impulsó activamente y gestión 'de facto'" la contratación sobre la instalación de pantallas gigantes y los servicios de video y megafonía para que los asistentes al acto siguieran el recorrido del Papa Benedicto XVI.
Una actuación que previsiblemente se llevó en común acuerdo con Juan Cotino -quien se enfrentaba a 11 años de prisión- y los principales cabecillas de la trama Gürtel para que la contratación de las empresas de Correa se hiciera a través de la televisión pública a fin de realizar el "pago con cargo a fondos públicos" mediante "facturas falaces de servicios inexistentes".
Así, obtenían un beneficio "personal" con cargo al erario mediante la entrega de gratificaciones a funcionarios y autoridades, enmascarando sus ganancias a través de un entramado de empresas y testaferros y aprovechando los "estrechos" contactos que Álvaro Pérez tenía con el entonces director de RTVV.
El Ministerio Público destaca también en su escrito que entre los distintos repartos de comisiones, el líder de la trama Gürtel recibió 1,49 millones de euros; Pablo Crespo, de 166.000 euros y Álvaro Pérez y García Gimeno se hicieron con medio millón de euros.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell