El 'dumping' fiscal no es el problema

En el año 2012, una opulenta señora mayor de la burguesía valenciana a la que llamaremos doña Margarita —no sabemos su nombre— se trasladó a vivir a Madrid, donde durante varios años se ahorró decenas de miles de euros de impuesto de Patrimonio, que en la capital está bonificado al 100%, y redujo la cantidad que pagaba de IRPF por su pensión y sus rentas de capital, al ser allí más bajo este impuesto. Doña Margarita falleció en 2017 —requiescat in pace— y sus hijos se ahorraron varios millones de euros de impuesto de Sucesiones porque en la Comunidad de Madrid, donde residía la causante, está bonificado al 99%.

Sin embargo, a la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) le pareció extraño que doña Margarita, pese a estar empadronada en Madrid y tener la tarjeta sanitaria de aquella comunidad, acudiera al médico en València, recogiera los medicamentos en farmacias de València, fuera al banco en València, hablara por teléfono desde València y tuviera una casa en València con un gasto de electricidad y agua propios de un residente en València, mientras que en su domicilio de Madrid no encendía la luz ni abría el grifo. Y llegó a una conclusión: doña Margarita vivía en realidad en València pero no pagaba impuestos en València. Así que inició un procedimiento de cambio de domicilio fiscal ante la Agencia Tributaria tras una investigación que, cabe destacar, contó con la colaboración de la Comunidad de Madrid. Era un fraude y los herederos de doña Margarita tuvieron que pagar 14 millones de euros a la Hacienda valenciana.

El dumping fiscal de Madrid existe, pero que sus bajos impuestos atraigan a unos cuantos adinerados es el menor de los problemas financieros de la Generalitat valenciana. De hecho, como revela la directora de la ATV, Sonia Díaz, en la entrevista que publicamos este domingo, cuando acabe 2020 se habrán iniciado al respecto 60 procedimientos en cuatro años, una media de 15 por año, de los que solo ha concluido uno, el de doña Margarita. Teniendo en cuenta que en esos cuatro años los presupuestos de la Generalitat suman casi 100.000 millones de euros, 14 millones no es una cantidad desdeñable pero no da ni para quitarle a Sevilla a golpe de aval público la sede —¿dumping societario?— de una compañía quebrada como es Abengoa.

(En Cataluña, 45 sanciones en cinco años por traslado fraudulento a otras CCAA, la mayoría pero no todos a Madrid, y 17,7 millones recuperados, no llega a 6 millones al año. Su problema en este punto es más Andorra que Madrid.)

Eso no quiere decir que la ATV no tenga que perseguir cada céntimo defraudado ni que haya que dejar de denunciar esta imperfección de un sistema de financiación que, sin embargo, tiene agujeros mucho más importantes, empezando por el que en esos mismos cuatro años ha obligado a la Generalitat valenciana a endeudarse en más de 5.000 millones que deberían haber sido transferencias del Estado.

Las rebajas fiscales de Madrid son tan criticables como el cálculo del Cupo vasco y el modelo de financiación autonómica de 2009 que castiga a los valencianos año tras año. Sobre el papel, se basan en el principio de "autonomía financiera" de las CCAA del artículo 156 de la Constitución y en la disposición adicional primera, pero no cumplen el principio de "solidaridad entre todos los españoles" que inspira ese mismo artículo. El Cupo vasco, tal como está calculado, es insolidario.

En cuanto a Madrid, su problema no es de solidaridad material sino regulatoria, porque su estrategia de bajar impuestos abre la posibilidad de evasión fiscal. La Comunidad de Madrid sí es solidaria. Su riqueza es tal, que con los impuestos que recauda no solo tiene suficiente para su presupuesto sino que aporta la mayoría de los ingresos a la cesta común de las CCAA. Ayuso presume de ello mientras Cataluña, que también aporta solidariamente al resto de CCAA más pobres, lo considera un robo. O como lo llama JxCat, "dinero que va a Madrid y no vuelve".

Confundir la solidaridad con el expolio es un problema grave de percepción que suele padecer gente rica de derechas que rechaza la progresividad fiscal, es decir, rechaza que los que más tienen paguen más con el fin de redistribuir la riqueza. Cataluña paga más porque es más rica, igual que Madrid, y lo que sorprende no es ver a la burguesía catalana promoviendo el independentismo porque "Espanya ens roba" sino a buena parte de la izquierda en esa deriva insolidaria.

Lo mismo ocurre con las inversiones del Estado. Si el Gobierno planifica las inversiones en las CCAA según el peso del PIB regional o el peso poblacional, como pretenden Cataluña y otras comunidades, incluida la valenciana, penaliza a las regiones más pobres y a las más despobladas y consolida las desigualdades territoriales. Hacer lo contrario no es robar, es equilibrar.

Viene todo este rollo a propósito del viaje que Ximo Puig hizo a Cataluña esta semana con muy buena voluntad pero con una estrategia equivocada. El president acudió a Barcelona a tender puentes con el Gobierno catalán y se encontró con lo mismo que hace tres años en València: indiferencia. Entonces fue un Puigdemont en plena deriva independentista y ahora un Pere Aragonés en funciones que tiene la mente ocupada en las próximas elecciones autonómicas. La inopinada denuncia de ERC contra el dumping fiscal de Madrid es parte de la campaña. Si el enemigo exterior no puede ser Sánchez porque le acaban de votar los presupuestos, qué mejor que disparar contra la Comunidad de Madrid porque también "ens roba".

Para Puig también es más cómodo dejar de exigir a Sánchez un cambio del modelo de financiación autonómica para centrarse en combatir el dumping fiscal de Madrid. Con ello, no ataca al Gobierno y ayuda a poner el foco en Isabel Díaz Ayuso, que lleva camino de convertirse en la culpable de todos los males financieros que aquejan a las CCAA, además de los sanitarios. Impagable la campaña de promoción que le está haciendo la izquierda política y mediática a la presidenta madrileña.

El caso es que al problema de la financiación autonómica le está pasando como al del derecho civil valenciano, se está convirtiendo en un soniquete reivindicativo al que los políticos se suman últimamente por compromiso más que por convicción. Así, el president viaja a Barcelona a tender puentes y se apunta a la campaña (electoral) contra Madrid sin obtener nada a cambio, apenas una palmadita en la espalda en forma de voluntad de "seguir cooperando fluidamente entre los dos territorios y velar por los intereses compartidos, como es el caso del corredor mediterráneo, entre muchos otros". ¿Entre muchos otros?

Está claro que la reforma de la financiación autonómica no está en esa agenda conjunta, como no lo estaba hace tres años cuando Puigdemont se desmarcó explícitamente de esa batalla. Tiene su explicación: Cataluña tiene poco que ganar porque está por encima de la media en financiación —100,6 sobre la media de 100, frente a 92,5 de la Comunitat Valenciana—, así que no vale la pena insistir con nuestros vecinos del norte. Nuestros compañeros de viaje son Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Uno echa de menos que cuando le preguntan a Puig sobre el dumping fiscal no aproveche para exigir la reforma de todo el sistema de financiación autonómica con el fin de situar el foco en el verdadero 'problema valenciano'. Porque como nos arreglen solo lo del dumping nos vamos a quedar igual y encima dirán que nos han hecho un favor.