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El escándalo que no ve Joan Ribó

La Fundación InnDEA, donde el PP colocaba a dedo a los suyos, ha hecho un concurso con el que se han colocado afines al partido que la controla, València en Comú

6/03/2016 - 

Hace bastantes años, un juez anuló un concurso para cubrir una plaza de funcionario en un polideportivo municipal porque entre los requisitos que debían cumplir los aspirantes estaba el de haber sido campeón regional de lanzamiento de jabalina. En defensa de lo que a todas luces era un traje a la medida de algún familiar o amiguete, el Consistorio alegó que campeones regionales de lanzamiento de jabalina había muchos, uno al año en cada comunidad autónoma, y que cualquiera de ellos podía optar al puesto.

Trajes para contratar en la Administración los hay y los habrá mientras los pliegos los redacten personas, es decir, siempre. Es humano intentar colocar a un amigo y es necesario que quien tiene que evitarlo haga su trabajo.

Para burlar los controles se inventaron las fundaciones públicas, enorme descubrimiento sin autor reconocido. Las fundaciones fueron para el PP auténticas agencias de colocación a dedo. Fundaciones inútiles como Agua y Progreso, Pro Esport, Comunitat Valenciana-Región Europea o, mi favorita, la Fundación para la Calidad en la Educación, con la que un amigo de un exconseller vivió del cuento durante años realizando estudios con informes que los funcionarios de la Conselleria tenían orden de facilitarle. "Fundación" e "informe", dos palabras que cuando las juntas te dan ganas de llamar a la Guardia Civil. Fundaciones fundadas sólo con dinero público -una perversión- que no hacían nada que no pudieran hacer las administraciones con sus medios.

Los políticos pasan pero las fundaciones sobreviven -si no todas, demasiadas- y resulta descorazonador descubrir que algunos nuevos gobernantes que venían a limpiar las instituciones valencianas de corruptos, chupópteros y aprovechados tienen los mismos vicios que los anteriores. Creen que colocar a familiares y militantes o enriquecer a amigos con procedimientos que rozan la ilegalidad se puede tapar con argumentos como la idoneidad de los beneficiarios o la menudencia del caso al lado de la envergadura de las tropelías del PP. Y no. Así empezaron los del PP hace 20 años y así han acabado porque nadie les puso freno.

Otro gallo nos habría cantado si cuando la Sindicatura de Comptes plasmaba negro sobre blanco las contrataciones a dedo y sin autorización que se producían en empresas y fundaciones alguien hubiese llevado el asunto a la Fiscalía, como se hace ahora, y si el fiscal de turno hubiese hecho lo que hacen ahora los fiscales y no lo que hacían entonces.

El caso de las contrataciones en la Fundación InnDEA -que al contrario que otras sí tiene una actividad reconocida-, huele casi tan mal como la colocación digital de familiares que hacía el Grupo Municipal del PP. Más de 600 personas se presentaron al concurso de selección esperanzados porque menos mal que han llegado los de València en Comú -sucedáneo de Podemos, aunque Pablo Iglesias reniegue de ellos-, que van a limpiar esto de una vez.

Y resulta que el concejal Jordi Peris y su equipo han empezado como empezaron los del PP, y acabarán como ellos como nadie les pare los pies. La transparencia es muy bienvenida, la provisión de plazas mediante concurso por primera vez también, pero ser transparente y cumplir la ley en materia de contratación no justifica unos pliegos y unas valoraciones de méritos tan dispares y faltos de lógica que parecen hechos para cubrir las apariencias. Si Joan Ribó no lo ve, y parece que no lo ve, tenemos un problema.

El ejemplo de Antoni Asunción 

Antoni Asunción, fallecido este sábado, se ganó mi admiración el día que dimitió como ministro del Interior cuando se se fugó de España el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. En aquella época convulsa los ministros dimitían. Lo hizo su predecesor, José Luis Corcuera, cinco meses antes al anular el Tribunal Constitucional su ley de seguridad y lo hizo el también valenciano Vicente Albero, cinco días después que Asunción, al descubrirse que tenía una cuenta no declarada a Hacienda de una venta realizada once años antes. Una cuenta de 12.000 euros, cantidad por la que hoy no dan ni explicaciones. Un año después renunciarían Serra y García Vargas por el escándalo de las escuchas del Cesid.

Antoni Asunción. Foto: EVA MÁÑEZ

Antes y después se marcharon ministros de todos los colores, pero ninguna dimisión causó tanta admiración como la renuncia a la inglesa del exalcalde de Manises. En medio de una sucesión de escándalos en los estertores del felipismo, Asunción asumió su responsabilidad política, concepto básico de la democracia cuyo significado todavía no han comprendido dirigentes como Rita Barberá. En la fuga de Roldán había hecho el ridículo, pero quedó para la historia como un señor.

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