Aitor Esteban, portavoz del PNV en el CongresoPNV VALÈNCIA. El "mercadeo" de votos entre el PNV y Gobierno para sacar adelante los PGE en el Congreso recibió este jueves un aluvión de críticas desde las regiones que, como la Comunitat, se sienten comparativamente discriminadas con el acuerdo. Algunas, incluso, llegaron desde filas populares, como las del presidente gallego Alberto Núñez Feijoo.
Al margen de los 1.400 millones que el Gobierno pagará al País Vasco por los atrasos del cupo vasco, el documento de compromisos firmado personalmente por Mariano Rajoy contempla un potente impulso a infraestructuras que el País Vasco venía reclamando durante años. Mientras Fomento se resiste a dar fechas concretas de finalización del Corredor Mediterráneo y ni se plantea otras actuaciones como el Tren de la Costa o el acceso norte al Puerto de Valencia, el PNV, con sus cinco diputados, ha logrado un detallado cronograma de actuaciones que suman varios miles de millones de euros.
La comparación con la Comunitat, relegada precisamente en los PGE de 2017 a la cola de las inversiones territorializadas con 119 euros por habitante, es tan inevitable como dolorosa. Si las diferencias en financiación por habitante se agrandarán con el reconocimiento de los atrasos del cupo, la brecha de las inversiones entre ambas regiones también será abismal.
La estrella del acuerdo firmado entre el PNV y el Gobierno central son los 3.380 millones de euros que el Estado destinará para la conexión de las tres capitales vascas en Alta Velocidad, que será una realidad para 2013. Dos años después, quedarán conectadas con la frontera francesa. Los representantes de la formación nacionalista no quieren sorpresas y han obligado al Gobierno a supervisar el cumplimiento de lo prometido cada tres meses.
Buena parte de esos 3.380 millones se destinarán a la solución urbanística que acompañará a la llegada de los trenes a las capitales vascas. En concreto, alrededor de 800 millones –cuatro veces más de lo que recibirá el Corredor Mediterráneo este año– para el soterramiento de las vías y estación de Bilbao y 400 para la de Vitoria. Para el portavoz del Grupo Parlamentario vasco, Aitor Esteban, este acuerdo "que no perjudica a nadie" es el resultado de aprovechar el momento y "saber hacer política". Para la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no es más que una "irresponsabilidad que quiebra la igualdad entre ciudadanos".
El compromiso contrasta con el olvido que sufre en este ámbito la ciudad de València, que lleva años reclamando sin éxito –con gobiernos de distintos colores– una solución a la llegada de los trenes a la ciudad que nunca acaba de llegar. Pese a ello, no parece que el soterramiento de las vías del AVE, ni el túnel de Serrería ni la estación definitiva para la Alta Velocidad puedan hacerse realidad que las prometidas al País Vasco, que ahora ni siquiera tienen el proyecto informativo.
Según un informe de la Cámara de Contratistas y la extinta Cierval, el soterramiento y las conexiones de la Estación del Norte de València requieren una inversión conjunta de 2.339 millones de euros que podrían cofinanciarse con fondos privados, pero el proyecto aún está lejos de llegar a esa fase porque la administración central y el Ayuntamiento ni siquiera han acordado el proyecto.
El concejal de Urbanismo de València, Vicent Sarrià, recurría a una potente metáfora en una reciente entrevista con Valencia Plaza para destacar lo absurdo de esa anomalía urbana: "Las vías del tren son el Muro de Berlín de València".
Según explicó, el Gobierno ha propuesto revisar y simplificar el proyecto inicial –túnel pasante, estación de Portela y soterramiento acceso sur hasta la Estación del Norte– para intentar abaratarlo. El Ayuntamiento, por el contrario, propone ejecutar el plan en dos fases: primero el canal de acceso sur para eliminar las vías que ahora dividen la ciudad en dos, y después la estación y el túnel pasante desde el norte de la ciudad hasta el centro.
Otra batalla pendiente es la de la financiación porque, mientras el Gobierno se resiste a hacerse cargo por ser un asunto urbanístico, la ciudad aspira a que Fomento financie la gran parte por tratarse de un acceso ferroviario. El País Vasco, gracias a la negociación del PNV, se ahorra esa discusión.
Muy relevante es también el compromiso del Gobierno central de financiar la variante sur ferroviaria de mercancías para facilitar el acceso al Puerto de Bilbao. El Estado aportará 375 millones de euros entre 2018 y 2022 que el Gobierno vasco se descontará del cupo que paga cada año, que acaba de ser rebajado a 956 millones.
En realidad no es un acuerdo nuevo. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna ya firmó un protocolo el pasado marzo para encomendar la ejecución de las obras al Gobierno vasco, mientras que la financiación la asume el Estado. Con el nuevo pacto para los PGE, el PNV obliga al Gobierno a firmar el convenio definitivo antes de que acabe este mes.
A juicio de la formación nacionalista, esta conexión mejora la competitividad del Puerto de Bilbao, que tendrá una vía específica para mercancías –ahora es compartida con la de pasajeros– y estará conectado con Europa a través de la Red Transeuropea de la que forma parte el corredor ferroviario atlántico.
De nuevo en este caso, la situación de la Comunitat es radicalmente distinta. Tras años de reivindicación conjunta de empresarios e instituciones de la Comunitat y Aragón, el Adif se ha comprometido a invertir 288 en modernizar la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, cuyo estado actual impide a los trenes circular a más de 40 kilómetros por hora. Lo hará a partir de 2018 y una vez la Autoridad Portuaria de Valencia dio el paso de invertir por su cuenta más de 50 millones en esa línea para mejorar la conexión con el centro de la Península.
Al margen de las ganancias de competitividad que le reportarán las infraestructuras que el PNV ha conseguido para el País Vasco, otros acuerdos arrancados al Gobierno central como la reordenación de las tarifas eléctricas que pagan las empresas en función de su tensión que tendrán efectos inmediatos, con un ahorro estimado de 50 millones de euros en gastos energéticos para las industrias vascas.
