Congreso de los Diputados (Foto: EFE)VALENCIA. Camino de 40 años de vigencia de la Constitución de 1978, más que con el franquismo, es hora de hacer balance de la posición de los valencianos en la España autonómica derivada del texto constitucional.
En mi opinión, la conclusión es que sin duda los ciudadanos de la comunidad autónoma en que participaron más ciudadanos en el referéndum constitucional ( el 74% del censo), con un voto favorable del 88,8% de los votantes a favor del Texto Constitucional, esperábamos mucho más de la democracia española, régimen que pasaba por el reconocimiento de una autonomía de primer nivel, a la altura de nuestra historia y relevancia económica, para las valencianas y valencianos.
Por diferentes motivos, nos han obligado a entrar en debates innecesarios sobre nuestra identidad, que han debilitado la autoestima en muchos de nuestros ciudadanos. Esta autoestima, en parte fue recuperada tras la reforma del Estatuto Valenciano, acaecida mediante la Ley Orgánica 1/2006, que obtuvo un gran respaldo en las Cortes Generales, y que nos incluyó, 28 años después de cuando nos hubiera correspondido, en el grupo de las “impropiamente” bautizadas como Nacionalidades Históricas.
Este año 2016, no cabe hacer la festiva reflexión de siempre, ese día de acción de gracias con el que tradicionalmente nuestras Corts daban gracias a las Cámaras constituyentes por devolvernos nuestro autogobierno, usurpado violentamente en 1707, por “equivocarnos” de bando en la Guerra Civil entre borbónicos y austracistas. En efecto, en la Guerra de Sucesión tuvimos mala suerte, porque botiflers ( que los hubo) y maulets, todos los valencianos, perdimos nuestros fueros.
Este año 2016, hemos perdido nuestro derecho civil otra vez, hemos vuelto a perder, y hemos perdido, otra vez, todos. Hemos vuelto a tener mala suerte; La mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional ha determinado, interpretando el texto constitucional, que la Comunitat Valenciana no es competente para legislar sobre custodia compartida, régimen económico matrimonial y uniones de hecho; en la práctica les Corts Valencianes no son competentes para dictar normas sobre cualquier materia civil con la excepción de la Ley de Contratos Agrarios de 2013. Otra vez hemos tenido mala fortuna, nuestro derecho civil es inconstitucional.
Pero esta vez, los diputados de los 5 grupos parlamentarios de Les Corts están obligados a dar respuesta a las necesidades cercanas de los ciudadanos, porque con las Sentencias 82/2016 respecto a la Ley 10/2007, de Régimen Económico Matrimonial, la 110/2016 contra la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana y la sentencia pendiente de numeración hasta su publicación en el BOE sobre la Ley 5/2011, conocida como Ley Valenciana de Custodia Compartida, el Tribunal Constitucional ha roto esa confianza de los valencianos en el Texto Constitucional, porque obviamente en nuestra tierra la recuperación de la autonomía está íntimamente ligada a la recuperación de la capacidad normativa para dictar normas de derecho civil privado.
Si los valencianos hubieran sabido que no recuperarían el derecho civil propio, que siempre se ha reclamado en los proyectos de estatuto de autonomía en la época de la IIª República y en la transición, evidentemente, no se hubiera obtenido un si tan rotundo en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.
En fin, al grano, en este momento después de las 3 Sentencias del TC, nuestros representantes, y todas las valencianas y valencianos, tenemos un dilema, o SI defendemos Nuestro Derecho y Nuestro Estatuto, lo que nos obliga a pedir la reforma constitucional o NO lo defendemos, y en ese caso, después de las Sentencias lo más honesto sería modificar l´Estatut para renunciar a un Derecho civil ridículo, que hace innecesarios emplear 7 artículos que son papel mojado con esta Constitución para el Tribunal que tiene que interpretarla.
¿Estamos o no estamos a favor de L'Estatut? Si defendemos nuestro Estatuto no tenemos más alternativa que instar inmediatamente la reforma constitucional, y por ese motivo l´Associació de juristes valencians nos estamos reuniendo con todos los grupos parlamentarios de Les Corts para pactar un texto que garantice nuestro derecho civil, porque sabemos que al menos el 75% de los ciudadanos valencianos, a través de 151 ayuntamientos, han defendido la capacidad de Les Corts en materia de derecho civil.
Esperemos que los 5 grupos parlamentarios, evitando discordias partidistas inútiles, pidan al unísono la reforma constitucional, y, que recuperemos pronto, lo que pensamos que la Constitución nos devolvió en 1978, lo que obliga a que los partidos valencianos, por coherencia, digan y hagan aquí lo mismo que allá.
Concluyo, con un fragmento del comunicado que publicó l'Associación de Juristes Valencians el año pasado con motivo del aniversario constitucional (en el que incluimos muchas más cuestiones de interés y que siguen plenamente incumplidas y agravadas un año después, por ejemplo la infrafinanciación) y que pueden consultar. “Pues bien, lo que nos preguntamos es: ¿Existe realmente un planteamiento valenciano ante la reforma constitucional? Es decir: si mañana mismo se formase una comisión para dibujar las líneas del cambio, ¿sabríamos los valencianos en qué puntos, en qué materias concretas hemos de insistir, cuáles son nuestros intereses críticos a la hora de dar nueva redacción a la Carta Magna? Mucho nos tememos que no…” Es urgentísimo que se trabaje por parte de la sociedad civil valenciana y los grupos parlamentarios en lo que necesitamos los valencianos ante la cercana reforma constitucional.
José Ramón Chirivella es presidente de l'Associació de Juristes Valencians (AJV)
