VALÈNCIA, (EP). El exgerente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) Joaquín Juste ha afirmado que Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, y Enrique Arnal, ex director financiero, intentaron ocultar la situación de la empresa pública en el año 2009 al negar tensiones financieras, mientras que el expresidente de la entidad, Enrique Crespo, comentaba que era "común" su situación patrimonial respecto a "todas" las empresas públicas.
Juste ha sido el primer testigo en declarar en el juicio por la pieza principal del caso Emarsa, procedimiento en el que se ha investigado un presunto desfalco en la gestión de la depuradora de Pinedo de alrededor de 25 millones de euros. Los únicos acusados que han estado presentes escuchando al testigo han sido Crespo y el exedil del PP en el Ayuntamiento y empresario Juan Carlos Gimeno. El tribunal eximió a los 24 acusados de asistir a la vista hasta el momento de conclusiones.
Juste llegó a gerencia de la Emshi en febrero de 2009 y ha explicado que, tras detectarse algunas "anomalías" financieras, se pidieron explicaciones. Así, en el mes de noviembre, se presentaron en la entidad Esteban Cuesta y Enrique Arnal con un documento para alegar que no había tensiones financieras en la empresa, sino algún problema con algún proveedor. Aseguraron que todo iba bien.
En esta línea, ha manifestado que tanto Crespo como Cuesta mantenían que las pérdidas registradas en la empresa pública se debían a una infrafinanciación por parte de Epsar, en relación con que no se financiaba al número total de empleados que tenía la mercantil, ha dicho.
Frente a esta versión, ha explicado que tras estudiar diferentes cuentas de resultados, balances y gastos, se percataron de que el "problema" de la sociedad no era "por un tema de baja financiación, sino porque los gastos de explotación habían evolucionado al alza considerablemente", entre otros aspectos, ha manifestado. Esta explicación se la expusieron a Crespo.
Asimismo, detectaron diferentes viajes sufragados por Emarsa. "Parecía que había gastos relacionados con viajes, se lo trasladamos al presidente y este le pidió explicaciones a Cuesta. Le preguntó si era verdad y Cuesta lo negó", ha advertido. Pero el pago de estos viajes quedó constatado en otros documentos, ha recalcado.
Ante esta situación de pérdidas y de diferentes irregularidades, el testigo ha aseverado que Crespo, en una ocasión, les dijo que esta situación patrimonial en Emarsa era "bastante común" en "todas" las empresas públicas. Ante esta afirmación, ha contado que decidieron comprobarlo y descubrieron, en base a un informe de la Sindicatura, que esto no era así. Y se lo trasladaron al también exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación: "Le dijimos que eso no era una situación común, que no era el grueso de las empresas", ha apostillado.
En enero de 2010, ha contado, se aprobó un plan de viabilidad para resolver la situación patrimonial de la sociedad y se decidió reducir capital. Pero como vieron que esta reducción, a la larga, no era una solución, en pocos días se aprobó la liquidación de Emarsa. "El secretario dijo que el presidente le había llamado y le dijo que se había decidido encomendar la gestión de la empresa a la Epsar y que la sociedad quedaba vacía de contenido", ha señalado.
En esta fase de liquidación, el testigo ha explicado que había que hacer labores de comprobación para abonar los trabajos efectuados y fue en ese momento cuando se dieron cueenta de que había facturas de informática "elevadas", así como de mantenimiento y de reparaciones. Con el paso de los meses, y ante las sospechas que tenían, propusieron quitar los poderes a Cuesta, quien hasta entonces estaba firmando documentación.
Además, en esta fase de liquidación, ha afirmado que tuvieron noticia, por parte de un miembro del consejo de administración de Emarsa, de que se estaban destruyendo documentos en la empresa pública. Era en el puente de octubre de 2010, y el interventor se tuvo que ir a Pinedo para activar mecanismos y controlar este extremo. A raíz de este momento se decidió trasladar toda la documentación a la Emshi.
En noviembre de 2010, los abogados contratados para ayudar en la disolución de la empresa, presentaron por e-mail y por registro de entrada un proyecto de querella por la gestión de los lodos. En ese momento, ha narrado, Crespo se mostró disconforme con esa forma de actuar y dijo que iban a cambiar de abogado y a contratar a un penalista. "Nos dijo que él se encargaba, que él buscaría. Y nos presentó una persona que tomó las riendas".
El testigo ha manifestado que mientras que con los primeros abogados si que mantenían una relación fluida, con el letrado que buscó Enrique Crespo no tenían ningún tipo de trato ni de contacto.
