El exsecretario de Canet, imputado por falsificar las firmas de sus hermanas en un documento

VALÈNCIA. José Antonio Sancho Sempere, exsecretario municipal de Canet d’En Berenguer, y principal acusado dentro de la trama de las asesorías que investiga la Fiscalía Anticorrupción, suma ahora una nueva imputación. Esta vez, Sancho Sempere está siendo investigado como presunto autor de un delito de falsedad documental en un tema que nada tiene que ver con las asesorías.

La acusación contra el exsecretario de Canet viene de otro juzgado ya que, según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, durante un juicio en la jurisdicción Civil por una herencia entre Sancho y sus hermanas al parecer, éste presentó un documento privado con la firma de ellas que supuestamente era falso. Ante tal situación, la magistrada decidió deducir testimonio contra él. La causa está abierta en el juzgado de instrucción número 2 de Valencia que ha solicitado una prueba pericial para comprobar si las firmas de las hermanas son verdaderas o fueron falsificadas.

Trama asesorías

Alcaldes, exalcaldes, secretarios municipales, ex altos cargos de la Generalitat, la Academia Valenciana de Juristas, asesores y así una lista de 34 nombres, que incluye a empresas públicas como Egevasa. Todos ellos se encuentran imputados por el juzgado de Instrucción número 12 por su presunta participación en la trama de las asesorías. El magistrado les acusa de haber cometido presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública en varios ayuntamientos.

Según las investigaciones, se solicitaban informes a precios desorbitados en comparación con los presupuestos de los consistorios y que carecían de cualquier utilidad para los citados ayuntamientos. Muchos de esos informes eran encargados de forma verbal, una práctica totalmente prohibida dentro de las administraciones públicas. Pero junto a los informes, el sumario recoge que la trama también realizaba labores de asesoría puntuales en algunos de los ayuntamientos.

Egevasa

Una de las empresas públicas que deberá hacer frente a las acusaciones del fiscal es la empresa Egevasa, a la que el Ministerio Público le solicita una multa de casi dos millones de euros como persona jurídica por su implicación en las presuntas mordidas que se pagaron por informes falsos. También se pide que se inhabilite a la empresa para acceder a ningún tipo de subvención pública.

Según relata el fiscal en su escrito de calificación, desde la entidad pública se pagaron 90.000 euros para renovar la concesión que tenía esta empresa en Canet. El Ministerio Público explica que como Egevasa terminaba la concesión, pero quería asegurarse que les renovarían contactó con Sancho Sempere para poder conseguir “una actitud favorable”. Esto se hizo así porque Sancho era la persona con más poder dentro del consistorio valenciano y decidía casi todo en materia de política municipal.

Alcaldes

Dentro de las 12 piezas con las que cuenta la trama de las asesorías hay infinidad de excargos públicos implicados. Entre los nombres a los que ha tenido acceso Valencia Plaza figuran el popular Fernando Giner, expresidente de la Diputación y exalcalde de Vallada; el alcalde de la Vall de Laguar, Francisco Luis Gilabert (PP); el de Ador, Joan Faus (Gent d'Ador); la alcaldesa de Benirredrà, María Dolores Cardona (PSPV), y la exalcaldesa de este municipio Cristina Gutiérrez (PP).

También los exalcaldes de Godelleta Salvador Marín (PP); de Cheste David Doménech (PP); de Real de Gandia Vanessa Martínez (PP); de San Antonio de Benagéber Eugenio Cañizares López (PP), actualmente en la oposición; de Benisanó Isabel Castellano Brell (PP); los de Canet Octavio Herranz (PSPV) y Amparo Mañó (EUPV), y el de Vallada, Vicente Perales Calabuig (Agrupación Independiente).

Además, están imputados los exsecretarios municipales de siete ayuntamientos, incluido el de Canet. La lista incluye a un exconcejal de Alcoi; al ex director general de Cambio Climático de la Generalitat Jorge Lamparero; al exvicepresidente de la Ciudad de la luz, Rafael Jorge Miró; a un abogado de la empresa General Valenciana del Agua, Marcial Alcalá, y al exinterventor del Consorcio de Museos Rafael José Parra.