VALÈNCIA. Mariano López, el exsuegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, acudió este miércoles a declarar dentro de la pieza del caso Taula que investiga un contrato con la Diputación de Valencia presuntamente amañado. Hasta ahora, López estaba imputado por los delitos de fraude contractual, falsedad, malversación y cohecho. Sin embargo, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le acusa a él, a su mujer, a su cuñada y a un socio de un delito de blanqueo de capitales. Debido a estas nuevas pruebas, el magistrado Víctor Gómez, a petición del fiscal Anticorrupción Pablo Ponce, decidió citarlos a todos.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes cercanas al caso, Mariano López negó haber blanqueado ni un euro. De hecho, durante su declaración recordó que la propia pericial encargada por el juzgado sobre el contrato bajo sospecha decía que era la oferta más barata de todas y no existía quebranto para el erario. Este extremo, unido al hecho de que todas las transferencias entre la empresa adjudicataria, Servimun, y otra en la que su mujer y su cuñada estaban autorizadas en las cuentas, se hicieron con factura y a cuentas bancarias a su nombre, indicaría que no hubo blanqueo.
Sobre un correo electrónico encontrado por la UCO en el que presuntamente se hablaba de amañar, Mariano López negó tener nada que ver con él, ya que aseguró que en ese correo no constaba quién era el remitente, a quién iba dirigido o la fecha en la que se escribió. Es más, se mostró bastante enfadado con el hecho de que la UCO asegure que es de él cuando no aparece el nombre de nadie en el mismo.
Su mujer, Vicenta Torregrosa, por su parte, aseveró que nunca ha tenido nada que ver con las empresas de su marido, que ella simplemente es un ama de casa, idéntica línea de defensa que la empleada por su hermana quien declaró que ella solo cuida de sus nietos. En cuanto a su socio Fernando Palomares, simplemente declaró que Mariano López cobraba de la empresa porque hacía labores comerciales.
El contrato con Servimun, una empresa de call center que ganó un concurso de dos millones de euros, se investiga desde que Marcos Benavent declaró que se dio a dedo por su relación con el dueño, que entonces era su suegro, y la amistad de éste con el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y otro alto cargo de Imelsa. De hecho, el exsuegro de Benavent fue uno de los detenidos durante la operación Taula.
Sobre el citado contrato concedido a Servimun, Marcos Benavent aseguró en su última declaración que la persona que presionó para que fuera esa empresa la adjudicataria fue el exjefe de sección de evaluación y planificación de Diputación de Valencia adscrito a Imelsa Salvador Deusa, que según Benavent era íntimo amigo de su exsuegro y por eso presionó a su favor y que algunos funcionarios "se llevaban las manos a la cabeza" y que la mesa de contratación conocía perfectamente las deficiencias existentes", extremo que el fiscal da por válido y cita en un escrito reciente.
En el caso del magistrado, en su último auto a este respecto, que data de octubre de 2018, explicaba que "aparecen indicios de que la adjudicación del servicio call center a Servimun, con cargo al presupuesto de Imelsa, pudo ser decidido por voluntad de Alfonso Rus con la intención de favorecer los intereses particulares de dicha empresa y de su legal representante, contando para ello Alfonso Rus con la colaboración de Salvador Deusa".
Para conseguirlo, decía el auto que "se manipuló de manera interesada el proceso de adjudicación, y con vulneración del principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública, la concesión de la contrata a la empresa antes citada, debiendo ser consecuentemente objeto de dicha investigación, el eventual incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria Servimun de prestaciones contractuales que venían establecidas y a las que estaba obligada."