El vocal de AEFI recuerda como la directiva europea de medios de pago -conocida como PSD2- es un buen ejemplo de cómo una norma europea afecta a la vida de los consumidores
MADRID. Este domingo se celebraron las elecciones europeas para elegir a un total de 751 Eurodiputados (54 de ellos españoles) que representarán a los ciudadanos de la Unión en la que será la IX Legislatura europea. A pesar del bajo compromiso que existe con la UE, un organismo que probablemente por su carácter supranacional es visto con cierta distancia por parte de gran parte de la población, lo cierto es que es el núcleo bajo el que se adoptan medidas de especial calado para las empresas y ciudadanos de los Estados miembros en diferentes ámbitos que afectan a la vida diaria de todos los ciudadanos europeos.
Por poner un ejemplo, en materia económica, uno de los asuntos pendientes para la próxima legislatura será acometer la transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo (FMI) capaz de ayudar a los estados de la zona del euro con dificultades financieras. Del mismo modo, el fintech y la innovación financiera no son ajenos a las decisiones que se toman en esas instancias europeas. Sin ir más lejos, la directiva europea de medios de pago (conocida como PSD2) es un buen ejemplo de cómo una norma europea afecta a nuestro ecosistema e incluso a nuestra vida como consumidores (no solo de productos financieros).
El pasado 23 de noviembre de 2018 se transpuso la directiva, que sustituye a la anterior de 2009, y será de aplicación a partir de septiembre, con el objetivo de proteger al usuario de un posible acceso indebido a su información sensible. En su planteamiento inicial se obligaba a las entidades a compartir su activo más importante, los datos de sus clientes, para que pasen a tener la potestad de decidir con quién los comparte. El nuevo escenario que introduce este principio obliga a las entidades bancarias a habilitar los medios técnicos que permitan a terceros acceder a los datos sobre cuentas de pago de sus clientes.
Uno de los objetivos de esta directiva europea PSD2 es dotar a las fintech de un marco legal que, bajo un control regulatorio, facilite su crecimiento y la aparición de nuevas empresas que, con una rápida gestión de la tecnología, impulsen el desarrollo de nuevos modelos de negocio. No obstante, han sido las propias entidades bancarias las primeras en sacar partido de la directiva ya que, a través del desarrollo de los agregadores bancarios, varias entidades en España ya han incluido dentro de su portfolio de servicios la posibilidad de tener una visión única de todas las entidades, desde su propia aplicación.
Sobre sus más inmediatos efectos, es pronto aún para sacar conclusiones. Lo cierto es que antes de la aprobación de PSD2 existían los servicios que aquí se regulan, tanto para información de cuentas, como para iniciación de pagos, y surgieron negocios que funcionaban y funcionan, dando un claro valor añadido a los consumidores y empresas que los utilizan. Al calor de lo que tenemos ahora en la ley comunitaria, parece que estamos perdiendo el espíritu original de la ley, aumentar la competitividad, dado que ésta crea una serie de normas que, en nombre de una mayor seguridad para el consumidor, establecen una serie de trabas que hacen tan complejo el servicio que arruinan la experiencia de usuario.
Adicionalmente, la transposición de la directiva europea no se ha hecho de manera homogénea en todos los países, por lo que se están dando situaciones que las empresas nacionales prefieren pedir la licencia fuera de España, como Lituania o a Irlanda, donde es más sencillo conseguirlo. Es decir, creamos situaciones de desventaja competitiva entre países miembros y creemos que éste es un punto que desde las instancias comunitarias también se debe controlar.
Como ejemplo, en algunos países, como España, los iniciadores de pagos se han clasificado como Entidades de Pago, cuando éstos no tienen cuentas de pago, estando sujetos, por tanto, a normas regulatorias más pesadas; mientras que en otros países, como Irlanda, son figura aparte siendo exigida menos compliance por parte del regulador. Otro ejemplo son los requisitos para las garantías (y el seguro) donde no son los mismos o no se miran igual en todos los países.
En definitiva, del correcto trámite legislativo de las normativas que tienen su ámbito de actuación en el continente europea dependerá gran parte del avance que se logre en materia de fintech e innovación. Es el primer paso para que después cada país las adapte como ocurre con el sandbox, ese espacio regulado para desarrollar proyectos fintech con mayor estabilidad, protección y opciones de lograr inversión. España está en una buena posición, pero hay que seguir trabajando para poner al sector en la vanguardia del desarrollo económico, como generador de miles de puesto de trabajo en los próximos años. Hay mucho en juego y Europa y sus instituciones deben ser un aliado para seguir mejorando en materia de innovación financiera.
Pablo Rovira es vocal de Infraestructuras Financieras en AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech)