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rosa lladró afirma que laterne le encargó un trabajo y no le pagó

El fiscal de Taula indaga sobre facturas que vinculan a Lladró con Laterne y Turismo Valencia

Foto: EVA MÁÑEZ
18/09/2018 - 

VALÈNCIA. La familia Lladró ha irrumpido de rebote dentro del caso Taula, concretamente en la pieza del pitufeo, la que investiga la presunta financiación irregular del PPCV de Rita Barberá, así como el blanqueo de cerca de 50.000 euros. Según consta en un escrito del fiscal Anticorrupción, así como en una providencia a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, Anticorrupción solicita ampliar la información aportada por un informe de la Agencia Tributaria en el que se menciona a Rosa María Lladró Sala, y el juez así lo acuerda.

El informe se solicitó para saber qué tipo de actuaciones había realizado la Agencia Tributaria con respecto a Laterne Product Council (LPC). La AEAT contestó que sobre Laterne en sí no tenía nada, pero que en una inspección realizada a Rosa Lladró -hija de Juan Lladró- sí que aparecía la empresa LPC vinculada a unos pagos de 372.000 euros hechos a la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB) en un cruce de facturas anormal a ojos de los investigadores, pues en ese cruce de facturas aparece Lladró.

Rosa Lladró manifestó este lunes a Valencia Plaza que le sorprende mucho que aparezca su nombre en un informe. "Mi única relación con Laterne fue que el dueño, Vicente Sáez, me contrató para hacer un trabajo. Sin embargo, jamás me pagó ese trabajo. Yo pagué a las personas que subcontraté, pero él a mí no. Nunca ha tenido ninguna relación laboral con Turismo Valencia. Estaré encantada de explicar esto donde sea, porque la que no cobró fui yo", explicó.

El informe

Con respecto al informe, la respuesta de la AEAT resultó extraña a la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó una ampliación al juez pidiendo que "de manera detallada se amplíe la información relativa a las actuaciones inspectoras llevadas a cabo con Rosa Lladró, y que motivaron una actuación de obtención de información respecto a la entidad Turismo Valencia respecto al abono de 372.000 euros por parte de dicha entidad a Laterne Product Council".

El representante del Ministerio Público solicita también que la AEAT informe "de la manera más amplia posible, de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo al manifestar el escrito que, en dicha inspección, se llevaron a cabo actuaciones de obtención de información dirigidas a otras entidades que habían mantenido relaciones con Laterne".

En respuesta, el magistrado ordena a la AEAT que diga "las razones que motivaron la actuación de obtención de información respecto al abono de 372.000 euros por parte de la entidad Fundación Turismo Valencia Convention Bureau a Laterne Product Council", así como las razones por las que, en el curso de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo con Rosa Lladró "se efectuaron requerimientos de información dirigidas a otras entidades que habían mantenido relaciones económicas con Laterne". Es decir, avala totalmente la petición del fiscal del caso.

Información sobre SAV

En el mismo escrito, el juez también le pide Información ampliatoria relativa al requerimiento por parte de la AEAT de un expediente del año 2012 sobre los pagos realizados por la entidad Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), una de las que presta el servicio de recogida de basura en València, a la entidad Laterne, por importe de 150.000 euros, interesando que se informe de la manera más amplia posible respecto al resultado y alcance de dicho requerimiento y si se efectuaron comprobaciones respecto a los trabajos o servicios reflejados en dichas facturas; o en su caso, la razón por la que no se llevó a cabo dicha comprobación.

Por otro lado, el magistrado también accedió este lunes a parte de la petición de la acusación popular sobre la práctica de más diligencias de investigación, casi todas ellas son relacionadas con la facturación de Trasgos, otra de las empresas que supuestamente sustituyó a LPC como puente entre el dinero B y la presunta financiación irregular del PP de Rita Barberá en los años 2010 y 2011. 

Explica el juez que procede, en consecuencia, acceder a la remisión de parte de los oficios interesados, pero debe limitarse cronológicamente a los ejercicios 2010 y 2011, aunque es procedente también extender esa información a "aquélla facturación expedida por el grupo Trasgos también a entidades públicas o de presunta participación municipal, y en concreto al Ayuntamiento de Valencia, Fundación de la Policía Local de Valencia, Feria Valencia, y Entidad Pública de Saneamiento de Aguas; se considera que el análisis de las operaciones con el Partido Popular pudieran ser también significativas".

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