El fiscal pide aumentar las penas a los directivos de Unión Naval de Valencia

VALÈNCIA. La última jornada del juicio contra el ex director de recursos humanos de Unión Naval de Valencia, Francisco Tirado, y los exdirectores de la empresa, Alicia Martín y Luis Antonio Martín, les ha deparado una desagradable sorpresa. El representante del Ministerio Público pasa de pedir seis años de cárcel a cada una por un presunto delito de falsedad documental en concurso con otro de fraude de subvenciones públicas a, a calificar las acciones como de un delito continuado lo que supondrá varios meses más de condena, sobre los seis años que solicitaba.

Como ya informó Valencia Plaza el primer día de juicio, se acusa a los ex directivos de haber cobrado 350.000 euros en subvenciones europeas para cursos de formación de los trabajadores que, en realidad, según la Fiscalía se utilizaron para pagar gastos corrientes de la empresa como por ejemplo montar andamios.

Durante su argumentación, el fiscal ha recordado “que no existe ninguna factura que justifique que se realizaran los cursos por los que cobró la empresa”. Según su relato, cuando se realizó el registro, aparecieron cientos de facturas de gasto corriente que coincidían a la perfección con el dinero recibido desde Europa, por lo que el Ministerio Público sustenta en ello su acusación. 

De hecho, las únicas facturas de formación que existen son las que facturó una profesora de idiomas que fue contratada para enseñar inglés y francés a los directivos de Unión Naval. El fiscal ha explicado que la versión aportada por los investigados y sus defensas sobre las horas que según ellos hicieron los trabajadores de la empresa en cursos de formación son, a su juicio, del todo inverosímiles ya que “supondría que los empleados estuvieron recibiendo los cursos cinco días a la semana durante siete horas y media cada día, lo que es imposible”.

Las defensas

 Las defensas piden la libre absolución de sus clientes, pero afirman que como mucho, lo que habría es “una posible sanción administrativa”, pero en ningún caso una sentencia que acarree penas de prisión. De hecho, uno de los letrados ha llegado a afirmar que no tiene sentido que un grupo empresarial que facturaba 500 millones de euros al año defraudara una cantidad tan pequeña como son 350.000 euros.

 Ahora deberá ser la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia la que decida si cree la versión de las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado, o bien la aportada por las defensas. En el caso de ser condenados, se supone que los imputados deberá pagar una multa millonaria de seis veces el valor de lo defraudado, pero en caso de no poder hacer frente al pago, el fiscal solicita que Unión Naval de Valencia se haga cargo del pago como responsable civil subsidiaria.