Eduardo Zaplana. Foto: EFEVALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción rechaza que el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, cambie de juzgado. Aduce, entre otros motivos, que los delitos se cometieron en Valencia porque toda la operativa criminal se produce en el cap i casal.
A finales del pasado mes de abril, el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana solicitó al Juzgado de Instrucción número 8 de València que remita el caso Erial a la Audiencia Nacional, al entender que los presuntos delitos se cometieron en el extranjero, fuera del partido judicial de Valencia, con lo que habría perdido la competencia para investigarlos.
La Fiscalía Anticorrupción ha informado en contra de dicho propósito porque asegura que los presuntos amaños de las adjudicaciones de concursos públicos y licitaciones se producen en València mientras Zaplana era presidente de la Generalitat, y que fueron esos amaños los que motivaron los sobornos que se investigan y que también se gestaron en València.
Anticorrupción también recuerda en su escrito que las sociedades creadas para canalizar dichos sobornos tenían sus sedes sociales en la Comunitat Valenciana. Sociedades como Proyectos Eólicos Valencianos con sede en una localidad de Castellón o Levantina de Obras. Las dos sociedades instrumentales, Imison e Impega, se crearon también en València.
Y la transmisión de las participaciones, una forma de pago de soborno, según la investigación, se realizó en un notario de un pueblo pegado a la capital. Añade el fiscal que, el pago del soborno se produce en España a una de las empresas instrumentales desde el grupo Sedesa, de los hermanos Cotino.
Anticorrupción expone que la defensa del expresidente hace una interpretación de la investigación sesgada para que ésta termine en la Audiencia Nacional, obviando que todo sucede en València, que las personas que comenten el presunto hecho delictivo son de València, y que el retorno del dinero se realiza a través de empresas españolas. Para el fiscal, la Audiencia Nacional no es competente, pues no se investigan delitos que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuya a las competencias de este juzgado.
Además, añade el fiscal que no pueden pedir el cambio de órgano instructor por falta de competencia porque no es el momento procesal oportuno. Explica que los imputados solo pueden solicitar ese cambio en un plazo de tres días dentro de la fase de calificación, a la cual no se ha llegado todavía porque siguen en instrucción.
En su escrito al juzgado, el letrado del expresidente decía que, ahora, la competencia para investigar los hechos habría cambiado puesto que, tal y como mantiene la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, la actividad supuestamente ilícita se habría registrado en el extranjero, más concretamente en Luxemburgo, Suiza o Andorra, lugares en los que se produjeron pagos y sobornos, según los informes que obran en el procedimiento como resultado de las comisiones rogatorias.
Como ejemplo, en su escrito, el letrado de Zaplana, quien reiteraba que esta solicitud no significa de ninguna manera que asuman los hechos imputados, aludía a que la Guardia civil también se refiere a productos bancarios establecidos en el Principado de Andorra, a sociedades radicadas en Panamá, en Holanda, Dubai y a sociedades uruguayas "controladas todas ellas por Fernando Belhot --asesor financiero o fiduciario en Uruguay de Zaplana-- o personas con él relacionadas desde este último país".
Sin embargo, aunque el dinero se moviera por el extranjero, según la Fiscalía Anticorrupción, toda la operativa se produjo en España, más concretamente en la Comunitat Valenciana, lo que dejaría fuera a la Audiencia Nacional.
En el caso Erial se investiga el presunto amaño de la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat, y el posterior pago de comisiones, entre otros, a Eduardo Zaplana.
Entre los imputados se encuentran, además de Zaplana; el exconseller Juan Cotino, para quien pronto se archivará debido a su reciente fallecimiento; sus sobrinos José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y la mujer y una de las hijas de Zaplana.
Los investigados están acusados por diferentes delitos como prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
Juan Francisco García y los sobrinos del exdirector general de la Policía otorgan un papel protagonista en la operación al que también fuera conseller de la Generalitat; Olivas dice que cobró por mediar en una operación de venta, pero no por manipular la concesión de los parques eólicos
