MADRID, (EP). España ha cumplido con suficiencia el objetivo de déficit del 4,6% del PIB pactado con Bruselas para 2016 y es factible que logre cumplir también la meta del 3,1% prevista para este año sin necesidad de ajustes adicionales en caso de materializarse el aumento de recaudación previsto por el Gobierno gracias a las medidas planteadas para 2017, aunque la institución echa en falta una estrategia "creíble" de consolidación fiscal a medio plazo para lo que recomienda subir el IVA, así como los impuestos indirectos y medioambientales, además de acometer una reforma de la financiación autonómica.
Los últimos pronósticos para España de la institución dirigida por Christine Lagarde, recogidos en el informe anual del FMI sobre la economía española, prevén que el déficit del país cierre 2016 en el 4,5%, una décima menos que el objetivo pactado con Bruselas, mientras que en 2017 alcanzará el 3,2%, frente a la meta del 3,1%, algo que la jefa de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, atribuye en gran medida al pronóstico de crecimiento ligeramente menos optimista de la institución (2,3%) que el del Gobierno (+2,5%).
Sin embargo, en su informe, el FMI reconoce que "si se materializa parte del impacto previsto sobre los ingresos (0,2% del PIB) el objetivo de déficit para 2017 está al alcance" y destaca que, a pesar de no haberse acordado aún un presupuesto para 2017, las medidas de ajuste planteadas representan un paso importante para reducir el déficit estructural y la deuda pública.
De este modo, Andrea Schaechter ha indicado en rueda de prensa que la previsión del Fondo es que "el objetivo de déficit está al alcance", por lo que ha subrayado que la institución "no está recomendando medidas adicionales para subir la recaudación o el IVA en 2017", apuntando que las recomendaciones en este sentido se concentran "en el medio plazo".
"Aún no ha aparecido una senda creíble de consolidación a medio plazo", apunta el FMI, que estima un déficit estructural del 2,25% del PIB a medio plazo, frente al 1,25% del PIB previsto para 2019 por el Gobierno, señalando la ausencia de "medidas específicas".
Asimismo, la institución subraya los riesgos para el cumplimiento de los objetivos de déficit relacionados con las comunidades autónomas como consecuencia del "pobre historial de cumplimiento" y la débil disciplina de mercado relacionada con el apoyo a través de mecanismos regionales de liquidez.
Por otro lado, la institución señala el "limitado" margen fiscal de España y la persistencia de vulnerabilidades fiscales que requieren un ajuste gradual, bien especificado y continuado.
"Volver a una consolidación gradual, pero sostenida colocaría a la deuda en una firme tendencia a la baja", señala la institución, calculando que un ajuste anual del balance primario estructural del 0,5% del PIB más allá de 2017 y un multiplicador del 0,6, rebajaría la ratio de deuda en cuatro puntos porcentuales para 2021, frente al escenario base del FMI.
"Este ritmo de ajuste encontraría un equilibrio adecuado entre preservar el crecimiento y garantizar la sostebilidad de la deuda a la vez que reduce de forma simultánea el nexo entre la banca y el soberano, siendo consistente con las últimas recomendaciones de la Comisión Europea y con alcanzar un presupuesto estructural equilibrado en cinco años", añade la institución.
En su análisis de la economía española, el FMI recomienda que la mayor parte del ajuste a medio plazo proceda de mayores ingresos a la vez que contribuya a generar espacio para apoyar más inclusividad y la creación de empleo.
En este sentido, la entidad considera que, a pesar de existir aún cierto margen para restringir y racionalizar el gasto, la ratio de gasto público primario en relación al PIB "ya es relativamente baja en comparación con sus homólogos de la UE".
De este modo, el FMI apuesta por priorizar las medidas de aumento de la recaudación con menos efecto distorsionador, señalando en primer lugar el déficit de tres puntos porcentuales de España en la recaudación por IVA respecto a la media de la UE, lo que se explica en gran parte por las excepciones y los efectos acogidos a un tratamiento preferencial.
Reducir esta brecha en la recaudación del IVA permitiría a España elevar sus ingresos más de un 2% del PIB, unos 20.000 millones de euros, algo que podría lograrse subiendo de forma gradual los tipos inferiores del IVA en línea con las necesidades de consolidación a medio plazo, según el FMI.
Asimismo, la institución hace hincapié en la importancia de abordar las ineficiencias del sistema fiscal, donde aún considera que existen un gran número de deducciones, exenciones e incentivos fiscales, que reducen la base fiscal y la recaudación incluso con mayores tipos marginales. Solucionar estas ineficiencias en línea con las recomendaciones del comité de expertos designado por el Gobierno en 2014 permitiría elevar los ingresos entre un 0,25% y un 0,50% del PIB.
Por otro lado, el FMI calcula que subir los impuestos indirectos y medioambientales de forma que se armonizasen con la media europea podría elevar entre un 0,25% y un 0,50% del PIB la recaudación.
En cuanto a la racionalización del gasto, el FMI considera que analizar las necesidades en áreas como la educación y la sanidad debe ser una prioridad, apuntando que la introducción de copagos para los servicios públicos salud, con excepciones o salvaguardas para los más vulnerables, podría contribuir a la reducción de los costes fiscales.
Asimismo, la institución apunta que una mejor orientación de los subsidios a la contratación, así como la racionalización de varios incentivos a la contratación, que rebajaran la "cuña fiscal" para los trabajadores más jóvenes y de menores ingresos, proporcionaría un respaldo más eficaz a la generación de empleo para aquellos con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.
Por otro lado, el informe del FMI sostiene que el marco de financiación de las comunidades autónomas continuará representando un riesgo para el cumplimiento de los objetivos de déficit del país en ausencia de "reformas audaces".
En este sentido, el Fondo considera que a corto plazo la prioridad debe ser aplicar el actual marco normativo y fortalecer las instituciones de supervisión, así como los procedimientos y la condicionalidad bajo los mecanismos de liquidez regional.
Sin embargo, el FMI advierte de que el cumplimiento de las reglas planteadas será difícil si el marco de gobernanza no se equipara con un sistema de financiación que mejore la capacidad de las regiones e incentive la disciplina fiscal.
De este modo, la institución plantea la necesidad de acometer reformas que aumenten la transparencia y eficacia, así como para mejorar la capacidad de recaudación de las regiones y elevar la rendición de cuentas, además de mejorar el sistema intergubernamental de liquidación de transferencias reduciendo las discrepancias de volumen y los plazos entre pagos anticipados y derechos legales.
Asimismo, el FMI propone eliminar gradualmente el uso de mecanismos regionales de liquidez para fines no relacionados con emergencias y considerar la introducción de fondos de reserva para aumentar la resiliencia fiscal en épocas de normalidad.
A este respecto, las autoridades españolas consultadas por los miembros de la misión del FMI mostraron su acuerdo en la necesidad de llevar a cabo "reformas fundamentales" de la financiación regional, aunque señalaron que "la complejidad de estas cuestiones" harían necesario un fuerte compromiso político.
