Los presidentes de las patronales provinciales, junto al de Cierval. José Vicente GonzálezVALÈNCIA. La herencia envenenada de la extinta patronal autonómica Cierval puede resultar más pesada de lo previsto. El pasado jueves quedó visto para sentencia el juicio por la demanda que cuatro exempleadas de esta organización presentaron por despido nulo e improcedente. Aunque la demanda se presentó contra la Cierval y sus tres entidades fundadoras –la valenciana CEV, la castellonense CEC y la alicantina Coepa– finalmente será la CEV la que tendrá que cargar con una posible sentencia en contra por ser la única de todas que no ha quebrado.
Tal y como publicó este periódico, la entrada en el procedimiento del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para apoyar la demanda de las empleadas ha reducido las opciones de la organización empresarial de lograr el sobreseimiento, lo que puede suponerle un quebranto económico en torno a 250.000 euros en indemnizaciones a las demandantes, que fueron incluidas en un ERE de extinción en el que no percibieron indemnización y se les dejó a deber parte de la última nómina.
La Inspección de Trabajo, a instancias del Fogasa, ha emitido un informe en el que se apunta a la responsabilidad solidaria que existiría entre las tres patronales provinciales y la autonómica fundada por ellas. A la luz de este informe, incorporado a la demanda, el Fogasa estima que existe base para "considerar que existe grupo de empresas a efectos laborales con derivación de responsabilidad solidaria entre todas las empresas integrantes del grupo".
En la vista celebrada el pasado jueves en el juzgado de lo Social 2 de València, el abogado del Fogasa consideró "acreditada" la existencia de un grupo empresarial en la propia documentación que presentó la patronal que presidía José Vicente González para justificar su insolvencia. Otra cuestión que acredita esa circunstancia, a su juicio, sería la aceptación de una quita del 95% en la deuda de la CEC con Cierval. "¿Quien la aceptaría si no hubiera relación de empresa?", se preguntó el letrado.
De estimarse la existencia del grupo de empresas en la sentencia, que se espera que pueda dictarse en alrededor de un mes, el perjuicio económico para la CEV puede ser mucho mayor que los 250.000 euros en indemnizaciones previstas de la Cierval, ya que podría verse obligada a cargar también con los 'pufos' de la CEC, en concurso de acreedores, y Coepa, ya desaparecida.
"Está claro que Cierval recibía las subvenciones, las repartía y que luego cargaba con ellas cuando las provinciales no podían responder", abundó el letrado del Fogasa, quien recordó que la quiebra de la CEC, en concurso de acreedores y sin ningún trabajador desde febrero, y la de Coepa han generado un perjuicio económico al fondo público superior a los 700.000 euros.
En concreto, dijo que el Fogasa ha abonado 274.000 euros por el concurso de la CEC y 462.000 euros por el concurso de la antigua patronal de Alicante.
Aunque no lo reclama expresamente en este procedimiento, el Fogasa podría pedir a la CEV el reembolso de esas cantidades que tuvo que pagar por la caída de las patronales de las otras dos provincias. En sus conclusiones en el juicio del pasado jueves, el letrado del fondo público insistió en que existía una "dirección única" entre las organizaciones y destacó que la CEV "continúa actualmente con la actuación de Cierval".
En la misma línea, el principal argumento al que se agarran las demandantes es la obligación que tendría la CEV de responder solidariamente por constituir un grupo de empresas junto a las otras dos organizaciones provinciales y la Cierval.
Para el letrado Joaquín Alcoy, debido a esa condición de grupo empresarial existía una confusión patrimonial y de dirección entre Cierval y la CEV, a la que se le reclama que asuma el quebranto por ser la que ha tomado el relevo de Cierval como patronal de ámbito autonómico.
Para razonarlo, durante la vista destacó que a los órganos de participación institucional acudían trabajadores de la CEV en representación de Cierval y aseguró que no hay más que acudir a los estatutos de la anterior patronal autonómica para certificar que sus órganos de gobierno estaban integrados y eran elegidos por las provinciales. "Que se nos venga a decir ahora que no han tenido ninguna influencia en la decisión de Cierval de presentar el recurso es sonrojarte", manifestó el abogado.
También recordó que en la memoria del concurso de Cierval está recogido que la deuda con la Generalitat por los expedientes de reintegro de subvenciones asciende a 1,8 millones de euros y opinó que fue la "ruina" de la patronal autonómica la que llevó a sus órganos de gobierno a decidir extinguir la Cierval "en beneficio de la CEV".
"Tumbamos una y dejamos la otra... Pocos ejemplos más claros se pueden encontrar de grupo empresarial. Es evidente que se ha producido sucesión empresarial de Cierval en la CEV", concretó el abogado.
Por su parte, el abogado de la CEV, rebatió que la sucesión de empresa y la existencia del grupo de empresa no se plantearon por parte de las demandantes en la fase de consultas del ERE de extinción en el que fueron incluidas y consideró que el procedimiento es "inadecuado" porque las cuatro demandantes "nunca han trabajado para la CEV, sino para Cierval".
La CEV asegura que la demanda del Fogasa se basa en "medias verdades"
"No hay confusión de caja ni de plantilla", insistió el letrado, quien aseguró que el informe de la Inspección de Trabajo aportado por el Fogasa adolece de "desconocimiento" y dijo que el fondo basa su demanda en "medias verdades".
Durante la vista, la CEV aportó dos informes periciales para sustentar su postura: un informe del auditor de cuentas José María Ros Ramón (Capital y Gestión) y otro del secretario interventor y funcionario José Luis Serrano. Ambos comparecieron para ratificar ante el juez el contenido de sus respectivos informes.
Respecto al primero, a preguntas del abogado de la CEV, el perito defendió que existía caja única ni confusión de patrimonio entre CEV y Cierval. "Si existiera grupo de empresa, el auditor lo tendría que recoger en las cuentas", destacó el experto. En cuanto al segundo, destacó que por la gestión de las ayudas públicas "no se puede concluir confusión patrimonial porque cada organización es responsable de la gestión de la subvención y justificación de la misma".
