El frente antiplurilingüismo recurre al 'crowdfunding' para interponer denuncias

VALENCIA. Idiomas y Educación nace en octubre de 2016, fruto de la iniciativa de un grupo de padres de Alicante, muy en desacuerdo con el entonces incipiente decreto de plurilingüismo. En la actualidad integra a más de 500 padres del territorio autonómico. Con la norma ya aprobada, sus miembros han lanzado un proyecto de crowdfunding cuya finalidad es recaudar fondos para presentar una denuncia que impugne la norma. Y a la vista de los resultados -han superado los 1.000 euros en dos días- la estrategia no es descabellada.

“Puedes ayudarnos con una pequeña aportación para interponer un recurso contencioso-administrativo con un prestigioso despacho de abogados, que será determinante para derrocar un decreto que restringe derechos básicos y atenta contra la libertad de elección y contra las necesidades idiomáticas del siglo XXI”, reza el encabezamiento de su web.

A continuación redirige a la plataforma Lanzanos, específica de crowdfunding, donde en el plazo de solamente una semana se han recaudado el 14% de los fondos. Esto es, ha habido 43 apoyos, que han ingresado un total de 1.100 euros, de los 7.400 que aspiran a conseguir. Además se han implantado diferentes modalidades de contribución, que van desde los 10 a los 200 euros, aclarando que se trata de “una donación altruista cuya recompensa será el propio éxito en el recurso”. Todavía quedan 45 días para que finalice la acción.

Fuentes de la asociación explican que ya han acudido al bufete de abogados, desde donde les han preparado el desglose de gastos, y en base al mismo han realizado una estimación para la colecta. “Puede contribuir cualquiera, no solamente los miembros de la asociación, y de hecho todavía no lo hemos movido internamente”, aclaran. Valoran la buena acogida de la primera semana, al tiempo que confían en lograr los fondos para la denuncia final.

La medida va en la línea de otras anteriores, como los escritos al Defensor del Pueblo o al Síndic de Greuges. Cuando se abrió el periodo de alegaciones de la norma, la organización alicantina también colgó en su web formularios modelo para que los padres pudieran descargarlos y presentarlos a título personal. Entre sus ideas más recientes se encuentra la encuesta Cole, que incluye recomendaciones para que las Ampas puedan trasladar sus opiniones a los responsables de los Programas Lingüísticos de los centros.

En un momento en el que los centros ya están votando el modelo de lenguas que desean implantar en el colegio de sus hijos, a fin de presentar los proyectos ante la Conselleria, la asociación Idiomas y Educación habla de “manipulación para que la estadística vaya a niveles más altos a los que corresponde”. “Hemos notado una presión por parte de Inspección para llegar a implantar la mayor presencia del valenciano, pese a que no se corresponde con la realidad de ciertas partes del territorio”, denuncian. Y de ahí su campaña.

Contenciosos en cascada

En una línea similar a la agrupación alicantina, se encuentra la Asociación en Defensa del Castellano, también nacida en 2016, pero en este caso en Valencia. Su aparición fue coincidente con las primeras informaciones sobre la eliminación de las exenciones del castellano. “Hicimos alegaciones porque pensamos que seríamos escuchados, pero nos hemos dado cuenta de que no”, explican sus portavoces. Es por ello que ahora están decididos a interponer una denuncia, pero todavía estudian cómo van a financiarla. No les parece una mala idea el crowdfunding: “Cada cual tiene su fórmula, y no lo descartamos".

“En las zonas castellanoparlantes existe la sensación de que el plurilingüismo se nos está imponiendo”, manifiestan los portavoces, que rechazan frontalmente el contenido del decreto. “Es que se habla hasta de cómo se va a vigilar el valenciano en el patio del colegio, pero nada del inglés y del castellano. No se nos ha consultado en absoluto a las Ampas ni a los propios colegios”, aseguran. También critican que sea obligatorio el voto para elegir modelo lingüístico, sin poder optar por la abstención, por lo que exigen una revisión.

Ambos casos aportan argumento similares a los del PPCV, que ya ha presentado su propio recurso ante los tribunales. La portavoz de Educación del partido en Les Corts, Beatriz Gascó, anunció a principios de febrero la interposición de un recurso ante los tribunales por lo que denominó “una norma de chantaje lingüístico”. De hecho, el argumento fundamental del partido es “el exceso de catalanismo” que destila el texto.

A todo ello se suma una petición en la plataforma de acción ciudadana Change.org, que ha logrado aglutinar hasta 6.900 firmas, a falta de 600 para llegar a su objetivo. “Por el derecho a elegir idiomas en educación y por el futuro de nuestros hijos. NO a la discriminación del castellano e inglés”, reza el encabezado. Ha sido iniciada por Idiomas y Educación.