Concentración para pedir la gratuidad de la Ap-7. Foto: Compromís"La autopista nunca será gratuita". Esta frase la pronunció hará 25 años José Luis Cerón Ayuso, diplomático, exministro de Comercio en los últimos meses del gobierno franquista y presidente de Autopistas del Mare Nostrum (Aumar) entre 1984 y 1997. Lo dijo, y uno se guardó la cita para cuando llegara el momento, en una de las juntas generales de accionistas de Aumar, que era uno de los acontecimientos financieros del año en la València de los años noventa, cuando aún no se había prorrogado la concesión de la AP-7. Y lo repitió en las siguientes juntas cada vez que le preguntaban por el final del contrato, fijado entonces para 2006.
Se suele echar la culpa de que todavía soportemos el peaje de la autopista del Mediterráneo a Aznar por firmar –y a Zaplana por darle el visto bueno– la prolongación de la concesión 13 años, hasta el 31 de diciembre de 2019. Y es verdad, pero ese acuerdo se venía cocinando desde que el ministro de Obras Publicas socialista José Borrell propuso a las concesionarias negociar una rebaja de peajes a cambio de alargar el período de concesión 15 años, como había hecho con la A-1 gestionada por Europistas.
Y no fue la primera prolongación. La concesión original se dio hasta 1998 en el tramo Tarragona-València y hasta 1999 el València-Alicante, pero en 1981 el Gobierno de Calvo-Sotelo (UCD) la amplió hasta 2004 y, en 1986, el de Felipe González (PSOE) le dio a Aumar dos años más, sin que sepamos a cambio de qué porque el argumento fue la fusión de Aumar con Bética, concesionaria de la autopista Sevilla-Cádiz, cuyo período concesional se alargó ocho años. Los andaluces tampoco entienden por qué la fusión de esas dos sociedades incluyó el regalo de ampliar la concesión de todas sus autopistas hasta 2006.
"La autopista nunca será gratuita", decía Cerón poco antes de que su sucesor firmase la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo suficiente para que, por motivos biológicos, el exministro –que parecía sacado de una viñeta de Forges– no pudiera ver lo que ocurría después. Lo que ha ocurrido, ahora que nos aproximamos al día D, es que primero el ministro del PP Íñigo de la Serna y después su sucesor, el valenciano José Luis Ábalos, han prometido que no se prorrogará la concesión, los dos con la coletilla de que hay que abrir un período de reflexión sobre cómo gestionar las autopistas de peaje cuando acaben su período de concesión.
El principal argumento de Cerón era que ninguna autopista en Europa se había convertido en gratuita al término de su concesión, y no por casualidad. Uno nunca se entretuvo en comprobar si dicha afirmación era cierta, pero tampoco había por qué dudar de ella. Tenía el que fue presidente de Aumar otros argumentos, interesados pero interesantes, que conviene tener en cuenta para el período de reflexión que vamos a tener en los próximos 17 meses.
Decía Cerón muy en serio que los valencianos teníamos "suerte" de disfrutar de una autopista de peaje. Respondía así, con una provocación, a los agraviados por la construcción, iniciada pocos años antes, de autovías libres de peaje por toda España, empezando por las de acceso a Madrid. "Mejor tener una autopista de peaje que no tener autopista" –argumentaba–, como les pasó durante más de 20 años a la mayoría de los españoles mientras Cataluña y Comunitat Valenciana, su turismo, su industria y su agricultura, se beneficiaban de la conexión de vía rápida con (el resto de) Europa, aunque fuera pagando. Lo cierto es que las primeras autovías no fueron más que desdoblamientos de carreteras nacionales, muy inferiores en prestaciones a las autopistas de pago. En una segunda fase, ya en el siglo XXI, se construyeron autovías con nuevo y mejor trazado, algunas paralelas a las autopistas.
Aquí cabe una primera reflexión: quien piense que la AP-7 gratis va a ser igual de cómoda que siendo de pago está muy equivocado. El tráfico será mucho mayor con la incorporación del de corta distancia, el desgaste del firme aumentará al llenarse de camiones y el mantenimiento será peor porque compartirá presupuesto con decenas de miles de kilómetros de carreteras. El viaje será más incómodo para residentes y turistas, sobre todo si Ábalos accede a construir los siete nuevos enlaces que le ha pedido la Generalitat.
Los hoteleros de Benidorm lo han visto claro y han pedido un peaje blando, al menos al norte de la provincia de Alicante, donde los residentes no cuentan con una vía alternativa de gran capacidad. Una opción sería poner un peaje moderado en la temporada estival, que lograría una alta recaudación gracias a los turistas, y uno muy bajo –o ninguno– en invierno.
El peaje blando es la única alternativa a la liberalización total que podrían plantearse las autoridades. Era la propuesta de Cerón y tiene dos ventajas: evita la saturación de tráfico de la autopista y se obtienen ingresos para su mantenimiento a través de una empresa pública. Tiene también dos problemas: es injusta para los residentes –en este caso los valencianos– si no se implanta en todas las autovías y las autopistas liberalizadas del Estado y, sobre todo, es impopular. Y no estamos para ir perdiendo votos.
