El General de València rebaja las facturas sin expediente de contratación hasta los 96,3 millones

VALÈNCIA. El Hospital General de Valencia gastó en 2023 96,3 millones de euros sin tramitar el correspondiente expediente de contratación, un 4% menos que el año anterior. Así lo recoge la auditoría operativa de la Intervención General sobre el consorcio, que realiza junto a Gesem Auditores y Consultores. A pesar de que, ejercicio tras ejercicio, el apartado de contratación se mantiene con una valoración desfavorable, la dirección del hospital ha conseguido reducir estas prácticas.

No obstante, todavía representa un 48% del total de presupuesto ejecutado en bienes y servicios, que asciende a 200,2 millones. Por lo tanto, prácticamente la mitad del total ejecutado infringe los principios de contratación pública establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), lo que genera preocupación a la Intervención General sobre la legalidad y transparencia en la gestión.

Asimismo, se ha detectado la posible existencia de fraccionamientos en algunos contratos menores, donde se observa una coincidencia en el objeto y el adjudicatario, con importes que superan el límite permitido para este tipo de contratos. El informe también señala que se ha recurrido al procedimiento de emergencia más de lo que debería ser necesario, en contra de la normativa que regula su uso excepcional. Los contratos relacionados con el suministro y mantenimiento de módulos hospitalarios, entre otros, se tramitaron mediante este procedimiento, cuando una planificación adecuada podría haber evitado su uso, según se apunta.

Otro aspecto crítico del informe es la falta de firma de la declaración de ausencia de conflictos de interés por parte de todos los participantes en los procedimientos de contratación. Este trámite permite prevenir fraudes y conflictos de interés, pero en algunos casos se realizó antes de conocer la identidad de las empresas licitadoras, lo que merma su eficacia. También se apunta al incumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores, que afecta al 43,42% de los contratos analizados. 

Entre las salvedades, el informe que acompaña a las cuentas de 2023 recuerda que el consorcio no dispone de un departamento de control interno para el área de tesorería que le permita a la entidad la gestión eficaz y eficiente de sus recursos monetarios mediante el diseño de unos procedimientos de tesorería. Además, recuerda nuevamente que la entidad no dispone de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos ni de relación de puestos de trabajo informada favorablemente por la Dirección General de Sector Público.