El gobierno áfono

La información es poder, ergo la desinformación es subordinación.

Tener información permite tomar decisiones libres en un marco de condición de igualdades, carecer de ella, impide hacerlo. Es así de simple.

Este martes, el digital El Independiente informaba de la actualización de los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). De acuerdo con esta fuente, de enero a junio, el CTBG dictó 218 resoluciones contra la Administración General del Estado, una media de 1,2 al día. El motivo más frecuente: el silencio negativo. El Gobierno de Pedro Sánchez  ha dado “la callada por respuesta” en un 66% de ocasiones más que el año anterior.  

Sanidad, Interior y Presidencia son los ministerios más “muditos”: han liderado el ranking de opacidad con diferencia. Pero no son los únicos herméticos.

Como recordatorio, entre otras cuestiones que compila este periódico, a los ciudadanos se nos ha negado conocer:

• a) la identidad de los componentes del famoso “comité de expertos”;
• b) los criterios de reparto de las vacunas contra la covid-19;
• c) el dinero perdido por la compra de mascarillas defectuosas;
• d) los estudios con los fundamentos para confinar a nuestros niños durante el estado de alarma;
• e) las actas de las Comisiones de Salud donde se tomaron decisiones fundamentales para nuestras vidas; o
• f) los umbrales para evaluar la situación de coronavirus en cada comunidad autónoma.

Tampoco sabemos nada sobre:

• a) las alertas y comunicaciones al presidente del Gobierno del Centro Europeo de Control de Enfermedades y la OMS sobre el coronavirus;
• b) el coste de ‘Este virus lo paramos todos’ y ‘España puede’, que hemos pagado a escote;
• c) los gastos de cáterin en Moncloa (con o sin chuletón); o
• d) el número de viajes realizados por Pedro Sánchez en Falcon (incluso los hechos para promulgar la necesidad de la eficiencia energética).

Podría seguir enumerando.

Para más inri, el Gobierno no sólo “ha hecho mutis”  en el portal de Transparencia.  Tampoco ha tenido a bien contestar a estas preguntas parlamentarias formuladas por los diputados del Congreso, que son los representantes de los ciudadanos.  Doy fe porque, mientras trabajé allí, hice muchas de ellas. Sigo esperando la respuesta.

La cuestión es grave. Muy grave. Gravísima.

Si hay una base esencial de la democracia, esa es la abolición de la opacidad en el ámbito de lo público. La “publicidad” (entendida como trasparencia pero también como difusión) es condición sine qua non se puede garantizar no sólo la justicia, sino también la libertad.

Vienen tiempos convulsos en los que, la información, además de “en poder”, se va a traducir “en dinero”.

En mucho dinero.

Los propagandistas “del progreso” se han afanado en proclamar que a España le van a caer una lluvia de millones de los fondos europeos.  Sin embargo, continúan sin comunicar claramente ni a la opinión pública ni a las empresas ni, incluso a las Comunidades Autónomas,  el detalle de los planes.

No han creado un Portal Web decente que compile la información ni han hecho la ventanilla única como Europa nos viene exigiendo en sus reglamentos desde hace años.

Claro, ¿cómo van a hacer excesos a futuro si son incapaces de facilitar ni una respuesta a cuestiones sencillas del pasado?

Kant apuntaba que "Las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas, si su máxima no admite publicidad".

El secretismo sólo es propio de regímenes totalitarios y corruptos. Un gobierno que no da información es un gobierno que tiene algo que ocultar.

Me preocupa mucho tener un Gobierno áfono.

A saber lo que está pasando.