Miembros de la AJV, este martes en La Moncloa. Foto: AJVVALÈNCIA. El Gobierno se muestra favorable a respaldar la reforma constitucional para recuperar el autogobierno perdido por las tres sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016 en materia de Derecho Civil Valenciano. Es la conclusión de la Associació de Juristes Valencians (AJV) tras la reunión que mantuvo este martes en La Moncloa con la directora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez Bueso.
La AJV valoró "positivamente" la reunión, aunque recordó que el Gobierno no respaldará propuestas o iniciativas de reforma constitucional con las que no haya un acuerdo previo con el Partido Popular, necesario aritméticamente, dada la exigencia del artículo 167 de la Constitución de que tenga el apoyo de las tres quintas partes del Congreso.
Según la asociación, "el Gobierno, conocedor de las mayorías parlamentarias exigidas para reformar la Constitución, se compromete a buscar el consenso con el Partido Popular, como lo tuvo en la Comunitat Valenciana, para realizar la tramitación conjunta con el artículo 49". Para la reforma de este artículo existe un proyecto promovido por el Gobierno que plantea eliminar el término "disminuido" y reemplazarlo por "personas con discapacidad", terminología asentada en los convenios internacionales. La idea de la AJV, aceptada por el Gobierno, es que se tramiten conjuntamente las dos reformas, para lo que Compromís ya ha presentado una enmienda al proyecto del Ejecutivo.
En apoyo a la posición de Juristes Valencians asistieron a la reunión Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, "firme defensor de la propuesta aprobada por Les Corts Valencianes que incorpora un nuevo párrafo a la Disposición Adicional Segunda de la Constitución". Sala lamentó que "incomprensiblemente" esté paralizada en el Congreso casi dos años.
José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, denunció el aplazamiento de las reivindicaciones valencianas y "la pérdida de autogobierno que padecemos desde hace más de cinco años". Además recordó el compromiso del PSPV recogido en el Pacte del Botànic de recuperar la competencia legislativa en materia civil, firmado junto con Compromís y Unides Podem, y el respaldo de centenares de concejales socialistas de los ayuntamientos valencianos".
El Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Alicante Javier Barceló destacó la necesidad de disponer de un derecho civil moderno en los ámbitos de derecho de familia y sucesiones, como lo tienen otros seis territorios en España por motivos históricos, "para resolver problemas actuales de los ciudadanos en el ámbito de las uniones de hecho o en el campo sucesorio de la empresa familiar, vital para la economía valenciana".
El abogado Luis Higuera remarcó que "con esta reforma se soluciona un agravio comparativo, porque actualmente no todas las autonomías que tenían derecho foral histórico pueden legislar en materia civil". En la opinión de Higuera "es la solución a la desigualdad no justificada entre autonomías".
Susi Boix, abogada y politóloga, puso en valor el "ejemplarizante consenso" casi unánime de les Corts Valencianes en la cuestión, así como el respaldo municipalista que suma un total de 540 municipios de todo el territorio valenciano, y de la sociedad civil, a través de las asociaciones que avalan la recuperación del Derecho Civil Valenciano, junto con los colegios profesionales y sindicatos mayoritarios.
