MADRID (EP). El Gobierno tiene decidido aprobar en un Consejo de Ministros de este mes el decreto ley que fijará el salario mínimo interprofesional (SMI) en 900 euros brutos al mes, todo con el fin de que esté en vigor desde el 1 de enero de 2019, sin esperar al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se presentará después.
Así lo ha confirmado en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conversación informal con los periodistas tras asistir al acto central por el cuadragésimo aniversario de la Carta Magna de 1978.
Montero ha explicado que, aunque los Presupuestos no completen su tramitación parlamentaria hasta mediados de año, la prometida subida de pensiones en función del IPC que incluyan podrá luego tener efecto retroactivo desde enero, pero no ocurre lo mismo con el salario mínimo.
Por ello, y con independencia de la tramitación de los Presupuestos Generales que se presenten en enero, el Gobierno ha preferido adelantar a diciembre esta medida concreta vía decreto ley, que es la norma que permite su aplicación inmediata, aunque luego deba convalidarse en el Congreso.
Esta subida, pactada con Unidos Podemos en el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019, supone una elevación del 22% del salario mínimo. Según estimaciones del propio Ejecutivo, más de 1.340.000 trabajadores se verían beneficiados por la subida.
Desde el Ministerio de Hacienda han confirmado además la intención del Gobierno de presentar el proyecto de Presupuestos de 2019 el próximo mes de enero, asumiendo que llevarán las cuentas sin tener aún cerrado los apoyos para garantizar su aprobación.
Así, han reconocido que probablemente conocerán si las cuentas superan su primer examen parlamentario, el debate de totalidad, el mismo día de la votación, y esperan que los grupos permitan su tramitación para poder negociar y decidir el futuro de los Presupuestos durante la fase de enmiendas.
La llegada al Congreso de los Presupuestos en enero implicaría previsiblemente habilitar el mes de enero para la actividad parlamentaria, una posibilidad ya tanteada en la Cámara Baja a la propia Comisión de Presupuestos.
El Reglamento del Congreso ya establece que el proyecto presupuestario tiene prioridad en la Cámara sobre cualquier iniciativa en tramitación, pero, en todo caso, la decisión de habilitar el mes de enero tendrá que adoptarla la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos cuentan con mayoría.
Paralelamente, la propia ministra tiene aún pendiente su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, después de que rechazara acudir a la sesión convocada para la misma el pasado 21 de noviembre, y proponer como fecha la tarde del próximo 20 de diciembre.
El presidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre, ha señalado que, ahora que el Gobierno ha confirmado su intención de presentar las cuentas, las explicaciones de la ministra están aún más justificadas.
De la Torre ha indicado que, pese a la propuesta de la ministra, cuyo escrito remitido a la Comisión debe ser calificado primero por la Mesa -al igual que el recurso de amparo presentado por el PP por su ausencia en la comisión de noviembre-, aún no hay acordada una fecha para esta comparecencia.