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sustituirá a una legislación vigente desde 1992

El Gobierno aprueba anteproyecto para la Ley de Industria que sitúe a España en "vanguardia del siglo XXI"

5/12/2022 - 

MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto para la nueva Ley de Industria, que sustituirá a una legislación vigente desde 1992 y con la que busca impulsar el proceso de reindustrialización del país y situarla "a la vanguardia del siglo XXI", indicó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

El pasado mes de abril, el Ejecutivo ya lanzó el proceso de consulta pública sobre esta nueva normativa para la industria, con el objetivo de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Maroto señaló que esta futura ley "es un compromiso del Gobierno" para dar respuesta a la urgente necesidad de potenciar la autonomía industrial del país y destacó que "refuerza el papel de la industria, fortalece la soberanía estratégica industrial y adopta nuevos instrumentos de política industrial necesarios mejorar su competitividad".

El objetivo es hacer de la industria "un sector líder en innovación, sostenibilidad y digitalización" y esta ley "involucra a administraciones públicas, agentes y fuerzas políticas ante la urgente necesidad de potenciar la industria en el país", añadió Maroto.

La titular de Industria añadió que el objetivo es "agilizar" los trámites todo lo posible para que esta nueva ley sea aprobada en segunda ronda "lo antes posible" y se pueda "complementar" con el Pacto por la Industria.

En concreto, esta nueva Ley de Industria busca blindar el empleo industrial, estableciendo que las empresas beneficiarias de ayudas públicas deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años, tres años en el caso de las pymes.

Ordenación de procesos de reindustralización

Igualmente, recoge un capítulo especial en la ordenación de los procesos de reindustrialización, en el que se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo.

Para ello, fija que se deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados y se dota a los diferentes actores implicados de un plazo para buscar una solución a través de una Mesa de Reindustrialización donde intervendrá la Administración General del Estado.

Asimismo, también aborda la promoción industrial, la mejora de la competitividad, la reindustrialización, la digitalización, la adaptación a la neutralidad climática, la autonomía estratégica industrial, el impulso de los ecosistemas industriales y los proyectos de interés general, la seguridad y calidad industrial y la gobernanza.

Además, la normativa busca favorecer la atracción de inversiones en sectores estratégicos y en sectores afectados por el reto demográfico a través promoción de un entorno favorable e impulsando proyectos tractores y de interés general.

Protección de la electrointensiva

Igualmente, incorpora medidas para la protección e impulso de la competitividad industrial y reconoce, por primera vez, la especial protección a la industria electrointensiva en energía e incorpora medidas de acompañamiento para favorecer su descarbonización.

Según indicó el Ministerio, se consideran dentro del ámbito de aplicación de la ley las industrias manufactureras y actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos.

También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.

La nueva ley también busca reforzar la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad.

Además, se elaborará la Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y el Plan Estatal de Impulso Industrial.

Por otra parte, la ley regula por primera vez los proyectos industriales de interés general como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.

También se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional.

Asimismo, se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación. La ley introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.

Definición de industrias estratégicas

Por otra parte, se define a las industrias estratégicas, ligando el catálogo de recursos y capacidades recogidas en la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi) con la declaración de proyectos de interés general.

También se recoge un apartado de seguridad industrial que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o del funcionamiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso, almacenamiento o desecho de los productos industriales.

De esta manera, las instalaciones, equipos y productos industriales, así como su utilización y funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos reglamentarios de seguridad. En caso de riesgo grave e inminente, la administración competente podrá acordar la paralización temporal, total o parcial, de la actividad o instalación causante del riesgo, requiriendo a los responsables para que corrijan las deficiencias o ajusten su funcionamiento a las normas reguladoras.

Además, se regula un Registro Integrado Industrial, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para integrar la información sobre la actividad industrial, y elaborar estadísticas a nivel nacional.

MULTAS DE 60.000 EUROS A 100 MILLONES

Por otra parte, la ley detalla un régimen de sanciones e infracciones, que van desde muy graves a graves o leves. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.

Las infracciones serán sancionadas desde leves, con multas de hasta 60.000 euros; a graves, con multas de hasta 6 millones de euros, y muy graves, con multas de hasta 100 millones de euros.

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